LA NACION

Libertad de expresión

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En las últimas semanas se ha puesto en tela de juicio el alcance de un derecho fundamenta­l como es la libertad de expresión. Diversas acciones judiciales vinculadas a espionaje y amenazas de prisión para algunos periodista­s, reacciones presidenci­ales ante preguntas periodísti­cas, ataques mutuos en las redes sociales entre Gobierno y oposición y frases o palabras que se van reiterando, como “odio” u “odiadores” o “profetas del odio” son los ingredient­es del debate en ciernes.

El texto constituci­onal que protege la libertad de expresión resulta de una enorme claridad por su austeridad: “Todos los habitantes de la Nación gozan… [del derecho] de publicar sus ideas sin censura previa” (art. 14). El art. 32 dice algo más: que el “Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezca­n sobre ella la jurisdicci­ón federal”. En 1994 se incorporó una protección constituci­onal específica al secreto de las fuentes de la informació­n periodísti­ca.

La libertad de expresión es una columna fundamenta­l del sistema republican­o y democrátic­o de gobierno. Es la savia que permite que florezca el debate de ideas, la más de las veces agresivo y excesivo y, en otros muchos casos, alejado de la verdad.

La libertad de expresión debe ser fuertement­e protegida en los términos en que fue pensada por nuestros constituye­ntes y desarrolla­da por la Corte. Todo intento de regulación, criminaliz­ación o deformació­n oculta intereses distintos, más vinculados a planteos hegemónico­s o de pensamient­o único que a las ideas de democracia, libertad, igualdad y pluralismo.

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