La obscenidad del poder y la habilidad del demonio

Desde las redes sociales se viene reproduciendo una frase de asombrosa vigencia para cualquier argentino que haya seguido las noticias del ámbito político y judicial durante la última semana. Atribuida erróneamente a Don Quijote de la Mancha, la sentencia dice así: “Querido Sancho: compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca le darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona a piratas pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas”.

La citada frase no aparece en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra ni corresponde al estilo en que el ingenioso hidalgo se dirige a su escudero, san ch o panza. pertenece, en rigor, al showman y dramaturgo gallego Moncho Borrajo, quien en 2015 estrenó en varias ciudades españolas una comedia teatral titulada Moncho Panza. Borrajeando el

Quijote, que buscó acercar al espectador a la España contemporánea a partir de una reinterpretación del caballero andante de Cervantes. Acostumbrado a reflexionar sobre la actualidad española con un humor ácido y políticamente incorrecto, probablemente Borrajo se luciría en la Argentina, donde encontraría abundante material entre nuestros dirigentes políticos para sus satíricas creaciones.

La equidad y el decoro volvieron a sucumbir recientemente ante la obscenidad con la decisión de un juez de concederle a la vicepresidenta de la Nación el derecho a percibir dos elevadísimas jubilaciones de privilegio. Ocurrió justo el mismo día en que el Congreso sancionó una nueva fórmula para fijar los aumentos en los haberes del resto de los jubilados y pensionados. Este mecanismo de actualización no contemplará el ajuste por inflación, en momentos en que esta se aproxima a sus máximos valores y se estima en un 4% para el pasado diciembre. Cristina Kirchner pasaría a ganar el equivalente a unas 100 jubilaciones mínimas por mes, además de estar exenta del impuesto a las ganancias y de recibir unos 100 millones de pesos por pagos retroactivos e intereses.

A nadie le llamará la atención que ni la Anses ni la Procuración del Tesoro, a cargo de conspicuos dirigentes kirchneristas, apelen el fallo judicial. Tampoco sorprenderá que las organizaciones sociales acostumbradas a vivir de las prebendas estatales no pongan esta vez el grito en el cielo frente a semejante inequidad. La cadena de privilegios de la que goza la expresidenta ha quedado a la vista.

“La Argentina va a crecer en

2021. Pero no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, había dicho semanas atrás la expresidenta en el Estadio Único de La Plata. Mientras se queda con una apreciable tajada de la recaudación que la nueva ley promete distribuir entre los jubilados, la vicepresidenta reclama públicamente que salarios y jubilaciones “vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica”.

Las contradicciones de quienes abogan por un populismo red is tribucio ni s ta al tiempo que alimentan sus propios bolsillos con los recursos del Estado no terminan allí. Pese a que los últimos relevamientos del Indec confirman que, en 2020, el 49,3% de los hogares argentinos experimentó una reducción de ingresos, paradójicamente, según la AFIP, ese mismo año aumentó el número de trabajadores y jubilados que pagaron el impuesto a las ganancias: pasó de 1.990.000 a 2.259.000 personas. El dato de

2020 es más llamativo aún si se lo compara con el de 2015, cuando las personas alcanzadas por Ganancias eran apenas 1.194.000, por lo cual, en los últimos cinco años crecieron un 89%. Un fenómeno que solo puede explicarse por la falta de actualización del mínimo no imponible del tributo sobre las ganancias en función de la inflación. Es así como la Argentina tiene cada vez menos trabajadores en blanco, con ingresos cada vez menores en términos reales y que, sin embargo, abonan el impuesto a las ganancias, a pesar de que no pocos funcionarios de ayer y de hoy afirmaron que el salario no debía ser considerado ganancia. Por si esto fuera poco, la decisión del Gobierno de no ajustar el mínimo no imponible en Bienes Personales hará que más argentinos deban abonar este impuesto desde 2021 aunque su patrimonio no haya crecido.

El gobierno de Alberto Fernández no ofrece por ahora soluciones a los problemas de la economía. Apenas, una mínima capacidad para administrar las penurias con el fin de sobrevivir en el poder y llegar a las elecciones.

Algo parecido piensan los incondicionales de Cristina Kirchner respecto del Presidente en otra cuestión: la de los avatares del kirchnerismo en la Justicia. Alberto Fernández carece de la suficiente “vocación revolucionaria” que le reclama su vicepresidenta con el fin de cortar todas las cabezas de jueces que sean necesarias para terminar con sus problemas judiciales. Más allá de que el supuesto pacto de impunidad es de imposible cumplimiento por la mera voluntad del titular del Poder Ejecutivo, adláteres de Cristina sospechan que este no tiene mayores intenciones de concretarlo y que pretende postergar indefinidamente esa demanda para concentrarse en otros asuntos, como la instrumentación de la reciente legalización del aborto y el inicio del plan de vacunación contra el coronavirus.

Nadie puede saber hasta cuándo le perdonará Cristina Kirchner al Presidente que no cumpla con su imposible mandato de allanarle sus problemas en la Justicia. Pero sí dan cuenta del nerviosismo imperante algunas declaraciones hechas tras la confirmación por la Corte de la condena a cinco años y diez meses de prisión para Amado Boudou por la causa Ciccone y de la orden judicial para que el exvicepresidente vuelva a la cárcel.

Quien blanqueó el sentimiento dominante en el kirchnerismo fue Hebe de Bonafini, quien el jueves último, dirigiéndose a Alberto Fernández, afirmó: “Que no quede obnubilado con los aplausos del aborto y de la vacuna. No puede haber presos políticos en nuestra patria o políticos presos, porque así estamos dejando que un día también se la lleven a Cristina”. La titular de Madres de Plaza de Mayo sostuvo que “el Poder Judicial es un cáncer y la Corte Suprema es el cáncer mayor”, y que se lo debe “cortar de raíz y quemar el lugar para que se vaya el tumor”. La dirigente puso en palabras el pensamiento tan vivo como inconfesable de la líder del kirchnerismo cuando le pidió al Presidente que se ponga al frente de una “profunda reforma” del Poder Judicial y no de “parches” o de “un arreglito” con los jueces, para lo cual le reclamó “fuerza, voluntad, ganas y valentía”.

Corrida por los tiempos, Cristina Kirchner concentra sus energías en el armado electoral. Está convencida de que un buen resultado en las elecciones será el mejor blindaje para burlarse de los jueces, la nueva llave que la conduzca a la impunidad. Con Boudou advirtiendo que “vienen por Cristina” o con la expresidenta denunciando que es víctima de una persecución política, judicial y mediática, en la que los periodistas que investigan hechos de corrupción pertenecen a “grupos de tareas”, el fantasioso relato, que nada dice sobre los contundentes elementos de prueba que jueces y fiscales suman en su contra, ahora habla de “presos políticos”. Un nuevo caballito de batalla que apunta a convertir a los victimarios en víctimas y que recuerda que, como afirmó el poeta Charles Baudelaire, la mayor habilidad del demonio consiste en hacerle creer a la gente que no existe.

Alberto Fernández carece de la suficiente “vocación revolucionaria” que le reclama su vicepresidenta para cortar todas las cabezas de jueces que sean necesarias