Impuesto a la riqueza: por qué afectaría a la economía
Desde el campo y la industria se cuestiona que el proyecto prevea gravar los bienes productivos
Que se le daría igual tratamiento a una Ferrari que a un tractor; que quedaría gravada la totalidad de los bienes de una persona sin que puedan descontarse las deudas pendientes de pagar que, en muchos casos, hicieron falta para adquirirlos; que la imposición alcanzaría a las participaciones societarias, y que posiblemente deberían venderse activos del sistema productivo para pagar la carga fiscal. Esas son las razones puntuales que dicen tener referentes de la industria, del campo y también del comercio para considerar que el aporte extraordinario que promueve el diputado Carlos Heller perjudicaría al sistema productivo, aun cuando no esté destinado directamente a las empresas.
Tal como quedó el texto de la iniciativa que obtuvo dictamen el 25 de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” –más conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas– alcanzaría a las personas físicas con patrimonios que, valuados según las normas del impuesto a los bienes personales y a la fecha en que entre en vigor la ley, superen los $200 millones. El proyecto aclara que no habría ninguna exención, por lo que todos los activos, incluyendo participaciones societarias y títulos con los que se financia a la actividad y al Estado, quedarían gravados.
Tampoco se admitiría restar las deudas ni se dispondría un mínimo no imponible. Este último punto llevaría a que, por una mínima diferencia en el patrimonio, una persona podría quedar al margen de la carga (por estar cerca pero no llegar a los $200 millones) y otra debería pagar más de $4 millones (por superar aunque sea levemente esa cifra).
El monto más bajo a tributar por bienes que estén en el país sería de $4 millones, ya que la alícuota más baja, para patrimonios de entre $200 millones y $300 millones, sería de 2%. A partir de allí, las alícuotas suben en forma progresiva y la más elevada es para patrimonios de más de $3000 millones (se tributarían $88,5 millones más el 3,5% del monto excedente de $3000 millones). Por activos en el exterior las tasas irían del 3% al 5,25%.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que se le dio dictamen al proyecto, Heller reconoció que se gravarían los bienes productivos que están en los patrimonios personales. Y dio su argumento: “Si sacáramos [del monto imponible] las participaciones accionarias de los empresarios nacionales, que viven en el país, casi que les estaríamos pidiendo un aporte sobre las casas de los countries; sobre las casas que tienen para el fin de semana; no sé [en ese caso] sobre qué van a tributar”. Y agregó que si bien no se quiso gravar a las empresas, el interés “parece quedar un tanto mezclado, cuando se tiene en cuenta que las personas humanas son dueñas de las empresas; eso es un tanto inevitable”.
Desde el sector industrial, una dirigente que expresó con mayor contundencia sus cuestionamientos fue Carolina Castro, integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA). “No es solamente un aporte de las fortunas personales, sino de activos de empresas que invierten y dan empleo de calidad en el país”, expresó en un hilo de tuits. Y agregó: “Se tributa por autos, casas, plata en los bancos, bonos; pero también por tornos, puentes grúa, galpones, inyectoras, transformadores, etcétera. En una industria, hasta el 70% de aporte puede ser por haber invertido en fierros que dan empleo”.
En diálogo con la nacion, Castro dijo que su foco está en lo negativo de que se ponga el impuesto sobre esos bienes productivos y sostuvo que algunos tendrían que vender activos para poder tributar.
En líneas generales, el diseño del aporte también es cuestionado porque, más allá de buscar alcanzar a los más ricos del país en un contexto de creciente desigualdad social, tiene alícuotas que, sumadas a las de Bienes Personales, podrían ser consideradas confiscatorias. Cuando se trata de patrimonios que en parte están en el exterior, la imposición total, sumadas ambas cargas, puede llegar hasta 7% u 8%,según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
“No existe en el mundo ni en la historia argentina una presión fiscal sobre los activos similar a la que se generará por la aplicación conjunta de los impuestos”, dice el abogado Diego Fraga. Ese sería uno de los argumentos por los que el tema sería llevado a la Justicia.
Desde el sector del campo, el diputado Ricardo Buryaile, exministro de Agricultura y también productor, fue quien, en uno de los debates de la Comisión de Presupuesto, dijo que el proyecto equipara una Ferrari a un tractor y “un piso en Puerto Madero a un campo”. Y agregó que, más allá de la industria o del campo, el gravamen también podría impactar sobre alguien “que tiene una cadena de hoteles o de restaurantes” y que “no la está pasando bien”.
Desde el sector mercantil, la Cámara Argentina de Comercio expresó su rechazo al proyecto, en un comunicado en el que se señala que “la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen elevando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.
Esta última conducta por parte de algunos contribuyentes provocaría un efecto paradójico para el fisco, porque se afectaría la recaudación impositiva a futuro.