La deuda de las distribuidoras eléctricas con Cammesa ya acumula $100.000 millones
En seis meses, el pasivo creció 140%; argumentan que el congelamiento de tarifas no les permite asumir el pago
CÓRDOBA.– Los problemas con el sistema eléctrico no se agotan en las embestidas de intendentes bonaerenses contra Edesur; la decisión del Gobierno de congelar las tarifas de gas y luz hasta fin de año está complicando a todo el país. Las empresas provinciales de energía en su mayoría siguen el lineamiento de la Casa Rosada, aunque algunas analizan si es sostenible sin riesgos de colapso. Esos problemas se trasladan: la deuda de las distribuidoras con la Compañía administrador a del mercado Mayorista (Cammesa) ronda los $100.000 millones, unos cinco meses de transacciones. La suba de la deuda en seis meses fue de 140%.
El exsecretario de Energía Jorge Lapeña dijo a la nacion que el sector “así como está, va a la quiebra”. Repasó que las tarifas están congeladas desde hace 18 meses, lo que demuestra que el problema es “recurrente”. “Se pueden tener congeladas las tarifas en Francia o en Estados Unidos, países con moneda dura, y en un año el atraso es del 2%. Acá, con una inflación del 40 o 50% anual, es imposible, porque las empresas quedan descalzadas”. Agrega que, además, las compañías sufren la baja de demanda y el alza de la morosidad.
Enfatiza que el razonamiento de las empresas distribuidoras es primero pagar los sueldos y, como los recursos no alcanzan, no pagan a la generadora porque “total el Estado le va a dar a Cammesa el dinero porque, como responsable último de la prestación del servicio, el Estado no puede permitir que las empresas quiebren”. Insistió en que están al borde de la “cesación de pagos porque no pagan la energía que distribuyen”.
Sobre las amenazas de rescindir la concesión a Edesur, el Instituto General Mosconi –que Lapeña integra– afirma que “no es la solución”, implica un “largo proceso, un enorme pasivo a futuro para el Estado y un salto al vacío en la prestación”. En cambio, señala que hay que “ajustar los mecanismos que permitan la inversión y el control” y reclama que la máxima autoridad en la materia, el ministro Matías Kulfas, “se pronuncie claramente” sobre el tema.
Las 600 cooperativas eléctricas que prestan el servicio a unos nueve millones de personas en el país también advierten que la situación es difícil. José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), señala que son distribuidoras y que si las empresas provinciales no les reconocen el valor agregado de transporte (VAT) “los números no cierran”.
“Somos pasamanos y la situación está muy complicada, porque a comienzos de año se había dicho que en junio nos reconocerían el VAT, lo que no pasó. El congelamiento tarifario, la imposibilidad de cortar aunque se deban seis facturas y la necesidad de cumplir con el servicio es cada vez más duro”.
“Tenemos uno o dos meses de atraso con esas empresas, pero ellas le deben a Cammesa cinco o seis –agrega Álvarez–. Si el esfuerzo no es compartido, el sistema no va”. A comienzos de año, la Secretaría de Energía analizó una suerte de “moratoria” para las deudas acumuladas, pero no se concretó y en estos meses el monto siguió aumentando.
La Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE) ya acumula alrededor de $12.000 millones; la
EPEC de Córdoba, unos $5000 millones; las compañías patagónicas suman algo más de $10.000 millones. En la lista también están Edenor y Edesur, cuya deuda equivale al 18,5% del sistema; atrás vienen las de Santa Fe y Misiones, completando el podio.
En junio, los subsidios destinados a la generación crecieron 23,7% interanual en dólares, sumaron
US$326 millones de acuerdo con el Centro de Investigaciones en Política Energética (CIPE) sobre la base de datos de Cammesa. Si se compara en pesos, el alza fue de 96,5%
($22.671 millones el mes pasado). Fuentes del sector indicaron a la nacion que no hay a la vista una solución y que la deuda seguirá subiendo porque el congelamiento tarifario, con una inflación anual proyectada en torno al 40%, implica una caída de los ingresos reales, a lo que se suman las complicaciones de recaudación por no poder cortar el servicio si se acumula deuda.
“Para las cooperativas es directamente insostenible –dice Álvarez–, y para el sistema completo muy complicado, no va a resistir. Si, además, se quiere mantener el congelamiento hasta 2022, no hay forma de garantizar la mínima calidad del servicio”.
Fuentes del Gobierno indicaron que se está realizando un estudio “exhaustivo” de la situación para poner en marcha una solución que implique un “punto de quiebre” y una salida “definitiva”. En el caso de las deudas de las provincias podría ser, por ejemplo, aplicar retenciones a la coparticipación. Señalan que el mayor problema son los pasivos y punitorios acumulados. Aunque prefieren no hablar de plazos, apuntan que debería estar listo una vez que se salga de la actual coyuntura.