sin rastros de guadalupe, crece la angustia en san luis
Participan en los operativos especialistas de diez provincias y de las cuatro fuerzas federales de seguridad; la menor de cinco años desapareció el 14 de junio pasado
Se cumplió un mes de la desaparición de la niña de 5 años; tras intensos operativos de búsqueda no hay todavía ninguna pista firme.
“¿Dónde está Guadalupe?” fue la frase que dominó la bandera naranja sostenida por familiares de la niña de cinco años desaparecida el pasado 14 de junio. Detrás de ese interrogante se encolumnaron ayer cientos de vecinos de San Luis que pidieron nuevamente en la capital provincial el rescate de la menor. Pasó un mes sin que se encontrasen rastros de la pequeña que jugaba con otros chicos frente a la casa de una de sus tías cuando fue vista por última vez.
“El Estado es responsable” también fue la consigna que acompañó el principal estandarte en la manifestación. Más de 600 rastrillajes y 250 allanamientos se realizaron en estas semanas de búsqueda. Operativos más parecidos a “excursiones de pesca” –tal como se denomina en el ámbito judicial a tentar a la suerte con procedimientos sin blanco fijo– que a un método de investigación sólido. Sin pistas, nada se sabe realmente sobre el destino de la menor.
“Ya me hicieron mucho daño quitándomela, no me hagan más daño entregándomela sin vida” fue el desesperado ruego de Yamila Cialone, la madre de Guadalupe Lucero. La pesadilla que vive hace un mes fue resumida ante los medios de prensa con una frase: “Me despierto y miro el teléfono esperando la llamada que me diga que mi hija apareció”.
Y agregó: “Yo la espero con vida, volver a encontrarla, abrazarla, besarla, tenerla conmigo, volver a hacer las cosas que hacíamos, como llevarla a la escuela o al club”.
En forma paralela a la marcha, la policía puntana llevó adelante otros operativos de rastrillaje. De nuevo sin resultados positivos. El ministro de Seguridad provincial, Luciano Anastasi, se reunió unas horas antes de la marcha con el juez Ariel Parrillis, que tiene a cargo la investigación de un expediente al que ya aportaron colaboración especialistas policiales de búsqueda y rescate de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, San Juan y La Pampa. También participan las fuerzas de seguridad federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de dos millones de pesos por datos que permitan llegar hasta Guadalupe. Pese a ese apoyo, nada se sabe del paradero de la niña.
“No tenemos nada, seguimos sin pistas certeras, estamos como el primer día; es desesperante”, comentó ayer Georgina, una de las tías de la menor desaparecida, en diálogo con LN+.
Eric Lucero, el padre de la niña, estuvo ayer en la primera fila de la manifestación que reclamó mayor intensidad en la búsqueda. Su abogado, Héctor Zabala, explicó que el magistrado solicitó a la Gendarmería y la Policía Federal que se investigue el movimiento y cruce de llamadas de 250 celulares que estaban activos en la zona del barrio 544 Viviendas, ubicado en la periferia de la capital de San Luis, en el momento en que desapareció Guadalupe.
Para el representante legal del padre de la menor, perdió fuerza la hipótesis de un rapto organizado por alguna red de trata de personas. Sin embargo, todo lo contrario opinan los abogados que asesoran a la madre de Guadalupe. Ellos forman parte del equipo de trabajo de Susana Trimarco, cuya hija, Marita Verón, desapareció en Tucumán en 2002. Esos letrados apuntan directamente a un caso de trata de personas y, en representación de Yamila Cialone, solicitaron una serie de medidas para seguir esa línea de trabajo.
José D’antona especificó que “todas las medidas que se han puesto en marcha desde la semana pasada corresponden a pedidos de la fundación María de los Ángeles” y aclaró que entre esos pedidos se encuentra “la intervención del equipo de antropología forense, el uso de georradares y de imágenes satelitales, junto a una batería de medidas que han sido concedidas en su totalidad por el juez Parrillis”, según consignó Télam.
Apoyo de otras víctimas
No solo Trimarco conversa en forma frecuente con la madre de Guadalupe, sino también María Elena Delgado, cuya hija, Sofía Herrera, desapareció en 2012 en Tierra del Fuego. Se trata de mujeres que pasaron por similares situaciones a las que hoy vive Yamila Cialone. Conocieron también ellas de rastrillajes fallidos y búsquedas que se extienden sin pistas. Y junto a ellas hizo escuchar su fuerte voz pública la monja Martha Pelloni, cuyo esfuerzo en los años 90 derrumbó el muro de silencios y complicidades políticas que rodeaba al asesinato de María Soledad Morales en Catamarca.
“Es lamentable seguir contabilizando los días que ya pasaron desde el secuestro de Guadalupe en la provincia de San Luis. Gracias a los medios nacionales presentes en el recorrido que realiza la investigación policial y judicial, podemos decir que la sociedad ya percibe desconfianza en el accionar. La experiencia de muchos que trabajamos desde hace tiempo en causas de trata de niños, adolescentes y mujeres para ser explotados sexualmente, o por el trafico de órganos o drogas, nos permite afirmar que en la Argentina es muy difícil investigar para lograr la verdad y justicia que buscamos”, señaló Pelloni la semana pasada, en un comunicado en el que alentó las marchas para pedir por la aparición de Guadalupe.
Pelloni, al igual que la madre de Sofía Herrera, advirtieron que la irrupción de las llamadas videntes en estos casos es una forma de anular los reales métodos de investigación y que siempre llevan a callejones sin salida, que, en algunas causas, aportarían una cuota de impunidad. Si bien no fue informado en forma oficial, trascendió que en la búsqueda de Guadalupe alguna “vidente” se habría acercado a aportar su “experiencia”.
Las pistas sobre Guadalupe se esfuman con el paso de los días. Y, pese a que el magistrado aceptó pedir medidas tendientes a seguir la pista de una red de trata de personas y que, incluso, solicitó la colaboración de los fiscales especializados en esa materia, la permanencia del expediente en la Justicia provincial define que el crimen organizado no es la hipótesis principal. Si ese fuese el caso, la investigación debería pasar de inmediato a la Justicia Federal.