LA NACION

Nuevas organizaci­ones para los nuevos tiempos

- Juan Iramain Socio director de Infomedia

Un Borges apócrifo que escribiera hoy “El idioma analítico de John Wilkins” probableme­nte diría que los beneficios del Covid se dividen en: a) los chicos lavan los platos y se hacen las camas, b) bajó la polución ambiental, c) Mirtha ungió a Juana como sucesora, d) Arjona suspendió sus recitales, e) volvió el pan casero de masa madre, f) el Estado y el Gobierno hicieron evidentes sus niveles de in competenci­a, yg)surgie ron ciertas iniciativa s privadas esperanzad­oras. El autor quizá también haría notar que los puntos fyg guardan cierta relación entre sí. Y que estamos en el primer capítulo de una nueva historia.

Sobre el punto f, primero hay que distinguir incompeten­cia estatal de gubernamen­tal: se parecen pero no son lo mismo. Incompeten­cia estatal es la incapacida­d constituti­va que tiene el Estado para hacer ciertas cosas, sin importar quién gobierne. Por ejemplo, crear riqueza. No puede porque fue diseñado para otra cosa. Incompeten­cia gubernamen­tal, en cambio, es la torpeza de los gobiernos para hacer bien lo que sí se espera del Estado: impartir justicia, proveer servicios de salud, educación y seguridad, y generar las mejores condicione­s posibles para que los individuos puedan trabajar, producir y prosperar. Las dos incompeten­cias se alimentan entre sí: cuando el Estado se pone a hacer cosas para las que no está hecho, le salen mal, y de paso incrementa las chances de no hacer lo que debe. Administra (mal) una aerolínea y no logra controlar el delito.

Si la Argentina es competitiv­a en un sector de la economía, es en el agro. Nadie lo duda. Todo lo que sirva para atraer inversione­s para aplicar más tecnología al campo suma: genera más productivi­dad, lo que redunda en más recaudació­n fiscal. Más para repartir a los que menos tienen. Lo único que necesita el sector es respeto a la propiedad privada, reglas claras y razonabili­dad en la presión fiscal. Sin embargo, el Presidente anunció que resolvería los problemas de Vicentin, de larga data, estatizand­o la empresa. Los inversores, que ya considerab­an que la Argentina era campo minado, entraron en pánico. Aunque Fernández retrocedió ante la indignació­n social, el amague hizo lo suyo minando de nuevo la confianza. además, el sector más ideologiza­do del Gobierno aprovechó para defender el vandalismo de los silobolsas con argumentos surrealist­as. Grave error.

En estos días de pandemia, miles de individuos descubrier­on que podían trabajar desde sus casas, conectados a internet, sin necesidad de viajar horas hacinados en trenes, colectivos y subtes. Varias organizaci­ones empezaban a sentirse a gusto con la idea. Menos gastos, menos traslados, menos polución. Además, una pyme de Munro podía emplear a un vecino de General Acha o Cañada ombú con cierta flexibilid­ad. Una nueva oportunida­d de promover además el federalism­o. Pero no: el Congreso aprobó en pocos días una ley de teletrabaj­o que agrega rigidez a las formas de contrataci­ón y des anima a las compañías que empezaban a entusiasma­rse. Pergolini haría célebre su opinión sobre los senadores y diputados que apoyaron la ley: “Son un grupo de imbéciles”.

Si se quiere atraer inversione­s y proteger el valor de la moneda, nada como dar certezas. No muchas, las básicas: que la propiedad privada va a ser inviolable, que el capital va a poder moverse más o menos libremente y que la Justicia va a ser independie­nte de los demás poderes del Estado. Nadie invierte donde reina la arbitrarie­dad. El Presidente busca animar el espíritu aventurero de los empresario­s con frases amistosas sobre la nueva Argentina productiva, inclusiva y federal. Parece no advertir que su gobierno envía señales alarmantes sobre la legitimida­d de la toma de tierras; refuerza el cepo, que impide mover dólares libremente, e impulsa iniciativa­s al menos sospechosa­s que impactan en el Poder Judicial. El perfecto autoboicot.

Pero no todo lo que pasó en estos meses es malo. Además del acuerdo con los bonistas sobre el pago de la deuda soberana –un logro del Gobierno–, apareciero­n iniciativa­s de ciudadanos u organizaci­ones que podrían ser una luz al final del túnel. El valor de estos proyectos no depende tanto de su efectivida­d, sino del paradigma disruptivo que los anima: somos mayores de edad, no necesitamo­s de papá Estado para resolver todos nuestros problemas. A pesar de su obviedad, es una idea nueva para nosotros. Y su potencial es todavía desconocid­o para el país.

En el lejano marzo, cuando inaugurába­mos la cuarentena, los más vulnerable­s ya empezaban a sentir hambre. El Gobierno hacía eviden

Iniciativa privada para resolver un problema social: raro en la Argentina

te su impericia para comprar y distribuir alimentos y el problema no podía esperar. Entonces, un grupo de personas y organizaci­ones religiosas, sociales y empresaria­s se organizó bajo el nombre de #Seamosuno y encararon el problema con eficacia. Con todos sus procesosde­do naciones, administra­ción, compras y logística auditados por Deloitte, EY, KPMG y PWC, llevan distribuid­os millones de cajas de alimentos y productos de higiene en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Gobierno solo indicó en qué localidade­s estaban las mayores necesidade­s. Iniciativa privada para resolver un problema social: raro en la Argentina.

La inactivida­d forzada de sectores enteros generó un problema serio en las empresas: caída abrupta de ingresos y dificultad para reducir costos fijos, agravada por la prohibició­n de despidos. Pero cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Los sectores que incrementa­ron su actividad durante la cuarentena tienen necesidad de personal extra y pueden absorber de manera temporal a empleados inactivos de otros. Unilever, General Motors, Mercado Libre, Le Pain Quotidien, Mcdonald’s, Burger King y la Cámara del Software, entre otros, firmaron diversos acuerdos que resolviero­n problemas a todas las partes y salvaron cientos de puestos de trabajo. El Gobierno se limitó a no entorpecer. Inusual.

Y hay un tercer caso, que es más simbólico que efectivo por ahora, pero que podría terminar siendo una bisagra en la historia argentina: el 21 de julio de 2020 se recordará como el día en el que lo más granado del establishm­ent empresaria­l y sindical conversó durante un ahora y media sobre el futuro del país sin que el Gobierno los hubiera convocado. Los miembros de AEA y la CGT sellaron su reunión de Zoom con un documento que parecía escrito por Churchill: le pedían al Gobierno una rebaja de impuestos y que llegara pronto a un acuerdo con los acreedores internacio­nales para darle previsibil­idad y competitiv­idad a la economía argentina. Absolutame­nte excepciona­l.

Si bien es cierto que una golondrina no hace verano, cuando aparecen varias en el cielo se acerca el cambio de estación. Podría estar pasando eso: que ya no se espera todo del Estado, que los individuos y las organizaci­ones empiezan a encontrar formas colaborati­vas eficientes, que aparecen nuevos estilos de liderazgo más imaginativ­os y horizontal­es. Si esta tendencia se profundiza, podría pasar que los públicos empiecen a exigir a las empresas y otras organizaci­ones lo que antes esperaban del Estado: que con ellas se coma, se cure y se eduque. Quizá sea tiempo de prepararse. El futuro se nos vino encima.

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