Las tomas de mapuches tensan el clima en los alrededores de Bariloche
Cesó una usurpación en tierras del ejército, pero no cede la violencia
Apenas una tregua en un conflicto sin final: el grupo mapuche que ocupó el predio de la Escuela Militar de Montaña, en San Carlos de Bariloche, dejó la zona después de la intervención judicial, pero mantiene el reclamo por la propiedad de las tierras.
Cerca de allí, en Villa Mascardi, continúa la toma de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en medio de infructuosas negociaciones y un clima de violencia. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, negó a la nacion que se analice una oferta a los usurpadores de cederles parte de los terrenos a cambio de paz social.
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– El conflicto por las tomas de tierras en la Patagonia se reavivó ayer por las diferencias entre los gobiernos nacional y provincial por la ocupación de tierras en Villa Mascardi, el intento de tomar un predio del Ejército y la denuncia de destrozos en propiedades de la Iglesia.
La situación motivó las críticas de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien acusó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de otorgar tierras “con demagogia abusiva”. De esa forma, la mandataria apuntó contra un organismo del gobierno nacional, cuando se mantienen abiertas todavía las negociaciones por las tomas en Villa Mascardi. Carreras criticó el accionar del organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, frente a la ocupación de una propiedad del Ejército por parte de un grupo que se identifica como mapuche.
“Es un predio del Ejército destinado a un parque central para los turistas y barilochenses”, explicó Carreras en diálogo con CNN Radio.
En medio del conflicto, el gobierno nacional aclaró ayer que no ofreció ni puso sobre la mesa de negociación la opción de ceder parte de las tierras ocupadas por los mapuches en Villa Mascardi. “Es falso. No ofrecimos nada porque no tenemos competencia para hacerlo”, dijo a la nacion la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
La responsable de Seguridad buscó así terminar con las versiones que la ponían en el centro de la escena como responsable de poner sobre la mesa de negociación con la comunidad Lafken Winkul Mapu algunas de las hectáreas que tomaron y que despertó la bronca de los vecinos que se movilizaron en varias oportunidades para reclamar el desalojo de las tierras.
“Es algo que no puede hacer el ministerio. Nunca ofrecimos tierras. Hay gente que puede tener intereses particulares”, agregó Frederic, que anunció el despliegue de un dispositivo de seguridad que incluye el patrullaje de la Gendarmería y un anillo digital para el control vehicular. Las versiones indicaban que Frederic había activado una negociación con las comunidades mapuches en la que había ofrecido tierras a cambio de que no ataquen a los vecinos de la zona. La ministra desmintió finalmente ese rumor.
La comunidad mapuche se instaló a fines de 2017 sobre un sector del parque nacional frente al lago Mascardi, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, sobre la ruta nacional 40 que va a El Bolsón. A partir de la movilización social, se armó una mesa de negociación que integran los mapuches, los vecinos, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el gobierno nacional y el provincial, a cargo de Arabela Carreras.
La intención de la Casa Rosada es lograr un acuerdo para evitar el uso de violencia. Es que, en medio de un intento de desalojo, a fines de 2017, perdió la vida el joven Rafael Nahuel. Desde aquel momento se registraron varios hechos de violencia y el avance de este grupo sobre otras propiedades y la misma costa del lago Mascardi.
Uno de los próximos pasos sería la instalación de cámaras de seguridad y lectores de patentes sobre la ruta para lograr la identificación de los responsables en los casos de vandalismo. Si bien hay numerosas causas abiertas desde 2017 por los incendios, robos y saqueos, hasta el momento no hubo sentencias concretas. Y si bien los vecinos apuntan a los integrantes del lof, la comunidad insiste en la presencia de “infiltrados” y agresiones recibidas.
En este sentido, la Justicia rionegrina resolvió hace poco la unificación de una treintena de causas para avanzar con la investigación de las diferentes denuncias por hechos de robo, hurtos, amenazas y daños, que están a cargo de la fiscal Betiana Cendón. Por su parte, la causa por usurpación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.
Si bien se desconocen los detalles de la propuesta que maneja la mesa de resolución integrada por los ministerios de Seguridad, Ambiente, Justicia y la provincia de Río Negro, habría varias exigencias por parte de la comunidad para poder arribar a un acuerdo aunque no hubo avances concretos aún. Entre las peticiones estaría el reconocimiento del espacio considerado sagrado donde los integrantes del lof.
El fin de semana pasado una nueva marcha convocó a una caravana de 350 vehículos para reclamar el desalojo de la comunidad que ocupa tierras en Mascardi.