Piden sobreseer a las mujeres con causas
Especialistas consideran que la ley debería activar el archivo de las denuncias
Las mujeres con causas penales en curso por abortos practicados dentro de las 14 semanas del proceso gestacional deberían ser sobreseídas por la Justicia en cuanto entre en vigencia la flamante ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sancionada el pasado miércoles por el Senado, según aseguraron especialistas consultadas por Télam.
“No es lo mismo que se archive la causa, hay que sobreseerlas”, enfatizó la abogada Soledad Deza, que representó a mujeres que pasaron por esta situación, como Belén, la joven tucumana que estuvo presa por un aborto espontáneo.
La ley votada esta semana establece que el aborto se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Voceras del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGYD) coincidieron con la abogada. “Siempre que los abortos sean compatibles con lo que se estipula ahora en la ley (antes de la semana 14 e inclusive), juezas y jueces que intervienen en esas causas tienen que actuar de oficio, es decir, no lo tiene que pedir nadie, y deben aplicar la ley penal más benigna, que es la nueva ley donde ya no es delito cometer un aborto antes de la semana 14”, detallaron.
En mismo sentido se pronunció una funcionaria del Ministerio Público Fiscal: “En esos casos no debería haber dudas”, enfatizó.
Desde el MGYD aclararon que la ley se aplica “a las causas en curso, donde hay personas imputadas por cometer, consentir o realizar un aborto, y también en aquellas donde ya se condenó a las personas”. También indicaron que “se extingue la acción penal por inexistencia de delito, es decir, que ya no se puede perseguir a esas personas y se libera a las que estén privadas de la libertad”.
Una causa en Salta
Por otro lado, un tribunal en Salta abrió el camino para una posible judicialización de la ley aprobada por el Congreso. Se trata del Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, que habilitó la feria de enero para tratar un pedido de inconstitucionalidad de la ley de legalización del aborto aprobada esta semana en el Congreso.
El pedido fue recibido por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal, quien pidió el tratamiento inmediato de la demanda.
En la presentación, los denunciantes sostienen que el protocolo aprobado es “inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.
Los demandantes sostienen también que “el protocolo se posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el art. 18 de la Constitución nacional, como matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados”.