Paramilitares chavistas toman la sede de Acción Democrática, intervenido por el régimen
venezuela. Maduro pretende que participe de los comicios en diciembre para darles legitimidad a las parlamentarias, rechazadas por la oposición
CARACAS.– “Bienvenidos a la Casa del Pueblo”, rezaba el mensaje que recibía hasta ahora a los visitantes en la sede central de Acción Democrática (AD) en Caracas. Ayer, tomada por paramilitares armados, dejó de ser la casa del pueblo socialdemócrata para convertirse en otra de las sedes políticas arrebatadas por la fuerza de las armas a sus militantes.
“Nuestras sedes asaltadas por bandas de alacranes fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados de las FAES (fuerzas Especiales de la Policía) y colectivos motorizados del régimen”, denunció Henry Ramos Allup, secretario general de AD, el segundo partido opositor con más representación en el Parlamento y el de mayor arraigo a nivel nacional. Las FAES son las “brigadas de exterminio” del chavismo, según Naciones Unidas, y los colectivos conforman el ejército de paramilitares al servicio de la revolución.
La revolución bolivariana prosigue así su imparable hoja de ruta, como si de una aplanadora se tratase, en busca de las elecciones parlamentarias “perfectas” de diciembre, las únicas que puede ganar Nicolás Maduro. La misma suerte corrió la segunda sede más importante del partido socialdemócrata en la capital venezolana, el Paraíso, en el oeste de la capital.
El objetivo de ambas operaciones era el mismo: entregar las instalaciones a la junta ad hoc impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A la cabeza, Bernabé Gutiérrez, expulsado del partido hace semanas. AD es el partido que creció con la democracia, con presidentes tan importantes como Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez.
La toma de las sedes sucede casi dos meses después de que el TSJ dictaminara la intervención del partido Adeco, tanto de sus siglas como de sus sedes. Maduro pretende que la junta directiva fraudulenta impuesta por sus jueces se presente a las parlamentarias del 6 de diciembre con su candidatura propia, bajo las siglas robadas y con el color blanco que la caracteriza, con el objetivo imposible de aparentar ante el país y el mundo que se trata de unas elecciones legales con participación de la oposición.
La misma embestida sufrieron entonces la centrista Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular, partido del presidente encargado, Juan Guaidó, y Leopoldo López, líder opositor refugiado en la embajada de España en Caracas. Anteriormente también fueron tomados judicialmente el democristiano Copei, el progresista Podemos, el izquierdista Patria Para Todos o el marxista Bandera Roja.
“Sigan pensando que con un sainete electoral que nadie reconocerá ganarán algo. Sigan pensando que comprando alacranes lograrán neutralizar a la comprometida militancia de todos los partidos democráticos”, añadió Allup, en referencia a la compra de diputados puesta en marcha el año pasado por el empresario colombiano Alex Saab, preso hoy en Cabo Verde en espera de su extradición a Estados Unidos. El testaferro de Maduro y principal blanqueador financiero del chavismo, según el gobierno colombiano, logró conformar su pequeño grupo de diputados, dispuestos a dar la cara a cambio de dólares.
“Las bases del partido están con la institucionalidad y con Ramos Allup. Solo con malandros podrán apoderarse de nuestras casas, el pueblo Adeco los repudio”, reaccionó la diputada Larissa González.
Casi una treintena de partidos opositores suscribieron hace una semana un pacto para no participar en el “fraude” de diciembre y para consensuar una respuesta común al plan gubernamental. Guaidó y los otros líderes opositores buscan un acuerdo de magnitud con la sociedad civil en medio de una de las peores encrucijadas para la oposición y en un momento histórico, con la pandemia creciendo todos los días, cargado de incertidumbres.
“No podrán con violencia doblegar a los partidos democráticos”, respondió Primero Justicia tras conocer el asalto a la sede de su aliado. “Atentos todos, que probablemente sigan con los demás partidos secuestrados”, advirtió el diputado freddy Guevara, exvicepresidente del Parlamento democrático y dirigente de VP, refugiado desde 2017 en la embajada de Chile.
Sobre el cuarto partido de la oposición, el socialcristiano Un Nuevo Tiempo (UNT), pende una sentencia del TSJ para completar la toma del conocido como G-4 de la Unidad Democrática.