Procuración: la mayoría del consejo de juristas se alineó con la postura de Cristina
Por seis votos contra cinco propuso reducir la mayoría agravada para designar al jefe de los fiscales; los expertos no se expidieron sobre el aumento de los miembros de la Corte
Por seis votos contra cinco, el consejo consultivo creado por alberto fernández para analizar reformas en la Justicia recomendó bajar la mayoría necesaria en el Senado para aprobar la designación del procurador. Hoy, la ley exige una mayoría de dos tercios para el nombramiento (mayoría que el oficialismo no tiene). Con el aval de Cristina Kirchner, el kirchnerismo está decidido a reducir esa exigencia. Esperaba el dictamen de esta comisión para avanzar.
El consejo terminó su trabajo a última hora del martes y le entregó el documento, que tiene más de 800 páginas, a Fabián Musso, el coordinador nombrado por Fernández.
El capítulo con las recomendaciones, al que accedió la nacion, no incluye propuestas para cambiar el número de miembros de la Corte, pero sí el del Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes deberían pasar, según la comisión, de 13 a 16.
En cuanto a la Corte, la mayoría recomendó que se dicte una nueva “ley orgánica” que regule el funcionamiento del tribunal y que se cree, por debajo de la Corte, un nuevo tribunal “intermedio”. También sugirió, por mayoría, principios que deberían tenerse en cuenta para futuros nombramientos de ministros: “paridad de género, integración federal y pluralismo ideológico”. Y aconsejó fijar “un plazo razonable para la resolución de las causas” que llegan a la Corte; especialmente, las penales.
El documento todavía no fue entregado formalmente al Presidente. La comisión espera dárselo en un acto, que hasta el momento no tiene fecha prevista. Según el plan anunciado por la Casa Rosada, con este documento en su poder, Fernández elaborará uno o más proyectos de ley para enviar al Congreso. El grupo de juristas empezó a trabajar en agosto y con el paso de las semanas, el tema del procurador (la forma de designación y la duración en el cargo) fue tomando cada vez más relevancia política, a medida que avanzaba la idea del kirchnerismo de modificar la ley.
El aval obtenido para este plan, no obstante, es ajustado. Votaron por flexibilizar la mayoría –y llevarla a mayoría absoluta de los miembros del Senado– los abogados Carlos Beraldi, que es el defensor de Cristina Kirchner; Carlos Arslanian, y Marisa Herrera; el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, y los jueces de las cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza). Por mantener los dos tercios, en cambio, se pronunciaron Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño, que fue candidata a procuradora de Mauricio Macri; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora ( jurista a quien el Presidente considera su “maestro”); el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego). El tema del Ministerio Público Fiscal fue el primero que debatió la comisión, pero esta mayoría se consolidó en los últimos días. Originalmente, Ferreyra no estaba de acuerdo con flexibilizar la mayoría requerida en el Senado y así lo había expresado.
En el entorno del constitucionalista explicaron que lo decidió a votar como lo hizo que la alternativa elegida (la mayoría absoluta sobre el total de los miembros del Senado) es un criterio previsto en el Constitución reformada en 1994 y que se propone que el procurador ya no sea vitalicio. Todos los miembros de la comisión, menos Gil Domínguez, se pronunciaron en favor de “la temporalidad” del mandato. Si es temporario, “resultaría incongruente y poco operativo mantener el actual sistema de mayorías [de dos tercios] para su designación”, afirmaron los seis consejeros que votaron por reducir la mayoría necesaria en el Senado. Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Herrera, Sbdar y Palermo sugirieron que el procurador sea designado por cinco años, renovables por otros cinco. Recomendaron, además, que la elección no sea “en años electorales”.
Battaini, Kogan, Weinberg y Bacigalupo, en cambio, no fijaron un plazo de duración del cargo, pero propusieron que sea el “suficiente para la implementación de una política institucional determinada” y coincidieron en que deberían evitarse “años electorales”. También, que el plazo que se establezca para el mandato sea “sin opción de renovación”. Gil Domínguez, que en este tema votó en soledad, argumentó que el cargo hoy no es eterno, sino hasta los 75 años, y que así debería seguir para no retroceder en materia de calidad institucional. Un dato clave es que todos los miembros de la comisión coincidieron en que debe mantenerse el juicio político como método para remover al procurador. Eso no propusieron flexibilizarlo. Quienes sostuvieron que deben mantenerse los dos tercios advirtieron que esta mayoría, tan exigente, evita que prevalezcan razones partidarias en la selección de quien será el jefe de los fiscales, y le permite contar con mayor legitimidad democrática. Esta es, justamente, la posición de Daniel Rafecas, el candidato a procurador que propuso el Presidente. Rafecas advirtió que él no asumiría si se modificara la exigencia de los dos tercios. Ni siquiera, si el cargo dejara de ser vitalicio para ser temporal.
Sin embargo, el kirchnerismo siguió avanzando desde el Senado para modificar la ley en ese sentido. Dentro del consejo de juristas, la posición que quedó en minoría alegó que las dificultades políticas de los Poderes Ejecutivos para conseguir los dos tercios no son motivo suficiente para flexibilizar esa mayoría. Una de las promotoras de este argumento fue la jueza Weinberg. Ella, justamente, no logró ser nombrada procuradora porque Macri no consiguió los dos tercios del Senado necesarios para aprobar su pliego. La comisión de juristas decidió no pronunciarse sobre el número de miembros que debe tener la Corte Suprema (entendió que no era parte de la tarea encomendada por el Presidente), pero, para descargar el cúmulo de casos que tiene el alto tribunal, la mayoría se pronunció por crear un tribunal intermedio entre la Corte Suprema y las supremas cortes provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Las opiniones estuvieron divididas en este punto. Algunos juristas propusieron que el tribunal intermedio tuviera competencia solo para temas del fuero federal; otros, que sea más amplia. Battaini, Kogan y Weinberg se opusieron a la creación de cualquier tribunal intermedio, con el argumento de que “menoscaba el sistema federal” y desconoce la autoridad de los superiores tribunales provinciales “como última instancia antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.