Guste o no, hay un plan y está en marcha
S ihay una cualidad de Martín Guzmán que destacan quienes participaron de las negociaciones por la deuda es su carácter imperturbable. Nunca el ministro levantó la voz ni se mostró molesto, ni aun cuando el primer interlocutor de Blackrock, el mexicano Gerardo Martínez, amenazó con hacerlo echar o cuando el mismo fondo de inversión advirtió que llamaría a Donald Trump para modificar el respaldo del FMI hacia a la Argentina.
“Jamás Guzmán se salió del libreto”, describe un hombre que siguió al detalle las conversaciones. “Y el trabajo lo logró, eso que no tenía un acuerdo con el FMI de respaldo ni un plan económico para mostrar cómo hará para repagar la deuda”.
No sorprende luego que también Guzmán se muestre ahora inalterable ante las críticas de quienes reclaman que el Gobierno presente un plan que al menos permita direccionar las expectativas económicas. Es que en el equipo económico existe el convencimiento de que el plan, de hecho, ya está en marcha, aunque la pandemia puede haber dejado en suspenso algunos de sus lineamientos.
Si bien poco encaja con la idea de “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, en el equipo de Alberto Fernández hay una noción bastante más restrictiva del gasto de lo que se está mostrando en estos días de cuarentena. El ajuste por decreto de las jubilaciones es el ejemplo más claro, pero no el único. También el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confesó a empresarios amigos que no comulga con la idea de mantener las tarifas de servicios públicos congeladas eternamente. Una lección aprendida de la gestión kirchnerista. Pero es cuestión de esperar que afloje antes la cuarentena. El descongelamiento de las tarifas será parte de la negociación en enero, cuando se vuelvan a conversar con las distribuidoras eléctricas las reglas de juego que regirán para el sector en los próximos cuatro años. Difícilmente se admita una suba del 50% –es el retraso que tienen las tarifas, según las distribuidoras–, pero sí se habilitará un esquema de ajuste gradual.
“Kulfas cree que los precios deben ir descongelándose. Empezamos por naftas, celulares, y más adelante se irá viendo el resto. No imagino de todas formas que se afloje con Precios Máximos hasta
2021”, confió una fuente. La estrategia forma parte del plan del Gobierno para sortear lo que muchos economistas advierten como uno de los principales riesgos, que es un shock inflacionario. Pese a advertencias de varios economistas, como Luciano Cohan, uno de los tantos que alertaron la semana pasada sobre la aceleración de los precios en las últimas semanas de julio, en el Gobierno aseguran que no están viendo mayores presiones inflacionarias. “La inflación que proyectamos va a estar entre 1,5 y
2% mensual, o poco más de 2%, en los próximos meses”, auguran.
Tranquilidad con el dólar
En el equipo de Fernández no vislumbran en el corto plazo presiones por el lado de los salarios y se muestran confiados en que los 1,4 billones que volcó el Banco Central (BCRA) en 2020 entre adelantos transitorios (432.000 millones) y anticipo de utilidades (1,04 billones) puedan ir siendo absorbidos por el mercado. También descuentan que mantendrá el tipo de cambio con un esquema muy similar al actual, con un
crawling-peg que irá acompañando la inflación y tasas de interés positivas en términos reales.
No hay vocación en el Gobierno de acelerar demasiado la devaluación –aunque sí se modificó en los últimos días la estrategia de la entidad, ya no subiendo el tipo de cambio de a 6 centavos por día, sino haciéndolo de forma más errática y en línea con los flujos del comercio exterior. Solo preocupa la brecha cambiaria con el dólar blue y con el que se pauta en la Bolsa de Comercio (contado con liquidación).
En el primer caso, en el Gobierno creen que la brecha se achicará solo cuando se abra la frontera al turismo –“antes estaba incluso por debajo del oficial”, ilustran–, pero el segundo caso es el que más inquieta, dado que es el que suele marcar las expectativas de los grandes actores económicos. En el BCRA siguen a diario las compras y no se les caen los anillos a los más altos funcionarios de la entidad o de la Comisión de Valores para llamar a los responsables de financieras o agentes de mercado que operan en algún día por encima de su volumen habitual. Todos los grandes recibieron llamados disuasivos en estas semanas.
En el ente monetario esperan que mengüe la compra de minoristas para poder habilitar más dólares a los importadores, que irán demandando cada vez más divisas a medida que mejore la actividad. Cerca de Pesce niegan que vayan a cortar el cupo de US$200 para individuos. Con las reservas bajo presión, apuntan a que los ahorristas empiecen a ver con más cariño al plazo fijo.
“Hay un problema de expectativas –admite un integrante del gabinete económico de Alberto Fernández–. Pero si el sistema financiero logra absorber esta emisión de pesos, va a funcionar”, dice.
Algo que entusiasma al Gobierno es el mercado local de deuda en pesos que se logró armar en estos meses. Según datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en julio 17 empresas emitieron obligaciones negociables o valores de corto plazo, 10 de ellas en pesos. En el mismo mes de 2019, solo cuatro emisiones habían sido en pesos. En lo que va del año, las emisiones de obligaciones negociables en pesos sumaron US$919,5 millones, contra US$831,91 millones en todo 2019.
En el BCRA esperan que el Tesoro se transforme en un activo participante del mercado de deuda en pesos y no requiera así de mayor asistencia de la autoridad monetaria, que todavía tendría resto para inyectarle a su principal accionista unos $500.000 millones adicionales. El Tesoro deberá cubrir este año un déficit de 7 puntos del PBI, según dijo Guzmán.
El Central, por su parte, trabaja en un plan “Transferencias 3.0” para reducir el uso de efectivo y así morigerar el costo de emisión de billetes, estimado en promedio en unos 10 centavos de dólar (unos 7,5 pesos al cambio oficial) por unidad que sale a la calle. La idea se la presentó por Zoom hace 10 días Miguel Pesce a los banqueros del sistema. Quiere que todos los comercios, además de recibir tarjetas de crédito o de débito, cobren contra transferencia bancaria. Así, por ejemplo, igual que sucede con el sistema de Mercadopago, con solo un celular una persona podría pagar en un comercio leyendo un código QR contra el débito de una cuenta bancaria. Para el comerciante, tendría menos costos que el de una tarjeta, por la que paga un arancel por cada operación.
Los bancos recibieron bien la propuesta, pero fueron más allá. Aconsejaron al Central plantear beneficios impositivos para los comercios que lo adopten –por ejemplo, suspender las retenciones impositivas del Sircreb– y para los consumidores, reponiendo el régimen de devolución de IVA. Además, sugirieron que todos aquellos que cobren algún tipo de asistencia del Estado –unos 21 millones de personas– deban usar este mecanismo con un porcentaje de los fondos.
Medidas, de a poco
Es posible que las 60 medidas de reactivación en las que vienen trabajando desde hace semanas vayan viendo la luz paulatinamente. Son, después de todo, medidas que apuntan a los distintos sectores de la economía: a la construcción, al campo (con una rebaja de las retenciones), a la minería, al consumo (con planes como el Ahora 12 que se extenderían hasta 36 cuotas), entre otros. En todos los casos, hay una limitante: la falta de fondos del Tesoro y, por ende, de cada ministerio, para aportar.
Una vez cerrado el acuerdo con los acreedores, existe entre quienes asesoran al Presidente en materia económica cierta confianza en que la actividad tiene todo para al menos empezar a recuperar. “La economía ya rebotó, estamos en una V clara. No va a ser tan fuerte como el rebote que vimos en mayo, pero ya muchos indicadores preliminares empiezan a dar mejor; el consumo de energía, por ejemplo. [La recuperación] va a ser desigual: la industria petrolera está parada, aunque está exportando, y nos falta la construcción”, ilustró una fuente que participa en la mesa chica.
También hay confianza en que el contexto internacional podría jugar a favor, sobre todo gracias a que se vienen varios meses de un dólar débil y commodities (que es lo que produce la Argentina) fuertes. Empresas como PAE ya estarían sondeando la posibilidad de volver a testear el apetito de Wall Street; podría ser la primera de una lista.
Así y todo, el Gobierno tiene el desafío de que todo esto que considera un plan en marcha se traduzca en una mejora en las expectativas. A fin de cuentas, para qué sirve tener un plan si el mercado –que es quien debe comprarlo– no lo percibe como tal.