El proyecto es una verdadera ofensa a la niñez

El fuero de menores de la Justicia nacional viene enfrentando un continuo retroceso en las últimas reformas legislativas, producto del vago o nulo tratamiento que en los debates parlamentarios se otorga a la materia, en una clara violación de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina. Esta nueva reforma no es la excepción.

Han transcurrido treinta años desde que la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, con el cambio radical que ello significó en materia de derechos y garantías para los niños, niñas y adolescentes. Del documento, junto con otros instrumentos internacionales, se desprende el llamado principio de especialidad que debe regir cuando de niños, niñas y adobaja lescentes infractores se trata. Este principio implica para el país el deber de sancionar leyes “especiales” para la infancia y aplicar procedimientos “especiales”, pero también, y fundamentalmente, establecer órganos “especiales” encargados de las funciones de administración de justicia, a quienes ese mismo corpus juris de derechos exige además una especial formación y capacitación.

Esta manda constitucional se tradujo en las leyes que derivaron en la creación del fuero especializado de menores, con tribunales orales, juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías, con personal altamente calificado. Fueron esas mismas leyes las que previeron, en cumplimiento de estas obligaciones internacionales, la creación de cuerpos interdisciplinarios integrados por especialistas, entre ellos, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. La trascendencia de este fuero especializado cae de madura. Es allí donde se tracon los jóvenes desde su ingreso al sistema penal; donde se aborda el análisis del hecho delictivo con un enfoque interdisciplinario; donde se articulan medidas con el sistema administrativo en procura de la reintegración de derechos vulnerados; donde la prevención especial y el fin resocializador de la sanción estatal cobran valor; donde se los acompaña en la construcción futura de un proyecto de vida. En definitiva, es allí donde deberían estar enfocados todos los recursos de la política pública para el logro de estos objetivos.

Contrariamente a ello, y continuando con la tendencia legislativa de los últimos años, la especialidad no mereció siquiera un párrafo en la exposición de motivos del proyecto de reforma. Para peor, y profundizando tal regresión de derechos, en el capítulo III del título I, el proyecto dispone la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especificando en el artículo 31 que ello comprende los cargos de los magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleados que integran el fuero, dilapidando sin más su destacada formación y capacitación.

Transcurridos casi treinta años de su creación, el fuero de menores es el único que a nivel nacional subsiste en cumplimiento de los compromisos internacionales que obligan al establecimiento de órganos especializados y hoy, de cara a esta reforma judicial, se encamina a desaparecer, en una obscena violación de los principios de progresividad y no regresividad que en materia de derechos humanos. De prosperar este proyecto, la Justicia Federal permanecerá sin una justicia especializada que aborde a niños, niñas y adolescentes infractores de leyes penales de competencia federal, al tiempo que se estarán desaprovechando tan valiosos recursos humanos. Cabe preguntarse entonces si puede llevarse a cabo esta transferencia de competencias, desintegrando el fuero nacional de menores sin violar las mandas constitucionales y convencionales antes reseñadas. Unicef dio a conocer datos alarmantes sobre la pobreza infantil, asegurando que cerca del 60% de los niños y niñas de la Argentina son pobres. Al mismo tiempo, circulan en diversos medios aproximaciones del presupuesto que demandaría la implementación de este proyecto: 3000, 4000 o hasta 5000 millones de pesos, según las distintas estimaciones, y nada para sostener la justicia de menores a nivel federal. Un claro agravio a la especialidad, una verdadera ofensa a la niñez.