La persistente construcción de una republiqueta en la Argentina
Desde hace muchos años, la Justicia en el país está politizada. El avance de la corrupción agrega otro problema: la política se ha judicializado. Estas distorsiones consiguieron lo que parecía imposible: que el frío ajedrez de los procedimientos adquiera una inusual vibración emocional.
Una mayoría del Consejo de la Magistratura, integrada por el kirchnerismo, con la adhesión de Graciela Camaño, de Compromiso Federal, la fuerza que lidera Roberto Lavagna, revisó los traslados de jueces que se produjeron, sobre todo, mientras Mauricio Macri estaba en la Casa Rosada.
El representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, aconsejó corregir la situación de varios jueces. Los clasificó según el modo en que fueron designados. El último grupo correspondía a los que, según Ustarroz, no cumplían con los requisitos constitucionales; con las acordadas en las que la Corte Suprema fijó las condiciones para los traslados; y con el reglamento del Consejo. En esta categoría aparecen 10 magistrados. Ustarroz no aclara si no satisfacen todas esas condiciones, o solo alguna de ellas.
El Consejo envió la lista al Ministerio de Justicia, que dirige Marcela Losardo. Ayer el Ministerio la remitió al Senado, donde reina Cristina Kirchner, para que se resuelva la situación de esos jueces. Primera curiosidad: por la mañana, Losardo anunció el envío de solo dos expedientes. Los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. A última hora agregó a los otros ocho. Bruglia y Bertuzzi son los dos camaristas federales que actuaron en causas relevantes que afectaron a funcionarios kirchneristas. En especial la de los cuadernos de Oscar Centeno.
Segunda curiosidad: Losardo envió los expedientes sin anular los decretos a través de los cuales su propia cartera había designado a esos jueces en sus cargos. Hay un problema: si los hubiera anulado, estaría violando el artículo 17 de la ley de procedimientos administrativos. Es el que establece que para anular un acto a partir del cual se generaron derechos y obligaciones, como el nombramiento de esos magistrados, se necesita un fallo judicial. Es un aspecto central de este debate: para revertir lo que podría haber sido un error, el Gobierno, o cualquier afectado, debería recurrir a la Justicia. Pero Losardo ayer reconoció, en una entrevista con Horacio Verbitsky, que ella decidió que la controversia la salde el Senado, que reemplazaría así a los tribunales contencioso-administrativos.
¿Cuál es la razón por la que Losardo se adelantó para iniciar el proceso de revisión de esos camaristas? Nadie sabe. Pero hay un detalle relevante. Son los dos que recurrieron a la Justicia en busca de una medida cautelar que impida que el Ejecutivo y el Senado los remueva. La jueza María Alejandra Biotti les negó una medida precautelar, que permitiría acelerar la decisión. Igual se inició la carrera. La jueza envió el reclamo de Bruglia y Bertuzzi al Ministerio y al Consejo, que tienen tiempo para contestar hasta las dos primeras horas hábiles del próximo miércoles. Y el Senado introdujo la cuestión en el orden del día de hoy. Tiene entre 2 y 7 días corridos para tratar el tema. Es decir, podría resolver sobre la situación de esos camaristas el jueves próximo.
Tercera curiosidad: el despacho para comenzar a estudiar la continuidad o no de los camaristas lo firma la señora de Kirchner. A pesar de que ella todavía está sometida a causas en las que intervienen estos camaristas. Por ejemplo, la de la ruta del dinero K, que investiga Sebastián Casanello. Lo mismo vale para la situación del juez Germán Castelli, otro de los 10 objetados, que pertenece al tribunal oral que juzga el caso de los cuadernos de Centeno. Es una pena que la vicepresidenta haya incurrido en esa distracción. Facilita la calumnia de que está remodelando la Justicia que debe evaluar su conducta para conseguir impunidad.
Esta premura del Senado hizo que los afectados fueran de nuevo a la jueza para que se expida cuanto antes. Biotti está ante un desafío: debe ordenarle a Cristina Kirchner que se abstenga de hacer algo. En esta ocasión, remover de sus cargos a, por lo menos, dos magistrados a quienes ella considera instrumentos de una persecución inaceptable.
¿Qué se discute en el caso de Bruglia y Bertuzzi? Que fueron trasladados desde un Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal sin un nuevo acuerdo del Senado. Del acuerdo se puede prescindir si se trata de un traslado dentro del mismo fuero, para un cargo de la misma jerarquía. La primera condición fue satisfecha. Pero ¿un tribunal oral tiene la misma jerarquía que la Cámara? Hay una intensa discusión sobre esta cuestión que parece microscópica. Pero Bruglia y Bertuzzi cuentan con un argumento poderoso a su favor. El 28 de marzo de 2018, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, hizo una consulta a la Corte sobre el procedimiento de traslados. En el último párrafo de la primera página pregunta por un expediente en particular, que cita al pie. Es el expediente de Bruglia. Catorce días más tarde, la Corte le responde que, en relación con la consulta de ese párrafo, no hace falta un nuevo procedimiento de designación. Cuarta curiosidad: la mayoría del Consejo, Losardo y Cristina Kirchner están ignorando a la Corte.
Muchas veces las controversias por procedimientos son la coartada de batallas ideológico-políticas. Para el kirchnerismo, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara para sustituir con una Sala M a la antigua Sala K. Así se llamaba a la que integraban Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Freiler fue removido por el Consejo de la Magistratura por no poder justificar sus declaraciones juradas. Y Farah fue trasladado a un tribunal de San Martín. Farah está entre los 10 jueces cuyo traslado se cuestiona. Es casi seguro que regresará a su antiguo cargo, sobre todo si desplazan a Bruglia y a Bertuzzi. Una alegría para Javier Fernández, el auditor a quien Antonio Stiuso identificó como su operador en la Justicia: Farah llegó a camarista gracias a que fue su compañero de colegio.
Los empresarios
Además de Cristina Kirchner, también Cristóbal López y Fabián de Sousa, los accionistas del Grupo Indalo, reclaman desde sus medios de comunicación la remoción de Bruglia y Bertuzzi, a quienes denominan “jueces de la mayoría automática macrista”. Esta convergencia entre la vicepresidenta y los empresarios López y De Sousa obtuvo una –se supone– involuntaria explicación por parte de Losardo. Mientras la entrevistaba, Verbitsky explicó que ha habido varios fallos contra el Gobierno que, según él, expresan una venganza de los tribunales contra el proyecto de reforma judicial. Entre otros, mencionó “el rechazo del recurso de Cristóbal
López y Fabián de Sousa”. Losardo se sumó a la indignación del periodista: “Una barbaridad”. Hay que agradecer la sinceridad de ambos: el Gobierno y el Grupo Indalo son lo mismo. Quinta curiosidad.
La vicepresidenta refuerza esta identidad. La Cámara, con la firma de Bruglia y de Martín Irurzun, había ordenado a la jueza María Servini de Cubría acotar el lapso en el que examina los contactos telefónicos de Macri con funcionarios de su gobierno. La causa fue iniciada por una denuncia de López y De Sousa. Desde su cuenta de Twitter, la señora de Kirchner bramó contra los camaristas, diciendo que: “La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”. Servini debió elegir a quién obedecer: si a la Cámara o a la presidenta del Senado. Optó por la presidenta del Senado. Y fue denunciada por ignorar al tribunal superior. Ningún kirchnerista denunció aún un caso de lawfare. Ahora Servini está ante un nuevo reto: más le vale demostrar “la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial de la Nación para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas”, que es lo que Cristina Kirchner ya decidió que debe resultar de la pesquisa. El viejo principio procesal: “no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”.
Sexta curiosidad: el defensor de López y De Sousa es Alberto Beraldi, el mismo de la vicepresidenta, el de la célebre comisión.
Las actividades empresariales de Cristóbal López siguen, mientras tanto, agitando la política. En la Legislatura porteña se abre un debate alrededor del caudaloso negocio de las apuestas online. El año pasado se votó una reglamentación que excluía a las compañías telefónicas y a las empresas de juego presencial. Entre las primeras predominan Telefónica, de Telefónica de España, y Telecom, del Grupo Clarín y Fintech. Las segundas se reducen a los casinos del Hipódromo de Palermo y los barcos de la costanera. Cristóbal López es uno de los socios de esas salas.
No está claro por qué se revisa el criterio que afecta a las telefónicas. En cambio, cuando se pregunta por qué ahora se permitiría a López ingresar, se escucha, off the record, la siguiente explicación: “La intención de la Ciudad es recaudar. No podemos dejar afuera a las empresas que tienen inversiones físicas y contratan gente, como los casinos. Además, debemos reconocerlo, al dejarlo a Cristóbal afuera habíamos perjudicado a sus socios en el juego, Benedicto, Achával, Castellanos, que no tenían nada que ver. Por eso revisamos el criterio”.
De Benedicto, Achával y Castellanos se afirma que nunca avalaron las combinaciones de López y De Sousa con la AFIP, que son las que los llevaron a la Justicia. Esos vínculos no se limitarían a la posibilidad de financiarse con dinero que debían transferir al Estado. Como explica un conocedor de ese entramado, “era asombroso que cualquiera que se resistía a sus intereses recibía una inspección impositiva. Pregúntenle, si no, a Daniel Hadad y la venta de los medios a Cristóbal”.
La acusación supone la complicidad de Ricardo Echegaray. Séptima curiosidad: el abogado de Echegaray, León Arslanian, fue el socio histórico del abogado de López y De Sousa: Beraldi. Alberto Fernández eligió a ambos para que lo asesoren en la reforma judicial.
Juntos por el Cambio
El proyecto sobre el juego abre una fisura en Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta ya recibió un aviso de Elisa Carrió: “Nosotros no votamos el levantamiento de esas excepciones. Además, queremos una ley contra la ludopatía que limite la publicidad del juego”. Es una exigencia audaz. La clave de las apuestas online es la publicidad.
Las divergencias internas de Juntos por el Cambio respecto de López y De Sousa tuvieron manifestaciones anteriores. Por ejemplo, el comunicado en el que esa fuerza política se manifestó contra la moratoria que se les concedía a esos empresarios, que están en convocatoria, tuvo varias versiones. En la primera, ellos figuraban con nombre y apellido. En la segunda, se los reemplazó por la marca Oil Combustibles. ¿Hay una negociación subterránea? Misterio.
En el oficialismo también aparecen divergencias. Legisladores de la oposición recibieron mensajes desde el Ministerio de Justicia para desalentar la remoción del procurador Eduardo Casal. Lo contrario de lo que pretenden los seguidores de Cristina Kirchner. Casal es el jefe de los fiscales. Pero tal vez sea más importante que es el que sostiene o declina las acusaciones ante la Corte, el tribunal decisivo en los procesos que afectan a la vicepresidenta. La embestida contra Casal es sorprendente.
Los kirchneristas, desde la Comisión Bicameral del Ministerio Público, organizaron reuniones para que distintas personalidades y organismos se expidan sobre el funcionario. Pero antes de escuchar esas opiniones le pidieron el juicio político. Ya saben, antes de las pruebas, el resultado. Como la señora de Kirchner en la causa de Servini.
Alberto Fernández promete sanear la Justicia. Pide que le crean porque es hijo de un juez y dio durante 30 años clases de Derecho.
La ministra Losardo reclama que no se prejuzgue su reforma judicial. Que se lea el articulado. Así se advertiría que no fue pensada para manipular los tribunales. Como si el proyecto fuera un texto sin contexto. No lo es. Las manos que levantan esa iniciativa siembran el campo institucional con arbitrariedades. Parecen curiosidades. Pero no lo son. Leídas en conjunto, son el lento proceso con el que se construye una republiqueta.
También los empresarios López y De Sousa reclaman la remoción de jueces