Un informe cuestiona la oferta de 2016
Sostiene que la empresa propuso una quita superior al 90%
En la Justicia Penal, el juez federal Ariel Lijo recibió un nuevo informe en el expediente que investiga la propuesta de pago que hizo la empresa Correo Argentino al Estado.
Las conclusiones del trabajo ratifican lo que ya había arrojado un documento anterior: que la propuesta de pago realizada por la empresa y aceptada por el Estado en 2016 implicaba una quita superior al 90%.
En este expediente penal, el expresidente Mauricio Macri está denunciado, pero nunca fue citado a indagatoria.
En cambio, fueron indagados por esta causa, hace más de dos años, el exministro de Defensa y exministro de Comunicaciones Oscar Aguad; el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher, y el encargado del área de jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
El juez no decidió todavía si va a procesarlos.
Las conclusiones del primer informe recibido por Ariel Lijo en febrero de este año indicaban que el acuerdo entonces aceptado por el macrismo resultaba perjudicial para el Estado.
Robirosa y Kleidermacher cuestionaron los cálculos en los que se basaba ese estudio y pidieron, a través de sus abogados, ordenar un peritaje contable.
A raíz de ese planteo, el juez Ariel Lijo no ordenó un peritaje, pero sí un estudio económico y financiero.
Según este nuevo informe, que fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema de Justicia, “en el marco del período circunscripto desde la presentación del concurso, el 19/09/2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28/06/2016, y evaluando la totalidad de los supuestos hipotéticos planteados, surge que en todos los casos la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA estimó una quita superior al 90%, tal como fue indicado en el informe técnico presentado”.
El resultado del informe complica la situación judicial de los funcionarios que avalaron la propuesta.
Y, a su vez, significó un aval judicial para quienes cuestionaron el monto de la oferta presentada en 2016 por la compañía, en virtud de sus deudas con el Estado argentino.