Propuestas que ayuden al cambio
Desde 1983 los logros y fracasos de la sociedad argentina son resultados del accionar de los gobiernos elegidos libremente. En el balance predominan los fracasos, y esto lleva a pensar que o los candidatos no supieron ofrecer propuestas adecuadas para lograr mejores resultados o que habiendo existido tales propuestas la mayoría eligió aquellas que se acercaban más a sus expectativas sin tener en cuenta otras consecuencias. Es posible que a lo largo de estos casi 40 años haya habido ejemplos de una u otra situación, lo cual significa que el desafío pasa tanto por ofrecer propuestas adecuadas como por saber presentarlas para que sean aceptables para los ciudadanos.
Este año habrá elecciones y debiéramos aprovecharlas para atender ambos requerimientos, de manera que los ciudadanos cuenten con propuestas que signifiquen dejar atrás el estancamiento económico que nos lleva a un nivel de pobreza inadmisible, al tiempo que estas les resulten adecuadas y convincentes.
Una primera condición para cumplir con ambos requerimientos es la de dejar de recurrir a frases hechas y falsas promesas, para pasar a propuestas que partan de una buena lectura de lo que nos pasa, así como de saber qué hacer para superarlo; aclarando el tipo de medidas concretas a tomar y las estrategias para llevarlas a cabo. Con una segunda condición, que consiste en que esas propuestas sean comunicadas de manera que los ciudadanos las vean compatibles con sus expectativas de bienestar cultural, social y material.
La condición referida al diagnóstico y a las medidas concretas a tomar debe comprender las diferentes dimensiones de la vida en sociedad. En lo superestructural, el diagnóstico debe recoger que los ataques recibidos, aunque insistentes, no han quebrado aún la fortaleza de las instituciones básicas; las que se benefician además por no estar amenazadas por la intromisión militar. En cuanto a las acciones, debe destacarse que se trata de temas que se solucionan dentro del ámbito legislativo, sin que las decisiones afecten necesariamente intereses materiales de grupos sociales en pugna, evitando así dificultades presentes en otros temas. En cuanto a su contenido, se trata básicamente de reforzar el papel de instituciones como el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.
Más complejo es el panorama en la dimensión estructural de la sociedad, dado el progresivo agravamiento de las condiciones de vida de un gran número de ciudadanos que no solo no logran ingresos dignos y un buen acceso a la salud y la educación, sino que además han perdido toda posibilidad de movilidad social, aun cuando sus esfuerzos y méritos lo acrediten. Situación que reclama un urgente y rotundo cambio, que debe comenzar por abandonar el cortoplacismo económico que venimos practicando desde hace décadas, para imponer un desarrollo económico con inversiones privadas de alta productividad, acompañado de una buena legislación laboral y una equitativa distribución de la riqueza.
Pero el desafío mayor se refiere a la segunda condición, la de hacer que los ciudadanos no vean los cambios como una amenaza a lo poco y malo que han conservado después de las sucesivas crisis. Para ello debe agregarse al contenido específico de las propuestas un componente psicoemocional que los convenza de que estas se hacen con la convicción de que sus derechos y expectativas son inalienables; un discurso que exhiba una sensibilidad social capaz de transmitir confianza en que se hará lo necesario para que los esfuerzos que impondrá esa propuesta, lejos de aumentar sus penurias, será el inicio de un camino hacia la dignidad y el bienestar.
Propuestas que deben ser difundidas por el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil, así como ser parte de los debates presidenciales a realizarse según lo establece la ley. Todo para que se comprenda que esas propuestas cumplen además con otros objetivos importantes, como obstaculizar la práctica de prometer el bienestar sin mencionar los desafíos que hay por delante y los sacrificios a hacer para alcanzarlo; práctica que debe ser vista como otra forma de fraude electoral; y de ayudar a “educar al soberano” para que incorpore a su cultura política la certeza de que el cortoplacismo económico que viene practicando la dirigencia política es inviable, y que es necesario erradicarlo si queremos terminar con una pobreza que sigue creciendo.