En qué consiste la operación investigada
Para los expertos, no es bueno cuestionar en la Justicia decisiones de política económica del Gobierno
A la vicepresidenta Cristina Kirchner se la acusa de ser parte de una operación que hizo que el Banco Central perdiera miles de millones de pesos por vender futuros del dólar a un precio demasiado barato.
En 2015, en medio de un cepo hiperrestrictivo y de una brecha entre el dólar oficial y los paralelos que llegó al 45%, el Banco Central no tenía demasiadas herramientas para controlar el tipo de cambio. Aun con un torniquete muy ajustado sobre el acceso a las divisas, los importadores no dejaban de demandar dólares.
Atado unas reservas netas que llegaron a estar en rojo, la autoridad monetaria recurrió a la venta de dólar futuro para alinear las expectativas de devaluación. En un año electoral (2015) y con el modelo con restricciones sobre el mercado oficial de cambios ya agotado, el mercado daba por descontado que, sin importar quién ocupara la presidencia ese año, el cepo se relajaría o se terminaría.
En ese contexto, el entonces presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, recurrió a una herramienta que funciona de esta manera: se celebra un contrato entre el vendedor de dólares (que puede ser privado, como los exportadores, o el Banco Central) y el comprador en el que se pacta un precio de la divisa a futuro. Cuando llega esa fecha, el factor que determina quién gana y quién pierde es el precio del dólar spot mayorista en ese momento, es decir, el dólar real.
Por ejemplo, si en octubre pasado alguien compró dólar futuro a $100 en un contrato con vencimiento el 4 de marzo, habrá perdido cerca de $10 por contrato, porque el dólar mayorista cerró ayer a $90,30. Ese comprador apostó a una devaluación mucho más fuerte de la que finalmente ocurrió. Las operaciones se pactan en pesos y las compensaciones se liquidan en esa moneda.
En noviembre de 2015, el Banco Central llegó a estar “vendido” en el mercado de futuros por un monto cercano a los US$18.000 millones. El ritmo en ese segundo semestre de 2015 fue intenso: solo unos meses antes, en julio, la posición del BCRA se ubicaba más cerca de los US$3000 millones.
Lo que sucedió, en definitiva, es que cuando vencieron los contratos, el Central perdió la pulseada contra el mercado. El dólar spot cotizaba a un valor mayor de lo que se había pagado el futuro, por lo que la autoridad monetaria debió hacer compensaciones en pesos a sus contrapartes.
En diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri y puso fin al cepo. Apenas se concretó su promesa de campaña, el tipo de cambio minorista pasó de $9,80 a $13,93. Un salto similar ocurrió en el mayorista, que es el que se negocia en los contratos de dólar futuro.
“Los contratos de dólar futuro que se habían firmado en septiembre de 2015, y que no contemplaban una devaluación, terminaron siendo un muy mal negocio para el Central”, explica Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.
Sobre el monto de la pérdida para el Central, el juez Claudio Bonadio, quien elevó a juicio oral esta causa, calculaba que fueron $77.000 millones. Cristina Kirchner afirma que son $55.000 millones.
“Se acusa al Central de vender futuros a un valor más barato de lo que se comerciaba en los tipos de cambio libres, como el contado con liquidación, y en los futuros de Nueva York”, explica Fernando Marull, de la consultora FMYA. Esos dos mercados no estaban intervenidos por la autoridad monetaria, por lo que, dice el economista, eran una señal más clara de lo que pasaría con el tipo de cambio una vez terminado el gobierno del Frente para la Victoria.
En el mismo sentido, Juan Ignacio Paolicchi, analista de Empiria, detalla que la acusación por la que varios exfuncionarios y funcionarios actuales se sientan en el banquillo es “haber intentado influir en el precio del dólar, cuando el Gobierno sabía que el precio de mercado era otro”.
De todos modos, señala, la causa es una “judicialización de la política económica”, un término que utilizó Cristina Kirchner, pero que también usan los economistas. En el mismo sentido critican la decisión del presidente Alberto Fernández de iniciar una querella criminal contra los funcionarios macristas por el préstamo del FMI.
En el mismo sentido, Rajnerman señala que “es cierto que los contratos del Central generaron un perjuicio para el Estado y que su patrimonio se redujo”, pero aclaró que “judicializar la política económica está mal, igual que con el acuerdo con el FMI: son herramientas que a veces salen bien y a veces mal, pero no es bueno vedarlas”.