Guía para vacunarse contra el relato oficial
“En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe. Nunca midieron el daño que con la mentira le causaban al sistema democrático”.
Este diagnóstico está a punto de cumplir un año, pero mantiene una asombrosa actualidad. Fue el primer párrafo del mensaje que el presidente Alberto Fernández pronunció ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo de 2020 para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, como volverá a hacerlo pasado mañana.
Aunque entonces faltaban 20 días para que decretara la cuarentena el discurso no incluyó referencias al coronavirus y la pandemia obligó luego a replantear el manejo de una economía maltrecha. Luego, la palabra presidencial fue devaluándose hasta ahora tanto o más que el peso argentino (que, dicho sea de paso, en ese lapso se depreció 32,5% frente al dólar oficial –sin impuestos– y 46,5% en los mercados alternativos).
Para colmo, las contradictorias reacciones del Gobierno ante el escándalo político de las vacunas de privilegio provocaron esta semana una maxidevaluación de la credibilidad, cualquiera sea el número de personas que las hayan recibido sin cumplir los protocolos o integren la categoría de “personal estratégico” creada sin anuncio previo. A esto se sumó el notorio silencio de Cristina Kirchner, públicamente ausente cada vez que surgen problemas autoinfligidos, incluso durante los tres días en que ejerció el Poder Ejecutivo desde Santa Cruz.
Aun así, es probable que CFK haya gravitado en el desconcertante giro discursivo del propio Presidente en México, donde fustigó a los blancos favoritos del cristinismo (la Justicia, los medios y la oposición) por cuestionar la escasa transparencia oficial en el manejo de las vacunas, pese a haber relevado al ministro de Salud y disponer el tardío monitoreo de su distribución. También minimizó las faltas éticas con el erróneo argumento de que no constituyen delitos. Todo al costo de desvirtuar en este caso su compromiso inicial de “comenzar por los últimos para llegar a todos” ratificado en su mensaje de hace casi un año, cuando sostuvo además que “gobernar es admitir la verdad y transmitirla tal cual es”.
Para vacunarse contra el relato oficial cada vez más alejado de la realidad, resulta útil describir desde el sentido común varios puntos clave como guía para cotejarlos con el próximo discurso presidencial del lunes en el Congreso:
La política económica está subordinada a la campaña del Frente de Todos para las elecciones de octubre, que apunta a retener votos propios y evitar la fuga de independientes con el objetivo de alcanzar mayoría propia en Diputados.
No es cierto que el presupuesto
2021 sea el “corazón del programa económico”, porque no hay un plan consistente y coordinado. La reducción del déficit primario (a 4,5% del PBI) depende de la eliminación del “gasto Covid” y de la vacunación masiva, aunque la mitad del desequilibrio será financiado con emisión de pesos.
Tampoco hay un rumbo económico debido al “doble comando” oficial. La visión del ministro Martín Guzmán apunta a modelos progresistas con equilibrios macroeconómicos, mientras desde el cristinismo, La Cámpora y el Instituto Patria apoyan regímenes populistas hegemónicos con fuerte intervención estatal y emisión monetaria.
Si la emisión sin respaldo fuera una solución, sería aplicada por muchos países con monedas débiles. La Argentina es hoy uno de los pocos casos en el mundo de alto impuesto inflacionario por la combinación de alta oferta y baja demanda de pesos.
La baja de 17,7 puntos de la inflación en 2020 (36,1% vs. 53,8% en
2019) fue el resultado de extender el congelamiento de 2019 en las tarifas de energía y transporte, junto con la fijación de precios máximos y/o regulados por el
Estado, que subieron 14,8%. En cambio, los precios libres aumentaron casi el triple (39,4%) y los estacionales más de cuatro veces (64,4%).
Con este escenario previo de precios relativos desalineados, la pauta inflacionaria de 29% anual incluida en el presupuesto apunta a alinear las expectativas y buscar acuerdos para desindexar precios y evitar nuevos retrocesos del salario real. Por eso se recurre a la vieja receta de “anclar” transitoriamente el dólar oficial y mantener el atraso de tarifas con ajustes diferenciales. Dos “resortes apretados” que generan mayor incertidumbre a futuro.
Luego de tres años de caída real de los salarios, los precios resultan altos en pesos (y relativamente baratos en dólares), por lo cual no repunta el consumo en los sectores de ingresos bajos y medios.
Hay empresas que suben los precios, aunque tienen menores ventas. Esta paradoja se explica por la incertidumbre sobre los costos de reposición y las restricciones oficiales a las importaciones, entre otras causas.
En alimentos, los impuestos representan 40% del precio final. Pese a esta carga, habrá subas de Ingresos Brutos tras la prórroga por ley del último Consenso Fiscal con los gobernadores
La AUH y la Tarjeta Alimentar sirven para evitar que más personas caigan en la indigencia, pero no en la pobreza; que, por el efecto combinado de la pandemia y la aceleración inflacionaria, está hoy más cerca del 50% que del
40% de la población.
Para remontar el derrumbe del PBI en 2020 (-10%, similar al
-10,9% en la crisis de 2002) y el estancamiento productivo de los últimos 12 años, la Argentina necesita incrementar la inversión privada para crear empleos formales. Sin embargo, ambos factores están penalizados por una alta presión tributaria y/o la intervención estatal, ausente en algunos conflictos sindicales.
Otro tanto ocurre con la necesidad de aumentar la producción exportable. La Argentina es el único exportador de alimentos que aplica retenciones y mantiene una crónica inflación de dos dígitos anuales. O sea que “maldición” no son los precios internacionales, sino los desequilibrios macroeconómicos.
Como contracara, el Gobierno busca que el gasto no crezca este año en términos reales, pero sigue sin mostrar señales de austeridad. El alquiler del avión de Lionel Messi para el viaje presidencial a México es una muestra.
Pero, además, el sector público (con un total de 3,2 millones de personas) continuó siendo una agencia de empleo con decenas de designaciones diarias que crean movilidad social ascendente a nivel individual, mientras el empleo privado cayó por primera vez en 2020 a menos de 6 millones de trabajadores.
A diferencia de marzo de 2020, cuando despuntaba la pandemia que luego derrumbó la economía mundial y los precios internacionales de las materias primas, la Argentina vuelve a tener viento externo a favor y otra oportunidad que no debería desperdiciar. Por lo pronto, la suba de precios de los granos aportaría un ingreso extra de divisas del orden de US$8000/10.000 millones, con mayor recaudación por retenciones. Y, si los países del G7 aprueban el aumento del capital del FMI, podría recibir el equivalente de US$3500/4000 millones, que contribuiría a cancelar los vencimientos de este año con el organismo y con el Club de París. Hace un año, Alberto Fernández anunció un cambio de rumbo que apuntó directamente hacia el pasado. Ahora puede ensayar un (improbable) giro hacia el futuro. Hay vida después de las elecciones legislativas y US$170.000 millones en billetes atesorados por argentinos sin volcar al circuito económico por desconfianza.
La política económica está subordinada a la campaña electoral del Frente de Todos