En el sistema de salud esperan la reglamentación
El sector privado aún desconoce cómo será la dinámica que requerirá la intervención
¿Cómo se va a adaptar el sistema de salud público y privado a la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)? ¿Quién auditará que se cumplan los términos de la norma? ¿Y quién asumirá los costos económicos de la práctica en el sector privado, que hasta el momento se mantuvo al margen de la aplicación del protocolo que rige desde 2013? Tanto en el sector público como en el privado hay más especulaciones que certezas a la espera de que se reglamente la ley.
“Es una de las tantas prestaciones que se sancionan en el Congreso sin prever el verdadero impacto económico –señala Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS)–. Es prematuro para nosotros conocer la real incidencia. El costo va más allá del tratamiento porque la cobertura es amplia. Depende de las prácticas que se incluyan en la reglamentación, y hay que tener en cuenta que ya venimos bombardeados por la crisis del coronavirus. Tenemos que relevar qué profesionales lo van a hacer; cómo se los va a capacitar y cómo habrá que adaptar la infraestructura para esa nueva demanda. Todas las leyes tienen su espíritu en el Congreso y su forma real en la reglamentación”.
“Es difícil estimar el impacto del aborto. El monto de la práctica está establecido por nomenclador. No es tan elevado. En sí, es más económico un legrado que un parto, pero no es el único costo”, dice Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra). Y continúa: “Las prepagas deberán garantizar el acceso a las drogas que se autoricen, pero no es el único costo. Todavía no sabemos cómo van a ser los controles y los respaldos legales. ¿Quién va a auditar las semanas en las que se realiza la práctica? ¿Quién garantiza la seguridad jurídica del médico? ¿Y qué pasa si en medio hay una situación de abuso que debemos denunciar, sin que eso signifique judicializar el aborto?”.
Este medio pidió una entrevista al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para conocer si el sistema sanitario público está preparado para adaptar la ley, pero no hubo respuesta.
En 2018, cuando el proyecto legislativo solo fue aprobado en Diputados, el entonces ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, había asegurado que el sistema de salud público sí estaba en condiciones para asumir el costo que significaba legalizar el aborto. Y dos años más tarde, insiste: “Ahora, con la ley, lo más difícil será que todas las provincias adhieran y no obstaculicen las prácticas. No será algo automático y van a aparecer medidas cautelares que retrasen su implementación. Tomará un año, aproximadamente, que se aplique la ley de manera acabada. El marco legal ahora es claro, y eso también va a disminuir el temor de los médicos a realizar la práctica”.
Según el ex ministro, la ley no va a sobrecargar al sistema de salud. “Al contrario. Las complicaciones posteriores a prácticas clandestinas son hasta ahora lo más costoso. Los números que nosotros teníamos eran de 60.000 internaciones por complicaciones por aborto al año en todo el sector de salud. Esto bajaría más de diez veces, porque el aborto farmacológico y bien instrumentado no tiene prácticamente complicaciones”, opina Rubinstein.
En la ciudad, el año pasado se hicieron 8388 interrupciones legales del embarazo, según los registros de la Coordinación de Salud Sexual del Ministerio de Salud porteño. En el 92% de los casos, informan desde la cartera sanitaria, las prácticas se hicieron antes de la semana 12. “El aborto farmacológico es de bajo riesgo para la persona y de bajo costo para el sistema de salud. El mayor desafío será que el subsector privado de salud y las obras sociales hagan su parte, porque hasta ahora miraban para otro lado”, explican desde el Ministerio de Salud porteño.
En la provincia de Buenos Aires, entre enero y agosto de este año, se realizaron 7000 interrupciones, de las que 9 de cada 10 sucedieron antes de las 14 semanas de gestación, explica Sabrina Balaña, directora de Equidad de Género del ministerio de Salud provincial. Hace un año, solo 10 de los 77 hospitales provinciales aplicaban el protocolo. “Hoy son 56. También estamos trabajando con los cerca de 200 hospitales municipales y los 1900 centros de atención primaria de la salud, de los cuales hay 200 que hacen ILE. Tuvimos una reunión con Nicolás Kreplak [viceministro de Salud provincial] y se planteó la meta para que todos los efectores de salud tengan al menos un equipo que reciba y atienda estas situaciones. Esto no será algo automático y la realidad es muy dispar en cada municipio. Pero tener un marco normativo claro ayuda muchísimo”.
Objetores de conciencia
La objeción de conciencia es uno de los temas que más preocupa a quienes tendrán a su cargo implementar la ley. ¿Qué ocurrirá con los centros de salud de origen religioso? Según la ley, las instituciones no pueden ser objetoras y aunque todos sus profesionales lo sean, deben contar con un servicio para asistir a la mujer y contactarla con otra institución. “La derivación a otra institución es una forma de complicidad. Estamos muy apenados y tristes; sentimos que no fuimos tenidos en cuenta ni fue incorporada nuestra posición”, señala Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei. “Es como si alguien me pidiera que le disparara, y yo no lo hago, pero le doy el arma para que ella misma lo haga, o la derivo a otra persona para que lo haga. ¿No es complicidad?”, agrega.
Gerardo Perazzo es coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA) y cree que la ley es “indudablemente injusta”, que parte de una autonomía de la voluntad irrestricta, sin reconocimiento de la inviolable dignidad de cada ser humano. “Abandona el criterio de justicia e impone el aborto a todo el sistema de salud y educativo, en desmedro de la conciencia individual, institucional y familiar”, concluye.