Impuesto a las fortunas: un largo debate con polémica
La oposición cuestionó la doble tributación y pronosticó impugnaciones judiciales
El kirchnerismo de la Cámara de Diputados se aprestaba a aprobar esta madrugada el impuesto a las grandes fortunas, en un debate tan intenso como extenuante. El proyecto de Máximo Kirchner propone gravar, con un impuesto extraordinario, las fortunas superiores a los $200 millones. La iniciativa, concebida como un “aporte solidario” para paliar los efectos de la pandemia, era rechazada por Juntos por el Cambio, que advirtió que el impuesto será impugnado por la Justicia por confiscatorio y porque implica una doble tributación.
En un debate tan intenso como extenuante, el oficialismo en la Cámara de Diputados se aprestaba esta madrugada a darle media sanción al proyecto de Máximo Kirchner que propone gravar, con un impuesto extraordinario, las fortunas superiores a los $200 millones. La iniciativa, concebida como un “aporte solidario” para paliar los efectos de la pandemia, era rechazada por Juntos por el Cambio, que advirtió que el impuesto, por confiscatorio, será impugnado por la Justicia.
Con movilizaciones frente al Congreso convocadas por La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas, los diputados oficialistas refutaron las críticas de la oposición. Insistieron en que el tributo solo recaerá en un universo acotado de contribuyentes y rechazaron que fuera a afectar el capital productivo de las medianas y pequeñas empresas, como alertó la oposición.
El debate, que arrancó al mediodía, devino un duelo de discursos encendidos a favor y en contra del proyecto, bautizado por el oficialismo un “aporte solidario y extraordinario” que se aplicará por única vez. Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y redactor de la iniciativa, estimó que con este gravamen se recaudarán $325.000 millones. “No es un proyecto que vaya contra nadie, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen”, insistió Heller, quien argumentó que “es falso de toda falsedad” que el nuevo tributo afecte al sector productivo. “Con este impuesto estarían alcanza das menos 10.000 personas, el 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron su declaración jurada en 2019. El 42% de estos contribuyentes tienen activos dolarizados, de los cuales el 92% están radicados en el exterior. Está claro que este aporte está lejos de gravar la actividad productiva”, sostuvo.
Desde Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (Pro) rechazó los argumentos de Heller y sostuvo que este impuesto es una “bomba de humo” que no persigue un fin recaudatorio, sino “un afán ideológico”.
“Se gravan activos productivos, depósitos, campos y los activos empresarios: es un impuesto a la inversión. ¿Cuál es la lógica de subir impuestos en medio de una recesión? Este gobierno, en lo que va de su gestión, subió 12 impuestos en el país más gravoso del planeta”, advirtió Laspina, quien advirtió que, por confiscatorio, este impuesto “gatillará una avalancha de juicios”.
Desde el oficialismo, Fernanda Vallejos y Marcelo Casaretto refutaron las críticas opositoras. “Este aporte significa un acto de reparación y un puntapié inicial para otros debates que permitan parir una Argentina con mayor igualdad”, sostuvo Vallejos. “Es un aporte de estricta justicia –sostuvo Casaretto–. No descapitaliza a las empresas, no afecta las inversiones”. Según el proyecto, el nuevo gravamen afectará los patrimonios de personas humanas a partir de los $200 millones, con una alícuota progresiva que se elevará al 2,25% en casos de fortunas de entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos y al 2,75% de 600 a 800 millones de pesos. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones de pesos; al 3,25% para fortunas de 1500 millones a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
El proyecto determina también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería, pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.
De acuerdo con las estimaciones de la AFIP, el tributo afectará un universo de poco más de 9000 contribuyentes.
“Este es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Esto que proponen es una salvajada tributaria”, asestó Javier Campos, de la Coalición Cívica. “Este proyecto es uno de los tantos agravios con sesgo claramente antiempresas y antiinversiones. Como lo presentan suena como una idea romántica para los inadvertidos. Estamos en presencia de un nuevo impuesto y es coactivo”, agregó, por su parte, el radical Luis Pastori. En la misma línea, Graciela Camaño rechazó el proyecto porque, a su juicio, “desalienta las inversiones privadas y genera inseguridad jurídica y desconfianza en el país”.