Trabajadoras sexuales denuncian el hostigamiento policial durante la pandemia
Un relevamiento de la Ammar, la asociación que las agrupa, registró unos 200 reportes de algún tipo de violencia o exceso en la intervención de las fuerzas en la vía pública
Detenciones arbitrarias, operativos desmedidos y discursos racistas y transfóbicos son algunos de los modos del abuso policial que se profundizaron durante la cuarentena, según la denuncia de las trabajadoras sexuales agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). “No puede ser que en este contexto que estamos atravesando la respuesta del Estado sea el atropello y la vulneración de los derechos”.
Un relevamiento de la propia organización resalta que se registraron unas 200 denuncias de algún tipo de hostigamiento o violencia policial hacia trabajadoras sexuales de todo el país. En la mayoría de los casos se trató de detenciones arbitrarias y de operativos “desmedidos” que incluyeron golpizas, tratos humillantes y el incumplimiento de la ley de identidad de género.
“Denunciamos el aumento de la violencia institucional en este contexto de cuarentena; hay mucho más hostigamiento hacia las compañeras, sobre todo del colectivo trans migrante. Con la excusa de que estamos violando el artículo 205 del Código Penal –figura usada para quienes no respetaran el aislamiento social preventivo y obligatorio–, la actuación de las fuerzas de seguridad ha sido brutal”, le explica a la nacion Georgina Orellano, una de las referentes de la Ammar.
Orellano destaca que las detenciones ocurren cuando no están ejerciendo el trabajo sexual. “Se concretan en todo momento en el uso del espacio público” como, por ejemplo, al salir a hacer compras o camino al comedor para buscar una vianda de comida, señala.
“Nunca está la posibilidad o la instancia del diálogo con los agentes para poder explicarles que las compañeras estaban regresando a sus casas o volviendo de una jornada de testeos. Los policías dan por hecho que estaban ejerciendo la prostitución por portación de cara, por ser trans o por ser migrantes. Esos operativos suelen durar de dos a tres horas, luego las llevan a las comisarías de la zona por averiguación de antecedentes y ahí pueden pasar hasta 12 horas detenidas”, se queja.
El 21 de septiembre, las integrantes de la Ammar se manifestaron frente al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad con el fin de visibilizar su reclamo y entregar en la Secretaría de Seguridad un petitorio que, entre sus reclamos principales, planteaba la necesidad de armar una mesa de diálogo con funcionarios de las comisarías de Once, Constitución y Flores.
“Esas son las zonas –justifica Orellano– donde se despliegan con más frecuencia estos operativos violentos. La mayoría de las víctimas no solo trabajan, sino que viven en esos barrios y sufren constantemente atropellos por ser, además de trabajadoras sexuales, extranjeras. Son paraguayas, ecuatorianas, peruanas, que denunciaron violencia verbal y física por parte de los policías, lo que refleja la mirada racista y homofóbica que todavía está enquistada en las fuerzas de seguridad”.
Al respecto, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad explicaron que la oficina de Transparencia y Control Externo interviene en todos los casos donde hay denuncias sobre la actuación policial. Asimismo, explicaron que también hay actuaciones sobre denuncias recibidas en el 911 por delitos como el narcomenudeo presuntamente realizados por trabajadoras sexuales.
Defensa de derechos
Yokhari Márquez trabaja en la esquina de Salta y Pavón, en Constitución. Su doble condición de extranjera y trans la volvió blanco recurrente de la violencia institucional. “Cuando
me cruzo con un policía ya sé que me va a parar por el solo hecho de ser quien soy. Tengo que vaciar la cartera y dejar que examine todas mis pertenencias, me tratan como si fuese una delincuente. También tengo que soportar que me digan que me vuelva a mi país. Hay mucho discurso xenófobo”, señaló.
Yokhari nació en Perú, pero hace 13 años que vive en la Argentina. En el último tiempo se acostumbró a ver a varias de sus compañeras tiradas en el piso antes de ser subidas a los patrulleros. “Es duro ver cómo les pegan sin motivos, pero más duro es no poder defenderlas. Si te metés, los policías también te atacan, te humillan, vulneran todos tus derechos. Siempre se la agarran con el más débil”.
Para Orellano, “el trato hacia las compañeras trans es muy violento, las requisan y las hacen desnudar en la calle, las atacan verbalmente”; lo atribuye a que un gran porcentaje de los miembros de las fuerzas de seguridad “desconocen el espíritu de la ley de identidad de género”.
“Los policías –agrega– te dicen: ‘Lo trato como masculino porque eso dice el documento’, entonces nosotras les tenemos que leer el artículo de la ley que explica que lo que se tiene que respetar es la identidad autopercibida. En muchos casos se sorprenden porque no lo sabían”.
Yokhari destaca la importancia de estar organizadas en la Ammar, porque “nos orientan y nos dicen que las prostitutas también tenemos derechos”.
Insiste: “Lo que hacemos es un trabajo, no un delito. Por el solo hecho de ser prostituta, la policía te vincula con la trata de personas o el narcotráfico; somos señaladas constantemente, pero no estamos a favor del delito. Las trans hacemos lo que hacemos para sobrevivir, si no ¿quién nos da para comer, para pagar el alquiler, para comprar los remedios?”.
En ese sentido, Orellano enfatiza: “Hoy la policía tiene una doble facultad porque, por un lado, te persigue con el artículo que dice que estamos violando la cuarentena y, por otro, están los códigos contravencionales que criminalizan el uso del espacio público”. Y concluye: “No puede ser que en este contexto que estamos atravesando la respuesta del Estado sea el atropello y la vulneración de los derechos. Lejos de conocer la realidad de las trabajadoras sexuales y de desplegar políticas públicas, lo que recibimos es más represión policial, más violencia institucional y más detenciones arbitrarias”.