Fin de una pesadilla: pasó dos años y medio preso por un homicidio que no cometió
Con la declaración de un “testigo reservado”, un policía lo acusó de matar a un hombre en un robo; pero él, a la hora del crimen, estaba en otro lado y no se parece en nada al asesino
Santiago Almirón todavía no entiende por qué le pasó lo que le pasó en los últimos años de su corta vida. En agosto de 2018, cuando tenía 22 años, fue detenido, acusado del homicidio de un hombre durante un robo en Morón. Poco le importó a la Justicia que Santiago tuviera pruebas de que había estado trabajando en Hurlingham cuando ocurrió el hecho y que en cuatro ruedas de reconocimiento los testigos dijeran no solo que él no había sido, sino que ni siquiera se parecía al asesino.
Después de dos años y seis meses durmiendo todas las noches en una celda, en febrero pasado comenzó el juicio en el que pudo haber sido condenado a prisión perpetua, pero que terminó con su absolución, ya que la fiscal desistió de acusarlo.
“Fue muy feo todo lo que pasé. Perdí muchas cosas en todo este tiempo. Creo que me merezco algún tipo de compensación”, se lamenta.
El 5 de agosto de 2018, con la excusa del cumpleaños de la sobrina de Santiago, había fiesta en la casa de los Almirón, en Villa Tesei. Pero cerca de la medianoche la alegría se interrumpió: “Entró la policía a allanarnos. Decían que habían matado a un viejo y que alguien había dicho el nombre de Santiago. Justo él no estaba, pero se llevaron los celulares de toda la familia y el arma reglamentaria de la hermana de Santiago, que era agente de la Policía de la Ciudad, pero estaba de licencia por embarazo”, recuerda Romina Lovillo, tía de Santiago y quien, junto a la madre del joven, sostuvo el reclamo de justicia.
Acciones inexplicables
Una vez enterado de que la policía lo estaba buscando, Santiago decidió junto a su familia presentarse en la comisaría 1ª de Morón. La tía llamó al jefe de calle, Matías Barca, que le había dejado su número durante el allanamiento, y el oficial los pasó a buscar.
Allí ocurrió la primera de muchas irregularidades en el caso. El policía subió a Santiago en su auto particular y lo ubicó en el asiento del acompañante, sin esposas, a pesar de que se suponía que el joven era un sospechoso de homicidio.
Incluso, unos días antes de la detención, el propio Barca se le había acercado a Santiago mientras cortaba el pasto para la cooperativa en la que trabajaba, le había pedido el DNI y le había sacado una foto.
“Este policía nos dijo que nos quedáramos tranquilos porque los testigos habían descripto a alguien que no se parecía a Santiago, pero nos aclaró que igual tenía que pasar la noche en la comisaría porque al otro día tenía que declarar en fiscalía. ‘Firma y se va’, nos prometió. Pero desde ese día no salió más y estuvo casi tres años detenido”, se queja la tía.
A la familia se le informó que el peritaje balístico había concluido que la vaina y el proyectil encontrados en la escena del crimen habían salido del arma secuestrada en la casa de los Almirón. Santiago quedó imputado del homicidio en ocasión de robo ocurrido la tarde del 27 de julio de 2018 en un local de comidas de Morón. Nadie le creyó cuando dijo que él no tenía nada que ver y que en ese momento estaba trabajando en Hurlingham.
“Me acuerdo –dice Romina– de que mi primera reacción fue escribir en el buscador de Google ‘causas armadas’, porque no sabía qué era lo que teníamos que hacer. Lo único que entendía era que a mi sobrino lo habían metido preso por un crimen que no había cometido”.
Santiago fue vinculado al crimen por el policía Barca. Según la versión del oficial, luego del hecho un testigo que “prefirió mantener su identidad en reserva” señaló al joven como el autor del robo, y por eso él tuvo que realizar “tareas de encubierto” para conocer la dirección del sospechoso.
Al fiscal de Morón Mario Alberto Ferrario la declaración del policía le bastó para ignorar otras líneas de investigación. Por ejemplo, la que propuso la dueña del local asaltado, quien había declarado que el marido de una exempleada a la que había despedido la amenazó en reiteradas oportunidades. La mujer también dijo que el ladrón la había llamado por el apodo que muy pocas personas conocían, delatando una sugestiva familiaridad. Pero el fiscal, una vez más, no mostró interés.
Más llamativo fue que tampoco tuviera en cuenta que los testigos describieron al asaltante como un hombre de entre 25 y 30 años, de 1,60 de estatura y barba tupida. Santiago, al momento de su detención, tenía 22 años, mide por encima del metro ochenta y jamás uso barba. Además, el joven no fue identificado por ninguno de los testigos –incluida la dueña del local– en las cuatro ruedas de reconocimiento que se realizaron durante la instrucción.
“Al principio teníamos un abogado que nos aconsejaba llegar al juicio y no quería presentar nuestros pedidos. Lo tuvimos que convencer de pedir la morigeración de prisión para que Santiago esperara la realización del juicio en su casa. Pero como la expectativa de pena era muy alta nos la rechazaron con el argumento de que había peligro de fuga. Si hubieran investigado un poco se hubieran dado cuenta de que somos una familia de trabajadores que no tiene recursos para esconder o sacar a alguien del país”, destaca Romina.
La incorporación de Alejandro Bois, un abogado experimentado en “causas armadas”, fue clave para visibilizar las irregularidades de la instrucción. Lo primero que hizo Bois fue encargar un nuevo peritaje sobre el arma. En el informe del técnico superior en balística forense Omar Esteban Brítez se detallan errores graves en la labor de los peritos policiales, pero lo que más sorprendió fue que ni siquiera el nombre asignado al arma de fuego peritada correspondía a la incautada: en el informe oficial se habla de una pistola Browning calibre 9 mm cuando en realidad se trataba de una Pietro Beretta del mismo calibre (ver recuadro).
El 11 de febrero pasado, durante la segunda audiencia del juicio, y luego de que la fiscal Carolina Rodríguez reconoció que no había pruebas y desistió de la acusación, el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Morón absolvió a Santiago y ordenó su libertad inmediata.
“Todavía me despierto de noche sobresaltado –dice ahora, de vuelta en su casa junto a su madre y sus cinco hermanos–, pero, por suerte, en la cooperativa me mantuvieron el trabajo, y así puedo juntar la plata para pagar las cuotas que faltan del abogado. Le dije a mi familia que lo quería pagar yo porque ellos ya hicieron mucho mientras estuve detenido. Siempre me creyeron y nunca dejaron de luchar por mí”.