La Argentina cuestiona a Venezuela por los DD.HH.
Con una contundencia inusual, el Gobierno cuestionó al régimen de Maduro; en el entorno presidencial aseguran que no hay un giro
Con una contundencia que no había exhibido hasta ahora en los foros internacionales, el Gobierno condenó al gobierno de Venezuela “por la situación de los derechos humanos” y “por la grave crisis política, económica y humanitaria”. En el entorno de Alberto Fernández afirmaron que ese pronunciamiento no implica un giro en la postura hacia el régimen venezolano, debido a que la Argentina seguirá rechazando una intervención externa en Caracas.
El portavoz de la postura oficial fue el representante del Gobierno ante la ONU, Federico Villegas, que debió pronunciarse sobre un nuevo informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la organización, Michelle Bachelet, un duro escrito que alertó sobre “numerosas violaciones de los derechos” y ataques a la oposición del régimen de Nicolás Maduro. “Solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”, pronunció en Ginebra Villegas, un diplomático de carrera designado por el canciller Felipe Solá y valorado en el Gobierno por su trayectoria en materia de derechos humanos.
Villegas instó al gobierno de Maduro a “una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos” y a cooperar con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El pronunciamiento de Villegas fue llamativo por su contundencia, luego de que la Argentina se abstuviera de suscribir una condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) por una decisión de la Justicia venezolana que podría afectar las capacidades electorales de los partidos de la oposición.
Además, desde la asunción de Fernández, la diplomacia argentina viene cuestionando las sanciones contra el régimen de Maduro y le retiró el apoyo político a la embajadora designada por el presidente encargado Juan Guaidó.
“No hay un giro porque este gobierno tiene como política condenar todo atropello a los derechos humanos”, señalaron fuentes oficiales a la nacion, y agregaron que la Argentina se pronunció en el mismo sentido en la ONU por la situación en Siria, en los territorios palestino ocupados y en los Altos del Golán, así como también cuando instó a Nicaragua a cooperar con la ONU y la OEA.
Fuentes de la Cancillería acotaron que, además, en el Consejo de Derechos Humanos, donde se trató el informe de Bachelet sobre Venezuela, la Argentina se diferenció del Grupo de Lima (del que durante el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los promotores), que tenía un postura más radical en contra del régimen chavista.
“No adheriremos a ninguna salida política desde afuera para Venezuela, sino que consideramos que deben conducirla los propios venezolanos, así como tampoco avalaremos la proscripción del chavismo”, resaltaron fuentes de la Cancillería. Tampoco la Argentina viene avalando las sanciones contra Venezuela, al considerarlo una “estigmatización”.
Agregaron que por ese motivo la Argentina se abstuvo de participar de la resolución de la OEA para condenar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de suspender a las directivas de dos partidos opositores para reemplazarlas por cúpulas acusadas de ser afines al gobierno de Nicolás Maduro. “Abstención no es estar en contra. La Argentina no participó de la redacción de ese documento y no concordaba con algunos elementos, es por eso que se abstuvo de votar”, señalaron las fuentes diplomáticas.
En la OEA, el Gobierno designó embajador a Carlos Raimundi, un político de buena aceptación en el Instituto Patria que este año se pronunció por la “no injerencia externa” en Venezuela. La Argentina, además, no apoyó la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
De esta manera, el Gobierno sostiene un camino intermedio para abordar la cuestión de Venezuela, que contempla una condena a las violaciones de los derechos humanos, pero no se pliega a los pronunciamientos de los países de la región para forzar las elecciones en ese país y rechaza las sanciones económicas impulsadas por los Estados Unidos. •