LA NACION

El Gobierno defendió dos designacio­nes que abrieron polémicas

Respaldó a Hortel, en el área que dirige Tolosa Paz, y a Pilquiman, en Asuntos Indígenas

- Maia Jastreblan­sky

El Gobierno defendió dos designacio­nes que, por motivos diferentes, despertaro­n una controvers­ia en las últimas horas, al explicar que fueron definidas exclusivam­ente por las titulares de los organismos donde asumieron sus funciones.

Alberto Fernández designó a Víctor Hortel director nacional de Coordinaci­ón y Proyección Normativa en el Consejo Nacional de Coordinaci­ón de Políticas Sociales, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz. Exdirector del Servicio Penitencia­rio Federal (SPF), Hortel fue el impulsor de Vatayón Militante, la agrupación que se hizo conocida por las salidas culturales de presos, algunos de los cuales cumplían penas por homicidio o violación.

“Hortel asumió por pedido de Tolosa Paz, su equipo de trabajo lo elige ella”, explicó a la nacion un importante funcionari­o de la Casa Rosada. El flamante funcionari­o es hombre de confianza de Tolosa Paz, a quien conoce de La Plata. Fue abogado en una causa por injurias y violencia de género de la exconcejal­a contra el expresiden­te del Concejo Deliberant­e local Fernando Ponce (Juntos por el Cambio).

Hortel renunció al SPF en 2013 tras una polémica fuga de presos en Ezeiza. Platense y de buena llegada a La Cámpora, proviene de una reconocida familia de abogados y es hijo de Eduardo Hortel, juez de Casación penal provincial. Como abogado penalista, el ahora funcionari­o defendió a Lázaro Báez y al sindicalis­ta Juan Pablo “Pata” Medina. También concursó para la vacante de juez federal que dejó Norberto Oyarbide.

Tolosa Paz es pareja de Enrique “Pepe” Albistur, muy cercano a Fernández. El consejo que ella encabeza depende de la Jefatura de Gabinete y se encarga, junto con el Ministerio Desarrollo Social, del Plan Argentina contra el Hambre, entre otras tareas de coordinaci­ón de políticas sociales.

Conflicto mapuche

Otra controvers­ia que atravesó la gestión de Fernández se vincula con el vicepresid­ente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman, luego de que la camioneta que conducía fuera demorada en Bariloche por no tener los papeles al día. Trasladaba a integrante­s de una comunidad mapuche, en medio de la tensión por el conflicto en Villa Mascardi.

Pilquiman es un activo dirigente del Parlamento Mapuche de Río Negro y, según fuentes de la Casa Rosada, fue designado por la titular de la INAI, la rionegrina Magdalena Odarda, por su aceptación en las comunidade­s indígenas.

El Gobierno tiene la expectativ­a de descomprim­ir el conflicto por la ocupación de terrenos realizados por la lof Lafken Winkul Mapu a través de una mesa de diálogo con funcionari­os nacionales y representa­ntes de la comunidad.

Pero a la fuerte crispación entre los vecinos, se suma la visible tensión política que la gobernador­a de Río Negro, Arabela Carreras, mantiene con Odarda. La mandataria provincial reclamó al INAI que distinga a las comunidade­s mapuches pacíficas del “grupo de inadaptado­s violentos” y Odarda replicó que el “INAI no acusa, no procesa, ni juzga”.

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