Chile apura la reforma de la policía tras un violento incidente
Carabineros quedó bajó la lupa luego de que empujaran a un joven al río
SANTIAGO, Chile.– El gobierno chileno anunció ayer que buscará apurar la reforma de Carabineros, la policía militarizada fuertemente cuestionada tras la caída de un adolescente al lecho de un río de Santiago tras ser empujado por un agente antimotines.
El ministro del Interior, Víctor Pérez, anunció que convocará para mañana a la Comisión para la Reforma de Carabineros, creada tras el estallido social del año pasado, con el fin de designar a expertos de la sociedad civil cuya misión será “acelerar todas las iniciativas legales o administrativas que son necesarias para reformar y modernizar a Carabineros de Chile”.
Igualmente, esta instancia tendrá la facultad de proponer otras medidas “que son fundamentales para tener una policía al servicio de la eficacia y el combate del delito”, agregó Pérez.
En noviembre del año pasado, en el contexto de la crisis social, se organizó una comisión de expertos que redactó en dos meses una reforma de Carabineros –actualmente en el Congreso–, que propone una mayor subordinación al poder civil, enfocarse en la ciudadanía; reorientar la formación de los policías, y una mayor conciencia del respeto a los derechos humanos.
Las críticas sobre la policía se avivaron luego de que el agente antimotines, Sebastián Zamora, empujó el viernes a un adolescente de 16 años, que cayó desde una altura de más de siete metros al lecho del río Mapocho mientras arrancaba de un piquete policial tras participar de una protesta en la Plaza Italia de Santiago.
El agente policial fue detenido bajo cargos de “homicidio frustrado”, al considerar la Fiscalía que su acción no fue accidental, sino que tuvo la intención de arrojar al menor desde el puente.
Carabineros ha dicho que se trató de un accidente, pero en un comunicado la institución anunció este miércoles que Zamora fue dado de baja por no informar que portaba una cámara personal durante la manifestación del viernes en vez de la institucional.
Además de este caso, otros tres policías fueron detenidos la víspera acusados por la Fiscalía de haber provocado torturas contra un grupo de manifestantes el 20 de octubre del año pasado, dos días después de que estalló la revuelta social en Chile y que prosiguió con violentas protestas que dejaron una treintena de muertos.
El presidente Sebastián Piñera condenó la acción policial cuatro días después de la caída del joven manifestante, pero reiteró su apoyo a la institución policial y a su director, Mario Rozas, cuya renuncia es demandada por la oposición de izquierda.
Campaña
En tanto, el gobierno chileno también lanzó ayer una campaña para incentivar la participación en el histórico plebiscito del 25 de octubre, cuando los chilenos decidirán si reemplazan o no la Constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Será la primera vez que los 14,5 millones de chilenos convocados a las urnas se pronuncien sobre esta polémica Carta Magna que fue instaurada en 1980, en plena dictadura, sin consulta al pueblo, y que ha sido reformada en 31 ocasiones durante las tres décadas de democracia chilena.
“En 18 días más, los chilenos tendremos la oportunidad de definir un camino para renovar, cambiar, perfeccionar o modernizar nuestra Constitución’’, afirmó Piñera desde el palacio presidencial de La Moneda.
Agregó que con la campaña “El amor de Chile se hereda” se busca “convocar e invitar con mucho cariño y entusiasmo a todos los ciudadanos a participar”.
El presidente especificó que habrá un horario exclusivo –de 14 a 17– para que voten los adultos mayores como medida de prevención del coronavirus. En su discurso solicitó a los chilenos llevar a cabo un plebiscito del que sentirse “orgullosos’’, que dé lugar a una Constitución que consagre derechos fundamentales como la salud y la educación y condene la discriminación y la violencia.
Los Comandos del Apruebo, fragmentados en diversos grupos políticos y de la sociedad civil, y del Rechazo, que se ha presentado de forma más unitaria, llevan ya semanas saliendo a las calles en una inusual campaña marcada por las restricciones de la pandemia y donde el puerta a puerta tradicional de los procesos electorales chilenos se ha visto dificultado. El gobierno habilitó un permiso especial para hacer campaña en las partes del país que aún están bajo cuarentena.
En Santiago la manifestación del rechazo se ha repetido todos los sábados en los barrios más adinerados de la capital, congregando a centenares de personas con mascarilla.
La aprobación se ha manifestado en distintos puntos de la capital en forma de banderazos o caravanas de autos, motos, bicicletas u otros, organizados por coaliciones de partidos políticos de ideologías diversas o por organizaciones de la sociedad civil, como la organización feminista Coordinadora 8 M o la Asamblea Feminista Plurinacional, que ha lanzado una campaña con jugadoras de fútbol de la selección chilena.
Desde el pasado 25 de septiembre se emite en todos los canales de televisión al unísono 30 minutos de propaganda electoral, la llamada “franja electoral’’, que ha jugado tradicionalmente un rol vital para los votantes indecisos y en el que los tiempos asignados a cada opción son delimitados por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
Además de partidos políticos y candidatos independientes, se da por primera vez la participación de organizaciones civiles como sindicatos, clubes deportivos, agrupaciones de diversidad sexual, varias ONG, centros de padre y fundaciones, según un comunicado del CNTV. También se ha visto a comunidades indígenas expresando su posición.