La presencialidad, clave para reducir la desigualdad educativa
El 16 de marzo pasado cerraron sus puertas todas las escuelas del país. Más de 11 millones de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario y casi un millón de docentes tuvieron que reinventar la escuela para seguir aprendiendo y enseñando desde sus casas.
Durante casi cinco meses se educó en aislamiento. Con excepción de unos pocos alumnos y alumnas de zonas rurales de Catamarca y Jujuy –que volvieron a las aulas solo por una semana a mediados de junio–, las escuelas de todo el país educaron sin ningún contacto presencial.
La conformación del consejo asesor para la planificación del regreso presencial en el Ministerio de Educación Nacional y la aprobación del “Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales” en el Consejo Federal de Educación marcaron el inicio de una nueva etapa.
Se sentaron las bases para planificar el regreso de cierta presencialidad. Algunas provincias avanzaron tímidamente habilitando a un pequeño número de estudiantes de zonas rurales para que volvieran gradualmente a clases presenciales.
Este es el caso de San Juan, Formosa, Catamarca, La Pampa y San Luis, donde recuperaron parte de la presencialidad entre el 0,1% y el 16% del total de estudiantes de cada provincia.
Esta segunda etapa estuvo marcada por la intermitencia. El protocolo aprobado por el consejo establece que las actividades presenciales solo pueden realizarse en territorios con baja o nula circulación del nuevo coronavirus y otorga la responsabilidad de aprobar o no los planes de retorno de cada provincia al Ministerio de Educación nacional.
Con el aumento de los casos positivos de Covid-19 en muchas provincias, algunas nunca arrancaron, como sucedió en Santiago del Estero y Tucumán, y otras tuvieron que dar marcha atrás en su planificación, como pasó en San Juan y Catamarca.
A su vez, la demanda expresada por la ciudad de Buenos Aires en relación con la necesidad de pensar el regreso a lo presencial tensionó estas decisiones.
Se empieza a evidenciar que la pandemia de Covid-19 no tiene una solución de corto plazo y que si se espera a que el nuevo coronavirus esté erradicado para volver a clases presenciales los efectos en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden ser dramáticos.
En octubre pasado se inició una nueva etapa. Se aprobó el “Marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico”, que introdujo dos novedades. Por un lado, creó un “semáforo” basado en criterios objetivos para definir el nivel de riesgo en cada territorio, delegando en las jurisdicciones la decisión de avanzar hacia la presencialidad.
Por otro, permitió la revinculación presencial a través de actividades no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, etc.) y actividades de cierre de ciclo para estudiantes de los últimos años de la primaria y la secundaria, de no más de 10 personas y preferentemente al aire libre, en zonas con circulación comunitaria del nuevo coronavirus.
Así, el ritmo de la vuelta a la educación presencial cambió. Mientras el 7 de octubre solamente había tres provincias y 23.600 estudiantes habilitados (0,2 por ciento del total del país), hoy, un mes y medio después de la nueva normativa, ya hay 13 jurisdicciones con 127.000 estudiantes (1 por ciento del total) habilitados para volver a clases presenciales.
Además se sumaron casi 4,9 millones (43 por ciento del total) con
Ya hay 13 jurisdicciones con 127.000 estudiantes habilitados para volver a clases
Esta autorización no significa que efectivamente estos alumnos puedan volver a las aulas
autorización para revincularse presencialmente con la escuela a través de actividades recreativas, de cierre de año o de apoyo escolar.
Esta autorización no significa que efectivamente todos esos alumnos y alumnas puedan volver a las aulas. El retorno es optativo y depende de la decisión y posibilidades de las familias, las escuelas, los distritos y las regiones. Más allá de estas limitaciones, es una buena noticia.
La presencialidad es una herramienta clave para que el Estado mitigue las desigualdades que la pandemia de Covid-19 profundiza. Cerrando el año y de cara al ciclo lectivo 2021, es clave planificar un retorno a las aulas montado sobre los pilares de la seguridad, la justicia educativa, la flexibilidad, la creatividad y la búsqueda de consensos sólidos entre todos los integrantes de la comunidad educativa.
La autora es directora del Programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)