Tras el informe, el oficialismo acelera el paso
Mientras ultima los detalles del proyecto, ya convocó a la Comisión de Justicia
El pronunciamiento del consejo consultivo creado para proponer reformas al servicio de Justicia ofició de campana de largada para el oficialismo en el Senado, que volverá a reunir mañana a la Comisión de Justicia para avanzar con las modificaciones a la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa Cristina Kirchner.
Apurado por el final del período de sesiones ordinarias, el oficialismo tendrá que firmar dictamen ese mismo día si pretende aprobar el proyecto en la Cámara alta antes del 30 de noviembre. Después de esa fecha, solo podrá tratarlo si el Poder Ejecutivo habilita el tema.
Por eso, ayer ya trabajaban en despachos kirchneristas en la elaboración del despacho que impulsará el oficialismo, tratando de congeniar algunos borradores con las ideas plasmadas en el dictamen de la denominada “Comisión Beraldi” en su capítulo correspondiente al Ministerio Público Fiscal.
Por lo pronto, es casi un hecho que el oficialismo modificará la mayoría de dos tercios de los presentes del Senado que exige la normativa vigente para designar al procurador general.
Esa mayoría agravada es lo que mantiene bloqueada desde marzo la designación del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández como nuevo jefe de los fiscales. El mismo obstáculo le impidió a Mauricio Macri nombrar a Inés Weinberg de Roca.
Por una cerrada mayoría (6 a 5) el consejo consultivo propuso reemplazar esa exigencia por la mayoría absoluta de la Cámara alta, es decir la mitad más uno de sus miembros (37 votos).
Esta postura coincide con la idea con la que el kirchnerismo abrió el debate de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Cristina Kirchner sabe que con los 41 senadores que responden a sus órdenes no necesitará de molestas negociaciones con la oposición para designar al futuro procurador.
Lo que todavía se debate en el oficialismo es el mecanismo de remoción del procurador: se duda entre mantener el juicio político o reemplazarlo por un proceso limitado al Senado y, de ser así, restaría definir con qué mayoría.
Otro tema clave será el régimen disciplinario de los fiscales. La vicepresidenta quiere una mayor intervención de la política en el jury. Busca así alcanzar la destitución del procurador interino Eduardo Casal y el fiscal Carlos Stornelli.