Qué se juega en la nueva etapa con el FMI
Refinanciar la deuda con el organismo internacional y cumplir con los compromisos exigirá recuperar la confianza para inducir inversiones
Las negociaciones con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) han tenido un virtual comienzo, aunque no formal, con la llegada de la misión de evaluación. Han transcurrido un par de meses desde que se alcanzó el acuerdo para la reestructuración de la deuda con acreedores privados y no hay señales que indiquen un alivio en la situación de pagos, ni tampoco en el drenaje de reservas. Pocas veces –tal vez ninguna– este organismo ha debido negociar una postergación de los vencimientos de un préstamo antes de que este se termine de desembolsar. Sucede, además, que se trata del mayor crédito otorgado por el FMI.
Estas particulares circunstancias hacen suponer que el directorio del FMI pondrá una atención especial en las condiciones que se acuerden y, particularmente, en la seguridad de que serán cumplidas.
Ya no se contará con una disposición favorable del directorio como la que existía debido, entre otras razones, a la relación entre los presidentes Macri y Trump. Esa ventaja fue determinante para una rápida concesión de un crédito stand-by por 50.000 millones de dólares, luego ampliado en 6300 millones. Pero la percepción de dificultades que comenzaron a manifestarse a poco de iniciarse los desembolsos generó incomodidad en los funcionarios intervinientes. Al haber recibido acusaciones de haberse apartado de los estatutos del FMI, acentuaron su rigor en la aprobación de los últimos desembolsos, y quedaron 12.300 millones de dólares sin transferirse.
El 1° de octubre de 2019 asumió el cargo de directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, en reemplazo de Christine Lagarde. La nueva funcionaria provenía de una carrera exitosa en el Banco Mundial, principalmente en el área ambiental. Su orientación económica se mostró más próxima a la del ministro Martín Guzmán y su mentor,
Joseph Stiglitz, y esto se hizo notar en el acompañamiento que brindó a sus medidas y en el apoyo en su negociación con los bonistas.
Por sus estatutos, el FMI no otorga quitas, sino que solo modifica plazos. Todo lo que podía ganarse a los acreedores privados significaba un mayor espacio para responder en un menor plazo a la deuda con el FMI.
Ahora se iniciará la etapa de reestructurar los pagos al Fondo, y los objetivos de ambas partes están en oposición. El plazo máximo para devolver un crédito stand-by es de 36 meses. No se cumplirá y durante la renegociación subsistirá el temor de los funcionarios internacionales de ser nuevamente acusados de no asegurar la capacidad de devolver los préstamos.
Llegó la hora de la verdad y la única alternativa pasa por un programa que asegure solvencia fiscal suficiente para cumplir con el repago en un plazo aceptable. Ese escenario no es el propuesto en el proyecto de presupuesto para 2021 que prevé un déficit primario del 4,5% del PBI, que, sumado a los intereses, superará el 6% del producto. En esta hipótesis no solo no hay capacidad para disminuir la deuda, sino que tendrá que aumentarse. Guste o no, el FMI ahora pondrá condicionamientos.
Aunque Kristalina Georgieva haya declarado que no pedirá una reducción del gasto, no se advierte otra alternativa. No hay espacio para un aumento de la presión impositiva, ni se podría salir del rojo fiscal en un tiempo razonable por el solo crecimiento de la economía.
No se puede forzar la aritmética. Será inevitable un plan de ajuste, utilizando el lenguaje internacional.
El Gobierno deberá elaborar un programa económico coherente que permita recuperar los equilibrios macroeconómicos; entre ellos, una más acelerada convergencia fiscal. Las autoridades nacionales deben entender que no se tratará solo de llenar planillas y mostrar proyecciones graficadas en colores. El programa deberá ser puesto en ejecución, lo que requerirá también un compromiso político de alcance parlamentario, ya que será necesario legislar en materia administrativa, desregulatoria, impositiva y laboral, no solo presupuestaria. Si esto ocurriera sería probable realizar los desembolsos pendientes, pero habrá un monitoreo del FMI seguramente más estricto que las revisiones anuales del artículo IV de su estatuto.
El camino virtuoso que haga posible cumplir con los compromisos externos tendrá necesariamente que mejorar la competitividad, incrementando la productividad laboral y reduciendo los sobrecostos salariales y el riesgo de contratar un trabajador formalmente. Será imprescindible recuperar la confianza para inducir inversiones y crear empleo privado que permita absorber el exceso de empleo público. Se deberá reducir la presión impositiva acompañando la disminución del gasto público. Se deberán potenciar las exportaciones tras una política de apertura externa y acuerdos de libre comercio.
Este cuadro no concilia con las políticas y medidas que el actual gobierno ha venido aplicando en sus primeros nueve meses. Y no nos referimos a las relacionadas con la pandemia, que en todo caso han agravado las consecuencias e impulsaron al Gobierno a atacar instituciones abusando de decretos de necesidad y urgencia.
Si el FMI y el gobierno argentino comprenden que la negociación que inician solo tiene sentido si el acuerdo va más allá de lo puramente fiscal, entonces ambos lograrán el éxito de un acuerdo cumplible. Si así fuera, también los argentinos tendríamos el enorme beneficio de haber transformado la crisis en una oportunidad para salir de la decadencia.