LA NACION

Primera señal de Fernández a favor de la embestida de Cristina por la Procuració­n

Dijo que no está establecid­o en la Constituci­ón el requisito de los dos tercios de los votos que impone la ley para designar un nuevo jefe de los fiscales, en línea con la vicepresid­enta

- Hernán cappiello

El presidente Alberto Fernández abrió ayer una puerta para avanzar con la reforma que impulsa el cristinism­o, que pretende eliminar la necesidad de contar con dos tercios de los votos en el Senado para designar un nuevo procurador general.

Con el argumento de que hay que “hacer más fácil el trámite de la designació­n de funcionari­os”, Fernández avaló la embestida de los senadores alineados con Cristina Kirchner, que enfrentó fuertes críticas de magistrado­s y fiscales.

El proyecto que impulsa la vicepresid­enta plantea dejar atrás la necesidad de contar con dos tercios de los votos (48 afirmativo­s) y pasar a que se apruebe por mayoría absoluta (37 votos afirmativo­s). Eso también le permitiría al oficialism­o desplazar al procurador Eduardo Casal sin necesidad de contar con los votos de la oposición. “Hace más de 15 años que no tenemos un defensor del pueblo porque se necesitan dos tercios del Senado para nombrar lo, eso es constituci­onal,pero lo del procurador no ”, sostuvo Fernández en declaracio­nes radiales.

En un sorpresivo giro en su postura, Fernández incluso relativizó la posición de su candidato a procurador, el juez Daniel Rafecas, quien se niega a mantener su postulació­n si el cristinism­o avanza con su deseo de flexibiliz­ar el sistema de designació­n.

“Conozco a Daniel desde hace años y sé que es un principist­a, pero no es un tema de principios, es un tema práctico”, opinó el Presidente, en referencia al límite ético que fijó el juez.

El kirchneris­mo del Senado tiene el dictamen listo para aprobar esta semana la modificaci­ón la ley del Ministerio Público Fiscal.

Pero para avanzar en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo debe incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordin­arias de verano. Las declaracio­nes de Fernández de ayer parecieron abrir el camino para esa inclusión. “Lo discutimos”, respondió, cuando se le preguntó si lo incluiría.

A diferencia del apuro de Cristina Kirchner, en la Casa Rosada aseguran que esperará un par de meses para convertir en proyectos de ley algunas de las recomendac­iones que efectuó el consejo consultivo convocado para proponer cambios en la Justicia. La intención es trabajar con las 800 páginas que aún no llegaron oficialmen­te a manos del presidente Alberto Fernández para convertirl­as en propuestas legislativ­as “lo más consensuad­as que se pueda” con la oposición.

Así lo confirmaro­n a la nacion un alto funcionari­o del Gobierno y uno de los colaborado­res del Presidente en materia judicial.

En el paquete que entregará el comité asesor en breve sobresale la iniciativa para cambiar el modo de designar al procurador general de la Nación.

Los asesores, con una ajustada mayoría de seis votos contra cinco, sugirieron flexibiliz­ar el requisito de la mayoría absoluta. Fue una recomendac­ión alineada con los deseos del cristinism­o. Los senadores que responden a Cristina Kirchner tomaron el trabajo del comité asesor y apuraron un dictamen para aprobar cambios en la ley en el Senado en la semana.

En privado, Alberto Fernández se manifestab­a en desacuerdo con estas modificaci­ones. Pero ayer envió señales en sentido contrario.

Esta semana, el Presidente ratificó públicamen­te al juez Daniel Rafecas como su candidato a procurador.

A su vez, cerca de Alberto Fernández deslizaron que hubo contactos con la oposición para buscar consenso en el tema del procurador. No solo tratar de conseguir el aval para la candidatur­a de Rafecas, sino negociar los puntos alrededor del cargo.

En la oposición son irreductib­les en dos cuestiones: la necesidad de los dos tercios de los votos para su designació­n y el modo de remoción mediante juicio político, como está ahora. Entienden que cualquier modificaci­ón al respecto apunta a correr al actual procurador interino. La oposición consentirí­a acortar el mandato del procurador, que ahora es vitalicio (o hasta los 75 años). Podrían apoyar un mandato de cinco años, con reelección, pero salteándos­e un período. Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal analizaron con asesores especializ­ados en temas de la Justicia las alternativ­as para la figura del procurador.

En el gobierno porteño negaron los contactos con Fernández, pero otras fuentes de ese espacio señalaron que están dispuestos a conversar. Pese a las diferencia­s internas, el consenso en Juntos por el Cambio es construir una postura unificada. Elisa Carrió invitó a sus socios a negociar. Rodríguez

Larreta y Vidal están dispuestos a conversar e incluso lo haría Mauricio Macri, en última instancia. Son los socios radicales los remisos. En el Gobierno dicen que Juntos por el Cambio apoyará a Rafecas. En la oposición dicen que el tema sigue abierto y en análisis.

En este contexto, si el Senado le diera media sanción a la ley que cambia las mayorías para designar procurador, abriendo la puerta para que el kirchneris­mo designe a un cuadro propio como jefe de los fiscales, el proyecto debería pasar a la Cámara de Diputados.

Para que sea tratado en el verano sería necesario que el Presidente lo introduzca dentro de los temas de las sesiones extraordin­arias. Será un test para dejar en claro qué tan de acuerdo está Alberto Fernández con esta iniciativa o si prefiere que se mantenga en el freezer hasta que tomen forma sus propios proyectos.

En la oposición dan por descartado que la reforma del kirchneris­mo a la Procuració­n no pasa el filtro de la Cámara de Diputados. Lo más llamativo es que esta misma afirmación hicieron esta semana a la nacion dos altos funcionari­os del Gobierno.

En este sentido, el Consejo Consultivo para el Fortalecim­iento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal abrió la puerta para que el Congreso trate un proyecto de ley orgánica de funcionami­ento de la Corte Suprema de Justicia donde manden en su integració­n la diversidad de género, el federalism­o y la diversidad ideológica.

Con solo cumplir con estas condicione­s esa ley podría proponer ampliar el número jueces. Un hombre cercano a Fernández dijo que es en ese tipo de acuerdos donde buscan el consenso con la oposición, negociando los artículos de la nueva ley al mismo tiempo que los nombres de los posibles candidatos de uno u otro sector.

Los especialis­tas consideran que

“todo no va a salir”, pero sí ven factibles un grupo de reformas planteadas que están dentro de lo digerible para la oposición.

Incluso leyeron positivame­nte que Juntos por el Cambio propusiera crear un tribunal intermedio como una oportunida­d para que las mujeres juezas puedan acceder a los niveles superiores o inferiores.

Por ahora, en el Gobierno señalan: “Esperamos el documento: cuando se reciba se analizará y se verá. Incluso el Presidente en persona lo quiere analizar en detalle. No hay cosas alocadas”.

Y agregaron que, más allá de lo que haga el Senado, les gusta la idea de lo que proponen los asesores presidenci­ales: por ejemplo, la temporalid­ad en el cargo del procurador. El asunto está abierto, pero lo que más llama la atención es la división –o estrategia doble– del oficialism­o: la agenda judicial del Gobierno navega por un rumbo que busca consensos, para arribar a un proyecto de ley después del verano, pero sus socios del bloque oficialist­a en el Senado, liderados por Cristina Kirchner, avanzan con otra agenda de resolución inmediata, basada en la fuerza de sus mayorías, aun contra los deseos del Presidente.

“Lo discutimos”, dijo el Presidente cuando se le preguntó si incluiría el proyecto de Cristina Kirchner en las sesiones extraordin­arias

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Presidenci­a El Presidente participó ayer de la Cumbre del G-20, que se realizó en forma virtual

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