La política del conflicto

SAN JOSÉ.– Entre 2013 y 2019 los grupos organizados en torno a determinados reclamos dejaron de utilizar los métodos tradicionales de protesta y negociación para adoptar el enfrentamiento como medio de presión. Cierres de vías y obstaculización del tránsito están ahora entre los recursos preferidos, concluye un estudio del Estado de la Nación divulgado esta semana. Métodos más moderados y respetuosos de la ley y los derechos ajenos, como las manifestaciones y marchas, pasaron a segundo plano. El propio informe señala razones para explicar el aumento en el uso de los métodos violentos y su extensión a todo tipo de grupos y reclamos: los bloqueos son fáciles de organizar y requieren de poca inversión. Sobre todo, ha habido un paulatino aprendizaje de los organizadores sobre su eficacia para abrir espacios de diálogo y negociación.

En ese último punto está la clave de un fenómeno ilícito, pero demasiado común y muy dañino para la convivencia y la adopción de políticas públicas rechazadas por diversos sectores, no importa cuán minoritarios. La fuerza no está en el número, sino en el violento secuestro del derecho ajeno.

EN su vertiente estadística, el estudio apunta a un rotundo fracaso del apaciguamiento. Hay una hora para la firmeza, pero una y otra vez el Estado no llega a la cita y abre las puertas al diálogo con personajes radicales, incapaces de imaginar una respuesta a los graves problemas nacionales y llenos de exigencias absurdas. El diálogo es un alto valor de la sociedad costarricense cuando se produce en el marco de la institucionalidad. Si se convierte en motivo de parálisis gubernamental frente al atropello del derecho ajeno y en premio para la violencia, no tiene valor alguno, salvo la circunstancial solución de un conflicto al costo de sembrar muchos más. En todo el planeta hay grupos que se sienten agraviados, pero pocos países toleran la manifestación de esas disconformidades por medios violentos, lesivos para los derechos de los demás.