El Gobierno quiere imponer por ley el cierre de escuelas donde vea riesgo sanitario
Lo solicitó al Congreso a través de un proyecto; fuerte rechazo opositor
El proyecto que el Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso para contar con facultades especiales que le permitan aplicar nuevas restricciones frente a la pandemia incluye la polémica atribución de cerrar las escuelas en jurisdicciones donde rija una alerta epidemiológica. Esa medida ya derivó en un duro enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y desencadenó un fallo adverso de la Corte Suprema.
La iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, que la calificó de “inconstitucional” y anticipó que no aceptará otorgarle al Gobierno lo que considera “superpoderes”.
El oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara alta, pero en la Cámara de Diputados hasta los bloques aliados al Gobierno anticiparon sus reparos. El Poder Ejecutivo aspira a contar con esta ley antes del 21 de mayo, cuando vencen las restricciones vigentes.
El Poder Ejecutivo envió ayer al Senado el proyecto por el que intentará consagrar por ley las restricciones para combatir la pandemia de coronavirus. La iniciativa replica los decretos de necesidad y urgencia dictados a partir del 14 de abril último, con especial énfasis en la polémica suspensión de clases presenciales que derivó en un duro enfrentamiento político entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
La iniciativa fue rechazada por Juntos por el Cambio, que la calificó de “inconstitucional” y anticipó que no aceptará otorgarle al Gobierno lo que considera “superpoderes” amparados en la crisis sanitaria.
El oficialismo cuenta con mayoría en la Cámara alta, lo que le garantizará un rápido tratamiento. El escenario en la Cámara de Diputados aparece más complicado (ver aparte).
El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, presididas por la oficialista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y el opositor Mario Fiad (Ucr-jujuy), donde será discutido en el transcurso de esta semana y dictaminado de manera favorable, ya que el Frente de Todos domina ambos cuerpos legislativos.
Así, el proyecto quedaría listo para su debate en el recinto la semana próxima.
Por lo pronto, Juntos por el Cambio ya anticipó que no prestará su apoyo a la medida. “Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si este fuera un país unitario”, sentenció Mario Negri (Ucr-córdoba), jefe de la principal bancada opositora de la Cámara baja.
La iniciativa contempla en un artículo específico, el 21, la suspensión de clases presenciales, motivo del enfrentamiento político que la Casa Rosada mantiene con la ciudad de Buenos Aires desde hace tres semanas y que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Al respecto, el texto impide la concurrencia a los colegios en todos los niveles cuando una ciudad o departamento se encuentre en estado de “alarma epidemiológica y sanitaria”. Según los parámetros establecidos en la iniciativa, este nivel se alcanzará en aquellos conglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes que superen los 500 casos cada 100.000 habitantes y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea superior al 80%.
Esta cuestión anticipa el traslado de la polémica entre Fernández y Larreta al ámbito legislativo. “Si vamos a discutir una ley marco para resolver el pase de factura del gobierno nacional a la Ciudad, estamos en contra”, afirmó Luis Naidenoff (Ucr-formosa), jefe del bloque de Juntos por el Cambio.
Parámetros
Según el Gobierno, que lo quiere tener sancionado antes del 21 del actual, cuando vence el DNU vigente, el proyecto ofrece herramientas objetivas para luchar contra el coronavirus a partir de establecer parámetros para definir la situación epidemiológica en distintos puntos del país.
Según el peligro por la incidencia del coronavirus, los conglomerados urbanos serán calificados de acuerdo con tres categorías: “bajo riesgo”, “mediano riesgo” y “alto riesgo”.
Con esta vara se mide a las localidades de más de 40.000 habitantes. Así, los centros urbanos considerados de bajo riesgo serán aquellos cuyo cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y las dos semanas previas sea inferior a 0,8 y los casos confirmados cada 100.000 habitantes no superen los 50, o cuando el primer cociente no sea superior a 1,2 y el segundo se encuentre entre 50 y 150.
En el riesgo sanitario medio, los supuestos son tres.
El primero es que el cociente de casos confirmados acumulados se encuentre entre 0,8 y 1,2 y el coeficiente de casos acumulados sobre 100.000 habitantes se encuentre entre 50 y 250.
El segundo escenario se configurará cuando el primer indicador supere la cifra de 1,2, pero el segundo no pase de 150 casos.
El tercero se alcanzará cuando el primer cociente sea inferior a 0,8 y el segundo se encuentre entre 150 y 250 casos.
Por último, para entrar en la clasificación de alto riesgo epidemiológico deberán darse dos supuestos: que el cociente de casos de los últimos 28 días sea superior a 1,2 y los casos cada 100.000 habitantes estén por encima de 150 o que el primer índice se ubique por debajo de 1,20, pero el segundo ascienda a 250.