La Justicia anula el cierre de Madrid por afectar “libertades fundamentales”
El Tribunal Superior de la región rechazó la medida del Ministerio de Salud; el gobierno podría imponer el estado de emergencia
MADRID.– El gobierno madrileño recibió ayer el respaldo de la Justicia en su tironeo con el gobierno central por las restricciones impuestas en esa región española, la más golpeada por el rebrote de coronavirus, en una disputa jurisdiccional entre fuerzas de distinto signo.
Seis días después de su aplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó ratificar la restricción de movilidad que afectaba a 4,5 millones de personas de la capital y nueve municipios de la región de Madrid.
Desde el viernes pasado, los residentes en estas zonas solo podían salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.
El tribunal alegó que estas medidas, impuestas por el Ministerio de Salud pese al rechazo del gobierno regional, afectan “los derechos y libertades fundamentales” y que la ley utilizada como amparo no permite limitarlos.
El confinamiento parcial había llegado tras un intenso conflicto entre el gobierno central, del presidente socialista Pedro Sánchez, y las autoridades conservadoras de Madrid, que se oponían a las restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.
La Justicia coincidió así con la apreciación de funcionarios regionales de resistir las medidas en medio de uno de los más preocupantes brotes de Europa.
El tribunal admitió “la gravedad de la crisis sanitaria sin precedente” que sufre el país y “la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces”, incluso “limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance”. Pero esto no puede hacerse mediante “ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley”, indicó.
La decisión dejó sin efecto la facultad de la policía de multar a quienes salgan de sus municipios sin justificación. Por otra parte, dejó a los madrileños sin saber si pueden viajar a otros lugares para este fin de semana largo, que es feriado nacional.
“Hay una gran confusión porque yo, ahora mismo, no sé si estoy infringiendo o no estoy infringiendo una norma”, dijo Carlos, un jubilado de 70 años. Algunas restricciones no se vieron afectadas por el dictamen, como el límite de seis personas a toda congregación y límites a la clientela de restaurantes, bares y negocios, todas normas que figuraban en la disposición vigente desde el viernes pasado.
Madrid se encuentra en el centro de una impasse entre las autoridades centrales y regionales y que tiene irritada a gran parte de la ciudadanía, que considera que los dirigentes se preocupan más por sus disputas políticas que por detener la enfermedad.
La región registra unos 700 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, frente a los 300 casos por 100.000 del resto del país, que ya es uno de los más castigados de Europa.
Desde Argelia, donde había acudido en viaje oficial, Sánchez abogó por “continuar con estas medidas” y no descartó recurrir al estado de alarma que ya aplicó durante el severo confinamiento de marzo a junio. “Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos encima de la mesa para doblegar la curva”, dijo el presidente.
Sánchez, en permanente contacto con el ministro de Salud, Salvador Illa, señaló que antes debe analizar la decisión judicial y, sobre todo, escuchar al gobierno regional, que conduce la conservadora Isabel Díaz Ayuso, quien hizo la presentación a la Justicia para impugnar las medidas.
Díaz Ayuso, figura destacada del Partido Popular, reivindicó el fallo judicial como un respaldo a sus posiciones. Pero al mismo tiempo recomendó limitar sus movimientos frente al fin de semana largo.
“Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias”, dijo en una comparecencia en la que también pidió al gobierno central negociar “unas medidas sensatas, justas y ponderadas”.
Desde el 21 de septiembre, el gobierno de Díaz Ayuso había instaurado medidas para limitar los movimientos en algunos barrios de Madrid y de los municipios cercanos donde la incidencia del virus era particularmente alta.
Díaz Ayuso destacó que estas medidas, implantadas principalmente en barrios obreros del sur de la capital, estaban empezando a dar resultados y consideraba innecesario un cierre generalizado de la ciudad.