Maduro abre el sector petrolero con una ley para eludir sanciones
Llamada “antibloqueo”, la norma le permite recibir inversiones de manera anónima y secreta y realizar privatizaciones sin control
CARACAS.– Cercado por las sanciones de Washington, el presidente socialista Nicolás Maduro abrió de par en par las puertas del golpeado sector petrolero de Venezuela a aliados como China con una controversial legislación que da carta blanca a inversiones bajo anonimato.
Los especialistas consideran que la llamada “ley antibloqueo”, presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, es el preámbulo de procesos de privatización sin control y terreno fértil para la corrupción.
“La ley antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!”, expresó días atrás Maduro, estimulando inversiones privadas en el sector energético para contrarrestar la batería de sanciones de Estados Unidos, que incluye un embargo petrolero vigente desde abril de 2019.
Con esta norma, que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar privatizaciones o esquemas de apertura preservando “el anonimato de aquellas personas o empresas” que negocien con su gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, según explicó el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.
La ley le da al gobernante la potestad de dejar de aplicar normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” por los efectos de las sanciones. Declara además “secretos y reservados” todos los actos derivados de su ejecución, sin fijar rendiciones de cuentas.
La estatal petrolera Pdvsa vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de cuatro décadas. La producción de Venezuela, de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años, ha sido menor a 400.000 barriles diarios en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930.
Teniendo las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país ha debido recurrir a buques cargueros de Irán en los últimos meses para paliar la aguda escasez de combustible. El “secretismo” de la ley antibloqueo es violatorio de la ley de nacionalización de la industria petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley a la Asamblea Nacional, dirigida por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
El Parlamento advirtió que quien llegue a acuerdos al amparo de esta ley, que califica de “instrumento paralegal”, podría incurrir en delitos como “asociación ilícita para delinquir” y “aprovechamiento de bienes provenientes del delito”.
Sin embargo, la Asamblea Nacional ha sido prácticamente borrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas sus decisiones tras declararla en desacato.
La oficialista Asamblea Constituyente, que tomó en la práctica sus atribuciones, tiene previsto cesar funciones en diciembre para dar paso en enero a un nuevo Parlamento, que se elegirá el 6 de diciembre en unas elecciones que Guaidó y los principales actores opositores decidieron boicotear por considerarlas fraudulentas.
Oliveros vislumbra inversiones provenientes de China y Rusia, principales acreedores de Venezuela, y otros aliados internacionales de Maduro, como Irán. De antemano, Maduro adelantó que está “abierto” a “ampliar inversiones” a “todo nivel de la industria energética venezolana” con China.
El mandatario responsabiliza a Washington del colapso de la industria petrolera venezolana, denunciando “un bloqueo criminal”, aunque expertos vinculan la situación con la falta de inversión, la negligencia y la corrupción.
Blanco de sanciones que buscan impulsar su salida del poder, el mandatario venezolano “ha estado aprendiendo” de sus aliados a “hacer movimientos de dinero sin que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés) se dé cuenta”, señala Oliveros.
No obstante, añade, será “difícil” para el gobierno socialista y sus aliados ocultar a la OFAC transacciones multimillonarias propias de la industria del petróleo.