La trastienda: de quedar fuera del reparto al DNU que posibilitó la donación
Después de idas y venidas durante meses, el decreto que habilitó a los laboratorios estadounidenses destrabó el envío desde EE.UU.
Fue una agria buena noticia. El 21 de junio, Estados Unidos anunció que la Argentina era uno de los países de América Latina que recibiría una donación de vacunas contra el coronavirus por estar dentro de las “prioridades regionales”. Pero el país se quedaba fuera del reparto: para enviar las vacunas, el gobierno de Joe Biden pedía que cada país tuviera un marco regulatorio y legal, y la Argentina no lo tenía.
La Casa Blanca había descartado despachar dosis de Astrazeneca –la apuesta estelar del Gobierno– porque su producción en Estados Unidos tuvo problemas y aún no fue validada por las autoridades. Y la Argentina no había firmado, hasta ese momento, un contrato con Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.
La única vacuna con aprobación de la Anmat, la agencia que regula los medicamentos en el país, era la de Pfizer, protagonista de una larga discusión legal con el gobierno. a los pocos días del anuncio, Estados Unidos comenzó a despachar vacunas a América Latina –el Departamento de Estado se encargó de mostrar cada envío–, y la Argentina quedó relegada. Desde junio, 14 países en la región recibieron más de 18 millones de vacunas del gobierno de Biden: México, Canadá –los primeros en recibir envíos, por ser vecinos–, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala y Costa Rica. Ayer, la Argentina logró sumarse a esa lista: el gobierno de Biden envió 3,5 millones de dosis de la vacuna Moderna que arribaron anoche a Ezeiza.
El giro comenzó a gestarse cuando la Casa Blanca dejó en claro que solo entregaría vacunas de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. Los tiempos se aceleraron y lo que no se había logrado durante ocho meses terminó por concretarse en tres semanas: primero, Alberto Fernández modificó por decreto la ley de vacunas que bloqueaba las negociaciones con los laboratorios norteamericanos; después, el Gobierno cerró el primer acuerdo con Moderna, y eso terminó de destrabar la primera donación de Biden.
En el medio quedaron incontables horas de negociaciones, discusiones, gestiones e idas y venidas en Buenos Aires y Washington. Luego de apostar por China, Rusia y México, la Casa Rosada dio un giro y en abril retomó las negociaciones con los laboratorios norteamericanos ante las demoras en las entregas comprometidas con el Kremlin, Pekín, y con Astrazeneca en México, donde se debía fraccionar el activo de sus vacunas que se elabora en la Argentina, en mabxience, la biotecnológica de Hugo Sigman.
Mientras el Gobierno avanzaba con esas negociaciones, la Casa Blanca pulía su política de donación de vacunas. A fines de abril, anunció la distribución de 60 millones de dosis de Astrazeneca. En el Gobierno se mostraron confiados en que la Argentina sería uno de los países beneficiados. La entrega se esperaba, inicialmente, para fines de mayo, pero se demoró. Para liberar esa donación, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, según sus siglas en inglés) debía aprobar primero la calidad de la producción de la vacuna de la Universidad de oxford, que tuvo problemas en Estados Unidos. La aprobación aún no ocurrió.
A mediados de mayo, Biden elevó el reparto total de vacunas a 80 millones de dosis, al sumar al anuncio inicial de Astrazeneca una entrega de 20 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson.
“Así como en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fue el arsenal de la democracia, en la lucha contra la pandemia de Covid-19 nuestra nación será el arsenal de vacunas con el resto del mundo”, dijo el mandatario, una de sus frases de cabecera de las últimas semanas.
A principios de junio, Estados Unidos detalló cómo haría el primer reparto. El Gobierno sufrió una primera decepción: la Casa Blanca dijo que la Argentina recibiría vacunas donadas, pero a través de Covax, el mecanismo de naciones Unidas.
El Gobierno pensó que podía “canjear” las vacunas que le asignara al país por las de Astrazeneca, pero Estados Unidos descartó rápido esa posibilidad. La Casa Rosada buscaba una donación directa.
El canciller Felipe Solá se había visto en Quito con Juan González, principal asesor de Biden para América Latina (foto), y le ofreció enviar aviones a buscar vacunas. Unas semanas después, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, viajó a Washington, donde dijo que el tema de las vacunas estaba “encaminado”, y en su entorno descartaron cambiar la ley. El Gobierno evaluaba otro camino: recurrir a un seguro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creado por Mauricio Claver-carone, para zanjar las diferencias con Pfizer. Esa alternativa tampoco prosperó.
El 21 de junio, la Casa Blanca hizo el anuncio clave: la Argentina recibiría una donación directa, pero el Gobierno debía si o si darle luz verde a alguna de las tres vacunas que ofrecía EE.UU. El 2 de julio, anunció el decreto que modificó la ley de vacunas. Ese mismo día, el Banco Mundial confirmó la negociación de un préstamo y seis días después, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció el acuerdo con Moderna en el Congreso. El Gobierno adquirió 20 millones de dosis, que llegarán el año próximo. Esa compra definió la primera donación de Biden.