La caída del empleo privado en el país
Deben replantearse las instituciones y las reglas que gobiernan el trabajo en la Argentina, afirma Bour.
en tiempos de una “gran peste” como los que atravesamos, se puede llegar a creer que el deterioro del nivel de vida se asocia básicamente con ese evento, o con algún otro hecho o conjunto de hechos recientes. Esa mirada corta oculta lo que en realidad es un largo fenómeno de decadencia y declinación.
La Argentina modificó hace ya varias décadas las reglas y las instituciones que le permitieron crecer y desarrollarse para ubicarse en el grupo de naciones más prosperas y con mayores probabilidades de éxito económico y social en las primeras décadas del siglo XX.
Las “nuevas reglas” e instituciones insinuadas en la década del 30, que se desarrollaron en los años 40 y se consolidaron con gobiernos posteriores, dieron lugar a una sociedad con una economía extraordinariamente volátil y de baja productividad, dominada por buscadores de rentas que frenan la competencia, el crecimiento y el bienestar.
El empleo fue una de las áreas más afectadas por el cambio de reglas, que actualmente –tras 80 años de historia– nos parecen las reglas más normales del mundo. El empleo privado fue por décadas un mecanismo que permitió difundir el crecimiento –primero del agro, luego de la industria y el comercio, y más tarde los servicios–, mejorando la distribución del ingreso.
El empleo público acompañó durante las primeras décadas del siglo XX las necesidades de organización del Estado y de la sociedad con las crecientes demandas de justicia, educación, salud y seguridad, hasta que las reglas cambiaron.
Desde los años 40 el Estado se expandió muy fuertemente y el empleo público creció a una tasa del 5,5% anual, frente a un ritmo más modesto de 1,2% anual del empleo privado. El otro fenómeno que apareció ya en esa época fue el crecimiento notorio del empleo informal, reflejado en el hecho de que, mientras crecía la afiliación compulsiva a la seguridad social, se estancaba el número de aportantes y la recaudación (la evolución del empleo, de los afiliados y de los aportes a la seguridad surge del libro La economía de Perón. Una
historia económica, editado por Roberto Cortés Conde y otros, Editorial Edhasa, 2020).
De a poco fue cayendo la participación del empleo privado de calidad en el empleo total, con un crecimiento del peso de los informales, del empleo público y de los empleos cuasi-formales (los del monotributo social, entre otros) de manera más reciente.
Si bien el “huevo de la serpiente” de esta caída del empleo privado formal se encuentra lejos en el tiempo, los gobiernos más recientes –salvo contadas excepciones– contribuyeron a agravar la situación, cuando propiciaron leyes con una perspectiva de muy corto plazo sin preocuparse por el daño que generaban a mediano y largo plazo.
Desde aumentos en la carga tributaria sobre el trabajo y regulaciones que traban los despidos o directamente los prohíben, hasta la situación actual en la cual alguien “de riesgo” podría no ir a su trabajo y rehusarse a vacunarse hasta su jubilación –todo con cargo al empleador– son ejemplos del clima anti-empleo y contrario al sector privado que prevalece, como algo ya aceptado como “normal”. ¿Qué tipo de empresarios puede generar este ambiente? ¿Y qué tipo de empleo podemos esperar que podrá crearse cuando la economía retome su ritmo?
Una pista para responder a la segunda pregunta se encuentra en nuestra historia más reciente. Con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación que llegan a diciembre de
2020, sabemos que el empleo privado formal en empresas de al menos
10 ocupados –es decir, el empleo en las empresas con mayor capital por trabajador y mayor productividad de la Argentina– dejó de crecer hace casi diez años, a fines de 2011. En noviembre de ese año se alcanzó el máximo nivel de ocupación formal ajustada por estacionalidad (135,8), para estancarse entonces y caer en el último ciclo de recesión hasta el nivel 127,5, similar al que se registraba en 2008 (13 años atrás).
Esa caída no se explica por “aumentos de productividad” (PBI por ocupado), porque el PBI tampoco creció. En realidad, la productividad agregada disminuyó fuertemente porque, si bien el empleo formal no crecía, en su lugar se expandía fuertemente el empleo en actividades inestables y de bajos ingresos (informales). De alguna forma la población tiene que obtener ingresos legales, y si no hay empleos privados formales, la búsqueda se orientará a empleos informales, al empleo estatal (si toca la lotería), o a algún plan público, justamente las tres modalidades de ingresos que crecieron reemplazando al empleo productivo.
Una inspección a lo ocurrido en los últimos seis meses resulta estremecedora: en el período comprendido entre julio y diciembre de 2020 la economía creció, según el indicador ajustado por estacionalidad, 10,7% (había caído 12,2% entre diciembre de 2019 y junio de
2020). En ese mismo período, el empleo privado formal cayó entre
0,3% (ajustado por estacionalidad) y 0,4% (sin ajuste).
Es decir que la recuperación de la economía no está generando una recuperación neta del empleo de calidad. Y, además, la caída es mayor en empresas de hasta 200 ocupados, sospechándose que está por llegar a las empresas grandes.
Los datos de rotación de empleo son ilustrativos: en los últimos meses hubo un ligero aumento de las contrataciones (eso quiere decir que aumentó la tasa de entrada), que resultó más que compensado por pérdidas de empleos (aumentó más aún la tasa de salida). Ello sugiere que el manejo represivo de la economía –con la prohibición de los despidos– no es tan efectivo como parece. Como alguna vez me señalara el profesor Julio H. G. Olivera –maestro de economistas argentinos–, “la economía no se maneja con la policía”.
El resultado de instituciones laborales y económicas mal diseñadas no solo se puede medir por el lado de las cantidades (el empleo), sino también por el lado de los precios (el salario real). Con pérdidas de empleo de calidad no puede esperarse sino una disminución del ingreso real promedio de la población. Si bien hay varios indicadores disponibles, los registros del IVS de Indec, deflactados con las series de inflación oficial hasta 2006 y luego con la serie de FIEL para la Ciudad de Buenos Aires, muestran que todos los trabajadores formales han perdido con el tiempo: el salario real promedio de los empleados registrados privados está 16,5% por debajo de donde está en la convertibilidad, y los salarios públicos están 15% por debajo. Todas las mejoras experimentadas en algún momento fueron inestables y terminaron cayendo por debajo de los niveles anteriores. Empleos de baja calidad en una economía no competitiva no pueden producir, a lo largo del tiempo, sino una persistente caída en los ingresos globales.
Es el momento de replantear las instituciones que gobiernan el empleo en la Argentina, porque a este ritmo, el 70% del empleo total estará integrado por trabajadores informales, monotributistas, trabajadores cuasi-formales de ingresos bajos, empleados del Estado y personas que reciben planes a través de organizaciones paraestatales (verdaderas microempresas de la corrupción). Ello solo puede asociarse con ingresos reales declinantes para la mayor de la población. Eso no solo plantea un problema económico, sino que sienta las bases de una sociedad pobre, desigual y violenta, que determina lo que los economistas han identificado como un proceso de “selección adversa”: los peores llegan al poder, los que pueden escapan del sistema, el resto sobrevive.