Disponen el desalojo de la principal toma bonaerense
Es la usurpación de un predio en Guernica; también hubo un pedido de una fiscal en El Bolsón
Los dirigentes sociales y los abogados que patrocinan a algunas de las más de 2500 familias instaladas en el predio tomado de Guernica analizan por estas horas cómo responder al fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata que ordenó el desalojo. Entre las organizaciones prevalece la intención de resistir.
El fallo de la cámara estableció que se podrá “recurrir al auxilio de la fuerza pública”, aunque exigió expresamente “el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio” del partido de Presidente Perón, “debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.
Las precauciones del tribunal no terminan ahí y, aunque algunas son de forma, cobran sentido en medio de las protestas de la policía bonaerense y la tensión de los uniformados con el gobierno provincial. También, por las fuertes diferencias al interior de los gobiernos nacional y provincial sobre cómo actuar frente a las tomas.
“Esta cautelar deberá llevarse a cabo atendiendo estrictamente las disposiciones pertinentes referidas a derechos humanos, respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, señaló el fallo, que enumeró también las dependencias municipales y provinciales que deberán brindar asistencia durante el procedimiento.
“El desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar” por el juez de garantías de Cañuelas Martín Rizzo, agregaron los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu, para aclarar que el operativo “deberá ser en horario diurno” y no “en condiciones climáticas adversas”.
La Cámara confirmó el fallo de primera instancia de Rizzo y rechazó los planteos del Defensor Oficial Juan Pablo Stasi y de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Rizzo, a pedido del Ministerio Público Fiscal bonaerense, había ordenado el allanamiento del predio para hacer efectivo el desalojo.
Si bien fuentes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas dijeron ayer a la nacion que “están analizando” cómo proceder ante el dictamen judicial, días atrás, una de las abogadas de la causa, María del Rosario Fernández, indicó a este medio que “no hay nadie que haya acreditado titularidad de las tierras” y que, por lo tanto, “no hay delito”. El fallo de la cámara de ayer, sin embargo, identifica a propietarios.
“No se sabe de quién son las tierras. Los particulares que se presentaron no tienen más que un papel, informal. Por eso, decimos que no hay titular ni hubo despojo”, insistió la abogada Fernández.
Por su parte, Alejandro Ignaszewski –referente territorial de Olp-resistir y Luchar, una de las organizaciones sociales con presencia en el predio tomado–, se manifestó esperanzado, en diálogo con la nacion, tras sostener que el fallo de la Cámara no era determinante: “La resolución todavía no está firme, así que puede borrarse la alegría que transmiten los medios sobre la cuestión”, dijo.
El 7 de agosto, el municipio de Presidente Perón había recibido la orden de “efectivizar el lanzamiento” para desalojar a los ocupantes de la toma, el día 24. La indicación del juez Rizzo fue frenada por intervención de la gremial de abogados. El freno al desalojo funcionó como motor para que se continúe consolidando la toma, a pesar de que la policía supervisa el lugar para prohibir el ingreso de materiales de construcción al predio, que tiene alrededor de 100 hectáreas.