Mascardi: sigue el reino del revés
En lugar de bregar por la aplicación de las leyes, existen funcionarios que, de manera escandalosa, se arrogan decisiones sobre bienes públicos y privados
La situación en Bariloche sigue siendo sorprendente. Hace apenas un mes publicamos en esta columna editorial “El reino del revés”. Destacábamos allí que un grupo de violentos encapuchados autodesignados comunidad Lafken Winkul Mapu incendió cabañas, atacó a vecinos y usurpó varias hectáreas del emblemático Parque Nacional Nahuel Huapi. Ello dio lugar a una manifestación pacífica de ciudadanos locales que presentaron un petitorio para solicitar que el gobierno nacional asegurara la libre circulación de la ruta nacional 40, retomando su poder de custodia, y que se cayera con todo el peso de la ley sobre los que decidieron tomar ilegalmente su control. Paradójicamente, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal contra los organizadores de esa manifestación, acusándolos de una “posible comisión de delitos”.
Pocos días después, el vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquimán, fue retenido en un control que realizaban la comuna de Bariloche y la policía de Río Negro: trasladaba a una familia mapuche hasta el sitio donde se producía la toma de tierras en Villa Mascardi. El propio funcionario reconoció los hechos, pero se negó a explicar el motivo del traslado de esa familia y tampoco brindó detalles de las irregularidades documentales que los inspectores detectaron en el vehículo. A ese funcionario público le paga el sueldo el Estado argentino.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma, quien debería resguardar las áreas protegidas bajo su gestión, afirmó: “Tenemos en Parques el mapeo de áreas de ocupación histórica de varias comunidades y hay que implementar y cerrar ese proceso con la entrega definitiva de los títulos de propiedad comunitaria (...); en el caso de las comunidades que no tenían ocupación histórica, el Estado nacional, junto con el provincial, tiene que proveer las tierras necesarias para el desenvolvimiento y el desarrollo de la comunidad que está haciendo ese reclamo. Es decir que si hallamos una comunidad que encuentra su autodeterminación desde el punto de vista de la identidad como primera nación, como pueblo originario, el Estado tiene que proveer la tierra”. Este funcionario no ha reparado ni en las usurpaciones, ni en los incendios intencionales, ni en los saqueos de bienes públicos y privados. Tampoco, en los ciudadanos argentinos que han sido despojados de su propiedad, ni ha condenado –y ni siquiera mencionado– los daños producidos en el Parque Nacional Nahuel Huapi con la quema de árboles centenarios y la destrucción de infraestructura.
La noticia, conocida ayer respecto de que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, negocia con la comunidad Lafken Winkul Mapu que conserve parte del territorio que ocupa a cambio de cesar con la violencia resulta tan peligrosa como inaceptable: se entregarían tierras públicas como producto de la extorsión de quienes comenten un delito.
El secretario de Articulación Federal de la cartera que comanda Frederic, Gabriel Fuks, ya había insistido en la búsqueda de un “proceso de pacificación con el objetivo de bajar los niveles de violencia y generar herramientas de convivencia” con quienes solo han demostrado violencia y ningún respeto por las normas constitucionales. A ese funcionario público también le paga el sueldo el Estado argentino.
Se trata de una ocupación de tierras por parte de un grupo de personas encapuchadas, que no se consideran argentinas, que actúan con violencia y usurpan propiedades privadas, que se autodenominan una nación y pretenden un territorio vastísimo en áreas muy ricas del país.
Ante la inacción del Estado nacional, centenares de personas realizaron una nueva manifestación pública con el lema “Bariloche abraza a Mascardi”, en apoyo a vecinos de la villa, que sufren esos graves ataques, y reiteraron al gobierno nacional su pedido para que resuelva el conflicto por la toma de tierras y defienda al Parque Nacional Nahuel Huapi.
El conflicto de Mascardi lleva años y no resulta independiente de otras tomas de tierra que han venido sufriendo propietarios legítimos en la Patagonia, que tampoco han sido amparados por las autoridades. En todos los casos, se trata de usurpadores que siembran el terror frente a un Estado que permanece ausente y resulta funcional a los intereses de quienes violan las leyes.
Tal vez no se tome dimensión de los efectos que esta impunidad pueda tener sobre la actividad económica local y nacional. Junto a las Cataratas del Iguazú y los glaciares, el Nahuel Huapi ha sido siempre uno de los parques nacionales más visitados en nuestro país.
No se trata de comunidades originarias, como bien reconoce nuestra Constitución al establecer que corresponde al Congreso admitir la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, así como reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Se trata de delincuentes que usurpan tierras públicas y privadas, que, además, causan un grave perjuicio a las auténticas comunidades originarias.
Al mismo tiempo, se han registrado denuncias por tomas de tierras en otros parques nacionales, y las autoridades de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche presentaron una denuncia ante el juzgado federal de esa ciudad por usurpación de tierras del Estado junto al arroyo Gutiérrez, por parte de una supuesta comunidad mapuche. Lo curioso es que el INAI habría determinado la cesión del predio ubicado a la vera del arroyo Gutiérrez, situación que no estaba en conocimiento del Ejército.
Se requiere una urgente intervención de las autoridades para el desalojo de estos intrusos en el territorio público y privado argentino –incluso en zona de frontera–, a fin de lograr el prioritario objetivo de hacer cesar la comisión de estos delitos contra la propiedad, la soberanía y las instituciones de la República. La silenciosa inacción –y en muchos casos la acción concreta– de funcionarios públicos debería analizarse para determinar si incumplen el deber de defender la soberanía de nuestro país y las normas de nuestra Constitución.