Prostitución no es trabajo informal, es explotación

Resulta inexplicable que un organismo del Estado nacional haya pretendido legalizar indirectamente el alquiler del propio cuerpo

Alentar la prostitución es incitar el tráfico de seres humanos. El proxenetismo y la explotación sexual son, claramente, violencia de género

La duración del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, fue efímera: apenas unas horas. Su fracaso no se debió a la falta de trabajadores en esa situación. Muy por el contrario. La enorme cantidad de inscriptos para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), dispuesto por el Gobierno en el contexto de la actual emergencia sanitaria para trabajadores de la economía informal y para monotributistas de las primeras categorías, dio cuenta del escaso inventario oficial que se tiene de ese sector.

El fracaso del registro se debió a las numerosas críticas que recibió por haber incorporado como una de las categorías de la economía popular a los trabajadores sexuales. Mientras en buena parte del mundo, como en nuestro país, no se ha cerrado el debate sobre si la prostitución es un trabajo o no lo es, el gobierno argentino intentaba legalizarla de manera indirecta, reconociéndola como un actividad informal en un registro oficial.

Tal como hemos sostenido siempre desde estas columnas, la prostitución no puede ser considerada un trabajo. Debería ser directamente prohibida, pues viola derechos humanos fundamentales y favorece la proliferación de redes criminales asociadas a la trata de personas, la pornografía infantil y el narcotráfico. Que para muchas personas que la ejercen su práctica se haya transformado en una forma de supervivencia no hace más que confirmar que, de haber tenido la libertad de elegir, no hubieran optado por ella.

Habrá quien decida prostituirse por propia decisión, pero no es la realidad de la mayoría de las personas que ponen su cuerpo en alquiler, degradándose, para ser explotadas en beneficio de terceros.

Precisamente, nuestro Código Penal y la ley sobre trata consideran delito la explotación sexual. ¿Cómo explicar entonces que un organismo oficial pretenda registrar a esas víctimas como trabajadoras sexuales con el fin, en este caso, de ayudarlas económicamente con un subsidio, en principio, transitorio como el IFE? ¿Verdadero interés humano o demagogia? ¿Mero voluntarismo u oportunidad para listar a quienes no aportan al Estado con sus impuestos? Sea cual fuere la respuesta, ninguna justifica que el Gobierno contemple incluir el alquiler del propio cuerpo como parte de la economía popular. Ni de ella ni de ningún tipo de economía.

La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de dar de baja el Renatep a poco de nacer y de reemplazarlo por una mesa de trabajo de la que participen referentes de organizaciones sociales y de diversos grupos, junto con funcionarios públicos, es un paso necesario para acordar criterios que no violen las leyes.

Según los defensores de la inclusión del trabajo sexual como parte de la economía informal del país, ello implicaba un “avance enorme” en el plano cultural y en el reconocimiento de derechos laborales. Los que se oponen consideran que resulta “totalmente inaceptable” que desde el Estado se consoliden los privilegios de los consumidores de prostitución –sujetos activos de un delito– bajo el paraguas de proteger como trabajadores a las personas que la ejercen.

“No queremos llamarnos trabajadoras sexuales para acceder a políticas públicas. La prostitución no es trabajo, es violencia”, dijeron desde la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos.

Muchísimas de las mujeres, de los travestis y de las personas transgénero que se prostituyen se reconocen como víctimas de la explotación o de la falta de trabajo y rechazan una política de Estado que las encasille como tales, que las condene a seguir haciendo lo que no quieren. En cambio, reclaman trabajos que respeten su dignidad física y psíquica, que les brinden la autonomía que merecen para desarrollarse no solo laboralmente, sino humanamente, con dignidad.

“La prostitución no es inevitable. Es un terreno pantanoso salpicado de trampas”, decía con acierto Gabriela Cañas, articulista del diario El País, de Madrid.

“Pesa menos el recurso de ‘una minoría que así lo decide’ que la contundencia insoportable de un fenómeno de mujeres prostituidas en contextos de vulnerabilidad y pobreza desde los que son llevadas ahí. Pesa menos que pararse a pensar en que el 80% de la trata en el ámbito mundial se realiza con fines de explotación sexual. Y que, de ese porcentaje, el 90% son mujeres y niñas”, afirmaba Eduardo Mandina, en el mismo diario.

Hemos dicho –y lo reiteramos en esta oportunidad– que no debemos ser cómplices, ni desentendernos, ni solazarnos con un doble discurso. Alentar la prostitución es incitar el tráfico de seres humanos. El proxenetismo, en cualquiera de sus formas, y la explotación sexual son, claramente, violencia de género.

Pensar en legalizar esa situación es volver en el tiempo. Representa, lisa y llanamente, aceptar y promover la esclavitud.