Intiman a 102 countries para que se regularicen
Son parte de los 230 barrios privados no registrados como tales; el titular de ARBA, Cristian Girard, señaló que “dilatan la recategorización como una estrategia” para pagar menos
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ya avanzó en los últimos días sobre 102 de un total de 230 barrios privados que considera en “situación irregular”. La medida fue tomada luego de la polémica que se generó por los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que los countries y barrios cerrados “son prácticamente ocupaciones de tierra”, ya que “no están habilitados ni pagan impuestos”.
Tras la polémica que se generó por los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien afirmó que los barrios privados “son prácticamente ocupaciones de tierra”, ya que “no están habilitados ni pagan impuestos”, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) avanza sobre 230 de estos emprendimientos que se encuentran en “situación irregular” para el ente recaudador.
¿Qué significa eso? Que cuando ven el catastro, el terreno figura como baldío o tierra rural y por esas tipificaciones se recaudan menos impuestos que los que corresponderían, ya que a la tierra de country se le aplican otras alícuotas.
En diálogo con LA NACION, el titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que en estos casos “no hay evasión fiscal”, pero que los desarrolladores –que son los que abonan hasta que les pasan las partidas a los propietarios– “dilatan la recategorización como una estrategia” para pagar menos. “Es una puja entre el interés general de la recaudación y el interés particular del desarrollador. Pero desde 2018 tenemos la ley 15.038, que nos permite cambiar la tipificación, aunque el barrio no esté autorizado por la Provincia”, aseguró.
En total, hay 871 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Unos 568 se encuentran formalmente registrados ante la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOU) y tributan como countries. Otros 73 no están formalmente habilitados, pero tributan como tierra en desarrollo en el marco de lo que establece la ley 15.038. Finalmente, los últimos 230 no están registrados formalmente ni pagan impuestos como barrio cerrado (la mayoría paga como tierra rural sin mejoras o tierra urbana).
De esos 230, 102 fueron intimados a que se avengan a cumplir con lo que establece la ley 15.038 y tienen un plazo de 15 días para presentar un descargo o se aplicará de oficio el nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo. De ese grupo, diez ya presentaron un recurso judicial.
Otros 67 barrios cerrados serán intimados en los próximos días (ARBA está terminando de analizar cuál es el grado de desarrollo de esos emprendimientos para calcular el valor de la tierra en el marco de la ley). Por último, dentro del grupo de 230 emprendimientos en situación irregular, 61 fueron detectados satelitalmente y serán fiscalizados de manera presencial para evaluar su grado de desarrollo.
Según Girard, lo que buscan es que los desarrolladores “paguen lo que corresponde” y por eso “desacoplaron la recaudación para evitar que la demora en la habilitación de los barrios les impida recaudar”.
El propio funcionario admitió que con el crecimiento de las urbanizaciones cerradas se generó una “bola de nieve”, porque los desarrolladores salieron a vender con la autorización de los municipios, que dieron luz verde a la rezonificación, pero sin los estudios de factibilidad.
“En un mundo ideal, las autorizaciones de la Autoridad del Agua (ADA), la Autoridad Ambiental (OPDS) y la dirección territorial deberían haber estado antes, pero en muchos casos no se hicieron y eso dificulta la tarea de la Provincia, ya que es difícil hacer un análisis hacia atrás de impacto ambiental. Eso está en la cabeza de la ministra de Gobierno, María Teresa García. Trabajamos en coordinación, pero por otro carril con la posibilidad de aplicar de oficio el nuevo valor de la tierra”, cerró Girard.
Las declaraciones de Kicillof habían desatado un fuerte rechazo entre los desarrolladores privados, que cuestionaron la comparación con las tomas y destacaron la titularidad legal de las tierras. La oposición, por su parte, criticó que se ponía en duda la propiedad privada.