Presentan un amparo por la elección de un defensor público en Tucumán
Una de las postulantes, que no fue elegida por el Presidente, consideró “arbitraria” la designación de otro candidato
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– Tras la polémica desatada por la elección del juez federal Daniel Bejas, cercano al gobernador Juan Manzur, para cubrir un cargo vacante en la Cámara Nacional Electoral, la abogada tucumana Vanessa Lucero presentó un recurso de amparo contra la decisión del presidente Alberto Fernández de desestimarla como candidata a encabezar la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
La doctora Lucero consideró que la medida es “arbitraria” y “contra los derechos de paridad de género”. Pese a que ella ocupaba el primer lugar en la terna, Fernández se inclinó por el abogado porteño Mariano Gabriel Galletta, cercano al kirchnerismo, quien sacó el peor puntaje de los tres candidatos (el segundo lugar en la terna lo ocupaba otra mujer: Natalia Castro).
Con un criterio similar, el Presidente optó la semana pasada por proponer a Bejas, último en orden de mérito de la nómina que completaban la secretaria de la Cámara Electoral, Alejandra Lázzaro (sacó el mayor puntaje); el actual secretario de Actuación Judicial del tribunal, Hernán Gonçalves Figueiredo, y Alejandro Ángel Elgassi.
Tanto Lázzaro como Lucero habían sido elegidas por el expresidente Mauricio Macri cuando en 2019 solicitó al Senado el acuerdo para sus designaciones en los tribunales federales de Tucumán.
Perspectiva de género
Lucero presentó el amparo ante el juzgado federal de turno en Tucumán y pidió una medida cautelar para suspender el tratamiento del pliego de Galletta en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
Además, reclamó que se exhorte al Poder Ejecutivo y al Senado “a revaluar con perspectiva de género en el análisis de los pliegos correspondientes a la terna del Concurso MPD N° 156 para la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán”.
En ese concurso, realizado en diciembre de 2018, Lucero obtuvo el primer lugar con un puntaje de 133,75. Segunda quedó la abogada Castro, con 131,5 puntos, y Galletta fue último, con 106.
En su escrito, al que la nacion tuvo acceso, Lucero calificó de “arbitraria” la elección del último en el orden de mérito y apuntó que “la decisión no contempla los imperativos convencionales en materia de paridad de género en el acceso a los cargos públicos”. Y argumenta que con la designación propuesta se consolida la hegemonía masculina en la Defensoría Federal de Tucumán.
Advirtió, además, que el presidente Fernández “se ha apartado del orden de mérito sin expresar razones, al elevar el pliego de quien resultara tercero en la terna, a 27,75 puntos de la mujer que se encontraba en el primer lugar”.
Lucero planteó que la presentación del pliego del abogado porteño Galetta “genera una situación de absoluta disparidad de género en la defensa pública federal en Tucumán” y recordó que las otras tres defensorías oficiales en los tribunales federales de esa provincia ya son ocupadas por hombres. “No sería cuestionable si no existiera la posibilidad del nombramiento de una mujer”, advirtió la letrada.
Lucero también pidió la recusación del juez Bejas para atender en esta causa, teniendo en cuenta sus vínculos con el PJ tucumano y su cercanía con el gobernador Manzur. “Esta circunstancia pública y manifiesta configura un elemento externo y objetivo que me permite presumir que carecerá de objetividad”, argumentó.
Como informó la nacion, antes de ser designado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner como juez federal de Tucumán, Bejas fue apoderado del PJ local y se desempeñó como abogado del consorcio de empresas del exgobernador José Alperovich y de su esposa, la exdiputada Beatriz Rojkés.
En 2014 sobreseyó al entonces ministro Manzur, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, sin solicitar que presente documentación que justifique su fuerte crecimiento patrimonial. Al frente del Ministerio de Salud de la Nación, Manzur era en ese momento uno de los funcionarios con patrimonio más alto del gabinete de Cristina Kirchner.
El propio Manzur habría gestionado ante la Casa Rosada para que el presidente Fernández eligiera a Bejas para postularlo a la Cámara Nacional Electoral.
Con un precio base de US$830.000, el próximo 24 de noviembre será rematado un lujoso departamento de Puerto Madero, que fue decomisado en la investigación de los cuadernos de las coimas y de la fortuna de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner.
El departamento pertenece al empresario marplatense Sergio Todisco, titular de Textilana. El empresario estuvo detenido y recuperó la libertad tras declarar como arrepentido en la causa que tramitó el fallecido juez Claudio Bonadio. El departamento quedó a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Todisco fue investigado como supuesto partícipe en maniobras de lavado de dinero de Muñoz. Quedó involucrada la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti. Según la investigación, Muñoz amasó US$70 millones, que invirtió en inmuebles en el país, en EE.UU. y en las islas de Turkos y Caicos, en el Caribe.
El departamento que se pondrá en venta tiene casi 100 metros cuadrados y está en el tercer piso del Chateau Puerto Madero. Tiene una habitación, cocina, dos baños, dos balcones y un living.
En su declaración como arrepentido, Todisco mencionó a su exesposa Elizabeth Ortiz Municoy como responsable de operaciones offshore para comprar propiedades por más de US$70 millones.
El inmueble se puso en venta el año pasado, pero no tuvo oferentes, por lo que será subastado con una base de $68.700.000. Al cambio oficial del Banco Nación, la suma asciende a unos US$830.000. Las ofertas por el departamento se recibirán hasta el 13 de noviembre. La subasta se realizará mediante el portal Compras Públicas de la República Argentina (Compr.ar).
La resolución para autorizar el remate fue firmada por Martín Cosentino y Juan Debandi, presidente y vicepresidente de AABE, respectivamente. El dinero obtenido será destinado a financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y una serie de programas previstos en la ley de drogas de salud y capacitación laboral.
Muñoz, señalado en la causa de los cuadernos como quien recibía los bolsos con la recaudación del dinero ilegal en Río Gallegos y el domicilio de los Kirchner en Recoleta, compró propiedades en Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián y El Calafate. Y adquirió una estancia ganadera en esa provincia.
También fue propietario de cabañas en San Martín de los Andes y en Lago Puelo, de terrenos en Mar del Plata, Villa La Angostura y Ushuaia. Y fue dueño de una cadena de farmacias extendida en la Patagonia y de algunos inmuebles en la Capital. También compró una propiedad en Punta Ballena, Uruguay.