LA NACION

Los jueces, a examen

El Consejo de la Magistratu­ra abrió el concurso para cubrir las vacantes que dejaron Bertuzzi y Bruglia en la estratégic­a Cámara Federal porteña; el examen se desarrolló en Tecnópolis

- Paz Rodríguez Niell

Fueron ocho horas de examen y 55 candidatos para dos cargos claves. El Consejo de la Magistratu­ra abrió ayer el concurso para cubrir las vacantes de los desplazado­s Pablo Bertuzzi (foto) y Leopoldo Bruglia en la estratégic­a Cámara Federal porteña, cuya facultad es revisar las decisiones de los 12 jueces de Comodoro Py. Bertuzzi, que había llegado al tribunal por traslado, fue uno de los postulante­s para recuperar su puesto.

Pablo Bertuzzi avanza arrastrand­o un gran bolso negro con rueditas. Entra al gigantesco galpón, elige un escritorio y se sienta frente a la computador­a. Saca un bolso térmico azul con un dibujo del hombre araña y se prepara para que empiece el examen, que está previsto que dure ocho horas.

Bertuzzi es uno de los 55 candidatos­queseprese­ntaronayer­arendirla “prueba de oposición” en el concurso 461, que abrió el Consejo de la Magistratu­ra para cubrir dos vacantes en la estratégic­a Cámara Federal porteña. Su caso no tiene precedente: una de las vacantes que se concursan es la que él mismo deja. Había llegado a la Cámara por traslado y, después de una dura batalla legal, la Corte resolvió el año pasado que no podía considerar­se definitivo ese traslado (ni el suyo ni el de Leopoldo Bruglia, que no se anotó para rendir). “Mis expectativ­as en este concurso son cero”, le dijo Bertuzzi a un colega.

Para cumplir con el protocolo de pandemia, el examen se toma en un pabellón de Tecnópolis que mide unos 110 metros por 90. Está pegado a uno todavía más grande en el que se apilan camas de cuando en Tecnópolis se montó un centro para pacientes con coronaviru­s.

Es un concurso clave, de enorme relevancia política. Quienes ganen integrarán el tribunal que revisa las decisiones de los 12 jueces de Comodoro Py. Unos metros atrás de Bertuzzien­tró,conuncarry­onyunamoch­ila, uno de esos 12 jueces: Sebastián Casanello. Vino de traje, a diferencia de casi todos los demás. Mientras a él le toman la fiebre y le ponen alcohol en las manos, detrás de una línea amarilla espera su turno el juez penal económico Javier López Biscayart, de jean, camisa blanca y zapatillas. López Biscayart ya concursó para este cargo e incluso quedó en la terna, pero Cristina Kirchner no lo eligió. Fue el primer juez del caso Skanska. Como la mayoría de los que rinden, tiene experienci­a en concursos.

Entre los 55 candidatos en carrera hay jueces y fiscales. Cecilia Incardona, la fiscal federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la AFI macrista, comparte un escritorio doble –blindex de por medio– con Casanello, el hombre más felicitado del día (instruyó la causa en la que Lázaro Báez terminó condenado). También estaba anotado para rendir Federico Villena, a quien Incardona denunció por la restitució­n irregular de casi medio millón de dólares a una hija de Hugo Moyano, pero Villena fue uno de los 83 inscriptos que no se presentaro­n.

A dos escritorio­s de Incardona está, de remera verde, Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata devenido en “el hermano de” desde que la pandemia puso en primera línea de fuego a Nicolás, viceminist­ro de Salud de la provincia.

Son las 9.15 y ya están todos sentados, cada uno en un escritorio, a tres metros de separación del siguiente, con una computador­a sin conexión con el exterior y un pequeño velador. “Conseguimo­s casi todos blancos, pero algunos son rosas ”, cuenta un encargado de la organizaci­ón. Montar esta enorme aula con 130 puestos fue todo un desafío. Ingrid Jorgensen, la secretaria de la Comisión de Selección del Consejo, toma el micrófono y explica cómo será el examen. “La secretaria sabe porque tiene unos añitos de antigüedad en el cargo”, dice fuerte, como un reconocimi­ento, la presidenta de la Comisión, la consejera Graciela Camaño, al frente del operativo, que avanza sin sobresalto­s. “Las vueltas de la vida”, sonríe un funcionari­o que las conoce bien. Jorgensen llegó al Consejo de la mano del kirchneris­ta Carlos Kunkel, su padrino político y el hombre a quien Camaño le pegó una cachetada en plena Cámara de Diputados.

“Vamos a poner en el bolillero cuatro bolillas y vamos a proceder a desinsacul­ar”, dice Jorgensen. Todos judiciales, a ninguno le sorprende la expresión. Lo que van a sortear es cuál de los cuatro exámenes que preparó el jurado -y que entregó en sobre cerrado- es el que se va a tomar. Jorgensen les muestra cada bolilla, para que vean bien el número, a los cuatro consejeros presentes (además de Camaño, están el representa­nte del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; el abogado Diego Marías y el flamante presidente del Consejo, Diego Molea); a los dos jurados que vinieron, Javier De Luca y Claudia Rezsek, y a una cámara que lo registra todo.

Salió el dos. Jorgensen toma el sobre de papel madera con ese número y lo abre. “Es el caso tres”, dice. Empleados de la comisión hacen las 55 fotocopias que repartirán por las mesas. Todo es en el mismo pabellón.

Los concursant­es tienen que resolver un caso –inventado por los jurados– como si estuvieran integrando ya la Cámara. Deben revisar el fallo de un supuesto juez que resolvió una causa sobre un grupo de trabajador­es traídos ilegalment­e de Paraguay. Tendrán ocho horas para hacerlo. Desde hace 12años, el reglamento les permite consultar los libros y fallos que hayan traído (eso explica las valijas), pero no tienen acceso a internet y debieron dejar sus teléfonos en bolsitas con cierre hermético, sobre una mesa, en la entrada.

“¿Quiénes son fumadores? Levanten la mano”, dice Jorgensen. Son siete. Van a salir a fumar de a uno. Los concursant­es no pueden conversar entre ellos. La idea es que no se encuentren ni siquiera en el baño. “La letra debe ser Arial, interlinea­do uno y medio. Sin negritas ni mayúsculas ni ninguna informació­n que permita que se los identifiqu­e. Y no sean autorrefer­enciales... Es para garantizar el anonimato”, les dice.

En la historia del Consejo hubo concursos seriamente sospechado­s de corrupción. En 2009, en Entre Ríos, a un fiscal que se presentó a rendir examen para un tribunal oral le encontraro­n el caso que se iba a tomar un día después, en otro concurso para el que también competía. Mucho menos escandalos­o, pero también polémico, fue el caso del concurso para cubrir la vacante de Sergio Torres en el juzgado federal 12 de Comodoro Py: después del examen, tomado hace un año, apareció una prueba sin su número identifica­torio que no pudo ser asignada a ninguno de los 77 concursant­es. El concurso sigue frenado.

A las 9.34 empieza a correr el reloj para los concursant­es y el silencio cubre el salón. Entre los escritorio­s avanza una cuadrilla de cinco jóvenes, de chaleco amarillo flúo, que limpia. Una pasada es con balde y mopa; otra, con un pulverizad­or cargado de desinfecta­nte.

Rezsek, jurado, pregunta cuántos concursant­es se presentaro­n. Ella y De Luca sonríen. Que hayan faltado tantos es una buena noticia. Creían que tendrían unas 100 pruebas para corregir. Los otros dos jurados que participar­án de la corrección son Alberto Montbrun, profesor de la Universida­d de Cuyo, y Mirta Sotelo, jueza de Corrientes.

De los 55 que rindieron, 13 son mujeres. La justicia federal de Comodoro Py tiene a pocas mujeres en cargos estratégic­os y ninguna en la Cámara Federal, pero es probable que eso cambie. El nuevo reglamento exige que se incluya, como mínimo, a una mujer por terna.

Desde el fondo del salón un concursant­e levanta la mano. Se le desconfigu­raron los márgenes. Los candidatos escriben en un procesador de texto, que es lo único que tienen cargado las máquinas. Durante horas, solo podrán levantarse para ir al baño, salir a fumar o hacerse un café en alguno de los dos puestos que están junto a la entrada.

Una vez que los concursant­es hayan terminado, avisarán y uno de los funcionari­os de la Comisión de Selección se acercará a su escritorio con un pendrive limpio (“Son recién salidos del blíster”, dijo un miembro del equipo de tecnología a la nacion) y el candidato copiará en él su examen. Ese pendrive lo entregará al funcionari­o encargado de imprimir cada prueba. Cada examen tiene un número para su identifica­ción. Los exámenes se guardaron anoche en la caja fuerte de la Comisión de Selección, que se abrirá el lunes. Ese día, los números que identifica­n a los exámenes deberán ser reemplazad­os por una clave de tres letras. Se realizarán cuatro copias de todas las pruebas y cada jurado recibirá un juego.

Los jurados tendrán 30 días hábiles para entregar las notas. Después, se analizarán los antecedent­es de los candidatos, se abrirá un tiempo para impugnar las calificaci­ones, se tomarán las entrevista­s personales y se elaborará un orden de mérito. Sobre esa base, los consejeros decidirán las ternas y darán por terminado el concurso. Pero todo esto es solo parte del proceso. Después, el Presidente tiene que elegir a su candidato de la terna y el Senado, darle su acuerdo. Un largo camino.

El último concurso para la Cámara demoró diez años y un mes. Esta vez, los consejeros dicen que van resolverlo en cuestión de meses.

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Télam El pabellón de Tecnópolis montado como aula
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La fiscal Incardona y el juez Casanello

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