Las masacres de bandas armadas renuevan la espiral de violencia en Colombia
Bandas narcos, guerrilleros reconvertidos y otras organizaciones libran sus propias guerras en zonas vulnerables
Una masacre en el norte. Otra en el sur. Otra más en el este del país. En la frontera con Ecuador o en la frontera con Venezuela. Violencia sin límites.
Cientos de colombianos se desangran a manos de bandas criminales que merodean en las zonas más vulnerables del país, dejadas a la buena de Dios y sin más esperanza entre los aterrorizados vecinos que rogar que sus verdugos se vayan de una vez o se liquiden entre ellos.
En lo que va del año murieron al menos 263 personas en 66 masacres, una epidemia que se agregó a la del coronavirus y para la cual, según los críticos, el gobierno de Iván Duque no ofrece respuestas satisfactorias.
Bandas narcotraficantes, guerrilleros reconvertidos o en ejercicio, y otros bandoleros al acecho libran sus propias guerras en estas regiones sin ley, donde se hizo un vacío de poder tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las masacres aumentaron este año en número y escala, cuando todo hacía pensar que, después de los trabajosos acuerdos de paz de 2016 –que pusieron fin a las correrías de las FARC desde la década de 1960–, lo que vendría sería un período de relativa calma.
“No podemos seguir poniendo muertos en una guerra que no nos pertenece y que con el pasar de los días se agudiza”, dijo la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), luego de que tres de sus miembros fueron asesinados en el departamento de Nariño.
¿Pero qué hace diferente este 2020 de los tres o cuatro años anteriores, cuando ya no estaban las F AR C ?¿ Porqué las masacres re tomaron su cauce? en estos años nunca faltaron las víctimas, sobre todo líderes sociales y excombatientes que adhirieron al proceso de paz.
Pero ahora hay más: un vacío que nadie termina de ocupar y una fértil cantidad de negocios ilícitos que despertaron los instintos sin barreras de las nuevas mafias locales y que intentan dominar a la fuerza su radio de acción.
“Cuando un actor hegemónico se va de escena, como sucedió con las FARC, se dan períodos de reacomodo criminal de unos dos años, en promedio, hasta que otro grupo criminal les gana a todos y se vuelve hegemónico”, señaló a
el analista político Ariel la nacion Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Pero eso no está pasando. Ninguna fuerza impuso su autoridad a las demás, no las sacó de circulación. Se dio en cambio un “empate técnico negativo”, dijo Ávila, una guerra de trincheras donde nunca asoma un vencedor. No existe la pax romana en la realidad colombiana.
“Nadie le gana a nadie en varias zonas del país y por tanto la emprenden contra los civiles. Un grupo armado llega a una zona y dice: ‘Bueno, ustedes apoyaron a tal otro grupo’. Los torturan, los matan, al día siguiente van a otro poblado y hacen lo mismo”, indicó Ávila.
A eso se agrega, señaló, la insuficiente respuesta del gobierno de Duque, que asimila casi todas las criminalidades al narcotráfico. Y también la cantidad de negocios ilícitos a disposición de cualquier criminal con ambiciones y un fusil que lo ayude a abrirse camino. Esos negocios incluyen el narcotráfico, claro. Después de cinco décadas de “guerra contra las drogas”, el país sigue siendo el principal productor mundial de cocaína.
Pero también asoma la minería ilegal de oro, un nuevo filón en la vida delictiva del país. Y el tráfico de personas, una empresa que se hizo fuerte a partir de la diáspora venezolana. Más de un millón fueron a Colombia.
Vínculos
Según la lógica del gobierno, la solución al rebrote de la violencia estaría en terminar con las siembras ilegales de coca, de una vez, rociándolas con glifosato. Se trata de un herbicida potencialmente cancerígeno, cuyos vuelos fueron suspendidos en 2015, durante el gobierno Juan Manuel Santos, que también negoció los acuerdos de paz.
“Hay muchos elementos que se están analizando. Hay vínculos que no se pueden desconocer entre coca y violencia, entre coca y asesinato de jóvenes, entre coca y asesinato de líderes sociales, entre coca y deforestación. Por esa razón, el gobierno está actuando con gran prioridad para disminuir los cultivos ilícitos”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Según la analista política Laura Gil, que recientemente organizó un seminario sobre el proceso de paz, el gobierno colombiano prefiere reducir la complejidad de las masacres. “Es una estrategia para derechizar el país, para radicalizar el país. Dicen que nos toca mano dura y volver a las fórmulas del pasado, fórmulas que por lo demás habían fracasado”, dijo a la nacion.
Los expertos en temas de violencia y, sobre todo, los vecinos afectados por la lógica de la ola criminal quieren una presencia efectiva del Estado, como se prometió en los acuerdos. Contener la violencia y, al mismo tiempo, establecer una presencia institucional.
“En eso Colombia es como el resto de América Latina, como debe ser también en la Argentina”, concluyó Ariel Ávila. “Somos muy buenos para empezar las cosas, pero no para terminarlas. Es nuestra tragedia, digamos”.