Fuertes cruces entre expertos durante el debate por la reforma judicial en el Congreso
El plenario de comisiones volvió a exhibir las objeciones de especialistas; el Frente de Todos insiste en firmar el dictamen la semana próxima
Mientras siguieron ayer las exposiciones a favor y en contra del proyecto de reforma del fuero penal federal en el Senado, el Frente de Todos empezó a realizar consultas para definir posibles cambios. La idea, por ahora, es firmar dictamen la semana próxima.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), ya le pidió a su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Formosa), que le acerque las propuestas del principal bloque opositor. Además, espera los aportes de gobernadores del PJ.
En las exposiciones ante el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, una de las más enfáticas a favor de la reforma fue la excamarista y actual subsecretaria de Asuntos Penitenciarios María Laura Garrigós de Rébori, quien la justificó en la “necesidad de recuperar la credibilidad” de la Justicia y de modernizar el sistema federal, que, dijo, “es el más atrasado de la región” en cuanto a su adaptación al sistema acusatorio.
“Esto hará que los jueces estén más visibilizados y acelerará los tiempos judiciales, que difieren de los tiempos políticos”, sentenció Garrigós, una de las fundadoras de Justicia Legítima. Y rechazó las objeciones sobre el costo que tendría la implementación de la reforma. “Tengamos la ley y después hablemos del equipamiento; estas objeciones implican poner el carro delante del caballo”, reclamó.
De manera frontal disintió el camarista Carlos Balbín. “Ampliar el número de jueces no evita las presiones ni garantiza eficiencia”, afirmó, al pedir una reforma más integral.
El mismo reclamo hizo el secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, quien se quejó porque el proyecto no fue consultado con todos los estamentos que integran el Poder Judicial.
También destacó la intencionalidad política del proyecto el constitucionalista Daniel Sabsay, para quien el texto es parte de un plan más amplio para modificar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, temas que analiza el consejo asesor creado por Alberto Fernández.
“Se ha querido asegurar la impunidad de aquellos que se encuentran sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, sentenció Sabsay.
Esta intervención le valió un cruce con el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-neuquén), quien lo acusó de haber realizado un alegato político. “Estamos ante un dirigente opositor”, remató.
La jueza Magdalena Laíño Dóndiz, de la Cámara del Crimen, alertó sobre las “consecuencias indeseadas” de la reforma, ya que afectará la celeridad y eficiencia de un fuero que entiende en un volumen de causas varias veces superior al del federal penal.
A pesar de su apoyo a la necesidad de licuar el poder de los jueces federales porteños, Sebastián Pilo (ACIJ) destacó que la iniciativa no cambia en nada el perfil de los magistrados. “Los Bonadios y Oyarbides [sic] llegaron ahí por los pésimos sistemas de designación y de remoción de jueces”, destacó. El presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, apoyó la reforma y minimizó el costo, que calculó en $850 millones. Planteó que al texto “le faltan más fiscalías y defensorías”, en relación con la implementación del sistema acusatorio que propugna, y criticó los artículos referidos a los normas de conducta que obligan a los jueces a denunciar las presiones que reciban.