El Gobierno le pidió al Senado que revise los traslados de diez jueces
El Poder Ejecutivo remitió los pliegos para que la Cámara alta evalúe sus designaciones; son magistrados que están en la mira del oficialismo por su participación en causas de corrupción kirchnerista o por tener competencia electoral
El Gobierno envió al Senado los pliegos de diez jueces federales claves que fueron nombrados por traslado –casi todos durante la gestión de Mauricio Macri– y cuyas designaciones cuestiona el kirchnerismo. El Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo, remitió anteanoche las notas para que el Senado intervenga en el asunto y decida si les da acuerdo a estos jueces, después de que el Consejo de la Magistratura pidió, hace dos semanas, la revisión de estos traslados, que, según el organismo, están “incompletos”.
Las diez notas que ingresaron anoche al Senado contienen un solo párrafo. Hacen referencia a la decisión del Consejo y a las acordadas N° 4 y N° 7 de la Corte Suprema, de 2018, que fueron el argumento para la revisión de las designaciones de estos jueces, informaron fuentes oficiales. El tema deberá ser tratado ahora por la Comisión de Acuerdos del Senado, que después de escuchar a los jueces aludidos elevará un dictamen que se votará en el recinto.
Si el Senado decidiera rechazar los pliegos, según la resolución del Consejo de la Magistratura, los jueces deberían dejar el cargo que hoy ocupan y volver a aquel para el que concursaron. Sin embargo, varios de los jueces aludidos adelantaron a la nacion que solo dejarán su despacho si otro juez se lo ordena o si son removidos por un juicio político en el Consejo de la Magistratura, más allá de lo que diga el Senado.
Los cargos que están en juego dentro del Poder Judicial son claves: incluyen dos lugares en la Cámara Federal de Comodoro Py, una vacante en el tribunal que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas y tres juzgados con competencia electoral en las provincias de Chaco, Misiones y Jujuy.
El trámite en el Senado no debería causarle dolores de cabeza al kirchnerismo. La Comisión de Acuerdos es presidida por la oficialista Anabel Fernández Sagasti y se requiere mayoría simple para aprobar el dictamen, tanto en esa primera instancia como en el recinto. Desde el oficialismo sostienen que rechazarán las designaciones de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces que ya judicializaron el tema.
La Justicia les dio anteayer una mala noticia a estos jueces: la jueza en lo contencioso administrativo María Biotti rechazó el pedido de Bruglia y Bertuzzi para que se suspendiera la decisión tomada por el Consejo. Además de esa prenulidad, la presentación realizada por los camaristas incluye un pedido de inconstitucionalidad sobre la decisión del Consejo, que todavía no fue resuelta por la Justicia.
Bruglia fue eje de las críticas de Cristina Kirchner la semana pasada, cuando el camarista –junto con Martín Irurzun– revirtió una decisión de la jueza María Servini, que había pedido el registro de los llamados telefónicos de Mauricio Macri durante sus años como presidente. La vicepresidenta se refirió a Bruglia como “el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley”, para después asegurar que acababa de “consagrar una vez más la impunidad de Macri”.
Tanto Bruglia como Bertuzzi fueron trasladados a Comodoro Py en 2018 y avalaron buena parte de las investigaciones por corrupción contra funcionarios kirchneristas, entre ellas, la investigación del juez Claudio
Bonadio por los cuadernos de las coimas. Además, Bertuzzi –antes de ser trasladado– fue parte del tribunal oral que condenó a Amado Boudou por el caso Ciccone.
El kirchnerismo también impulsa la revisión del traslado de Germán Castelli, que hoy es juez del Tribunal Oral Federal N° 7, que prepara el juicio por los cuadernos de las coimas. Si el Senado no vota su pliego para “completar” el traslado desde un tribunal oral del partido de San Martín a Comodoro Py, entonces Castelli debería dejar el caso para volver a su lugar anterior.
Después de la intervención de la Casa Rosada, que estaba prevista en el proceso, la revisión sobre los traslados impulsada por el Consejo de la Magistratura quedará concentrada, por un lado, en el Senado y, por el otro, en la Justicia en lo contencioso administrativo.