Gobernar con la Constitución
La preservación del sistema institucional sobre el cual descansan nuestras libertades y derechos se halla en riesgo, como nunca desde 1983
LA sugerencia que no hace mucho formuló Cristina Kirchner al puntualizar que el sistema de división de poderes data de 1789, el año de la Revolución Francesa, y que debería ser modificado por cuanto es propio de una época en la que ni siquiera existía la luz eléctrica, permite entrever la ideología autoritaria que anida en un sector político que amenaza la salud de las instituciones de la República.
La limitación del poder para asegurar las libertades y los derechos individuales ha sido una antigua aspiración y objeto de largas luchas por parte de los pueblos de Occidente. Se buscó que el soberano –ya se trate de una monarquía, de una aristocracia o de un gobierno surgido de mayorías circunstanciales– no ejerciera el absolutismo,
Desde que los señores ingleses le exigieron al rey Juan una serie de compromisos y seguridades de que no serían avasallados, comprometiendo en cambio su apoyo y dando así nacimiento a la Carta Magna, primer antecedente constitucional escrito, se sucedieron hitos en el camino para consolidar los derechos y el imperio de la ley, la libertad y la igualdad. Vendrán los fueros de Castilla y los escritos de los padres jesuitas Suárez y Mariana con el derecho de resistencia a la opresión.
Montesquieu, cuatro décadas antes de la Revolución Francesa, en 1748, publicaría el Espíritu de las leyes. Esta obra tomaba elementos de la monarquía parlamentaria inglesa y de la independencia judicial prusiana, y propugnaba la separación de poderes para evitar la tiranía.
No se puede dejar de mencionar a Thomas Paine y su folleto de Common Sense, inspirador de la Declaración de la Independencia norteamericana. Tampoco a Rousseau y El contrato social, entre tantos otros aportes, como las declaraciones de derechos de la Constitución de los Estados Unidos.
Todo giró siempre en torno a la libertad. Desde los griegos, que solo se sometían a la ley, los hombres han aceptado resignar parte de su libertad y seguridad en pos del orden social y la convivencia, que entregaban al Estado, al tiempo que este les aseguraba el respeto a aquellas. El pacto incluía el compromiso de no usar el poder ni la fuerza delegada para violar lo acordado y volverse contra el ciudadano.
Se organizó la estructura de gobierno, se repartieron las funciones esenciales del Estado, nacidas independientes –ejecutiva, legislativa y judicial–, y se fijó la forma de elegir a los gobernantes y representar a los ciudadanos.
El advenimiento de las grandes democracias y, entre otros casos, el acceso al poder de Adolfo Hitler, al obtener la primera minoría en los comicios parlamentarios, demostraron que el sustento de las mayorías no garantizaba el respeto a los principios y seguridades pactados en la Constitución si no existen los contrapesos que eviten los abusos de los gobernantes; en este caso, el de un tirano genocida que arriba al gobierno por los carriles legales.
Por eso se apela al concepto de república o de democracia republicana, en un intento de mantener incólumes los principios, derechos y garantías que son la base de la organización del Estado.
La antigua expresión “quién custodia al custodio” cobró vigencia y preocupó a los pensadores, y cada vez cobró más importancia el Poder Judicial como órgano capaz de controlar a los otros dos poderes y lograr que sus funciones se mantuvieran en el cauce marcado por la Constitución.
En la Argentina está en riesgo la conservación del sistema institucional que preserva los derechos y libertades personales y de los partidos políticos opositores. En numerosas provincias no hay verdadera democracia. Formosa, Santa Cruz, San Luis y Santiago del Estero son los ejemplos más escandalosos de haber convertido en una ficción la separación de los poderes y la periodicidad de los mandatos, esencia de la República. Otras provincias, sin llegar todavía a esos extremos, tampoco son un ejemplo de institucionalidad, dado que el sector político dominante ha ido colonizando la Justicia.
El Poder Judicial se convirtió en la garantía de que se cumplan las garantías constitucionales. De su coraje, ciencia, probidad e independencia dependen la libertad de expresión y de prensa, la libertad de culto, el derecho a la salud y a la vida, el libre tránsito, el comercio, la igualdad, la no discriminación, la defensa en juicio, la protección del medio ambiente y del consumidor, entre tantos derechos y garantías.
De allí la enorme preocupación por los ataques que viene sufriendo el Poder Judicial por parte del poder político, mediante múltiples presiones contra quienes tienen el deber de impartir justicia, que hemos venido comentando en los últimos días en esta columna editorial.
Los reciente agravios por parte del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta de la Nación hacia un Poder Judicial al que acusaron de vivir “en los márgenes del sistema”; los amedrentamientos, escraches, oportunos ascensos, traslados y cuestionamientos directos y públicos desde lo más alto del poder político, y las iniciativas de reforma tendientes a favorecer la instrumentación de una Justicia a medida de determinados intereses políticos y de las necesidades de exfuncionarios investigados por escándalos de corrupción, son algunos de los indicios de la movida para ponerle un punto final a la división de poderes.
Cuando un gobierno no tiene límites y piensa que si la Constitución se los pone hay que pasar por encima de ella, la República y la Nación toda están en peligro.
Harán falta, sensatez, inteligencia y coraje cívico para mantener el cauce y evitar el desmadre.
Cuando un gobierno no tiene límites y piensa que si la Constitución se los pone hay que pasar por encima de ella, la República y la Nación toda están en peligro