El “plan urnas” implica un ajuste cambiario para 2022
Hace diez años, cuando no era demasiado conocido públicamente, Axel Kicillof lanzó una frase que dejó atónitos a no pocos asistentes a las clásicas Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central. “Es un invento del neoliberalismo que la emisión monetaria y los aumentos salariales generan inflación”, sentenció, en medio de los murmullos en el salón. Era música para los oídos de muchos políticos, comenzando por la presidenta Cristina Kirchner, quien poco después (en abril de 2012) entronizó al entonces subgerente general de Aerolíneas Argentinas como interventor en YPF tras disponer la controvertida y selectiva expropiación de la mayoría accionaria de Repsol sin incluir al Grupo Eskenazi. Y luego (en noviembre de 2013), como ministro de Economía hasta el final de su segundo mandato.
Aquella afirmación de Kicillof no está basada en la evidencia histórica de la economía argentina, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, salvo que se la fraccione en determinados y muy cortos períodos.
La emisión sin respaldo para cubrir el déficit fiscal crónico tiene un efecto búmeran que parece beneficioso al principio y tras varios meses suele volver como una pesadilla. Rara vez el aumento de la oferta se correspondió con la demanda de pesos que, con tasas de interés negativas, buscó refugio en el dólar, generó recurrentes crisis cambiarias y defaults de la deuda. No es ciertamente la única causa de la alta inflación, pero está en su raíz. De lo contrario, no se explicaría por qué en los últimos 50 años provocó tres hiperinflaciones (1975, 1989 y 1990) y la moneda fue sufriendo la pérdida de 13 ceros.
A su vez, los salarios fueron víctimas, pero también protagonistas con paritarias por actividad sin distinción de productividad ni tamaño de empresas y el creciente rol del Estado como empleador. Si bien los aumentos buscan ganarle a la inflación, terminan por realimentarla al sumarse a la suba de otros costos y perdiendo por goleada, con el típico resultado de pan para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, ese enfoque ideológico es ahora la impronta del “plan urnas” (económico/ electoral) de cortísimo plazo, que está aplicando el gobierno de Alberto Fernández con el único objetivo de buscar votos para mejorar las chances del Frente de Todos en las elecciones legislativas de noviembre.
Uno de sus ejes, precisamente, es hacer uso intensivo de la “maquinita” y poner más billetes en los bolsillos de asalariados y jubilados para reactivar el consumo. Sobre todo, después del incremento de 25,3% en la inflación minorista del primer semestre (50,2% interanual), que en buena medida fue consecuencia de la fuerte emisión de 2020 para contrarrestar el impacto económico de la pandemia y acentuó el deterioro real de los ingresos laborales por cuarto año consecutivo. De ahí la decisión oficial de flexibilizar el ancla salarial (de 29% anual) y reabrir las paritarias del sector público y privado con un piso de 40/45% fraccionado en varios tramos. A esto se suman la devolución retroactiva de las retenciones de Ganancias (sobre sueldos brutos inferiores a $ 150.000); el bono de $ 5000 a jubilados; los refuerzos en planes sociales; los cambios en el monotributo para aliviar a las categorías más bajas y el adelanto del aumento de 35% en el salario mínimo vital y móvil.
A diferencia de 2020, el punto de partida es un bajo desequilibrio fiscal en la primera mitad de este año, por la suba real de la recaudación de derechos de exportación, IVA e impuestos al patrimonio (18,7%) y la silenciosa caída del gasto en jubilaciones y pensiones (-9,6%), salarios estatales (-5%) y asistencia IFE/ATP por Covid (-40,8%), que permitieron una mayor moderación monetaria. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indica que el déficit primario (sin intereses de la deuda) fue de $473.100 millones, con una reducción de -64% real respecto del mismo período del año anterior ($908.500 millones).
Este avance en el terreno fiscal tendrá retrocesos en el segundo semestre. No solo por el ajuste de salarios estatales y compensaciones en jubilaciones y planes sociales, sino por el aumento de los subsidios (energía, transporte) y del gasto en obras públicas, asignadas con criterio político a los distritos gobernados por el FDT. Según el Estudio Broda, el déficit primario de la segunda mitad de 2021 se elevaría a $1,5 billón y deberá ser cubierto con emisión, al prever un rollover de 102% en los vencimientos de la deuda en pesos que desde junio incluyen la integración de encajes bancarios con bonos del Tesoro.
En otras palabras, la política fiscal tendrá un movimiento pendular entre las dos mitades de este mismo año, que podría cerrar con un déficit primario de 4% del PBI (sin contar la asignación de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario, que restará un punto).
Otro de los ejes es mantener “anclados” el dólar oficial (con un ritmo de devaluación de 1% mensual) y las tarifas de energía (tras los ajustes de un dígito en electricidad y gas residencial) y transporte (congeladas desde abril de 2019) a costa de mayores subsidios (treparon a $ 495.300 millones en el primer semestre, con una suba de 64%), para tratar de perforar el piso inflacionario de 3% mensual a partir de julio.
A esto se agrega la política de precios para reprimir inflación, a través de herramientas ineficaces como el cierre parcial de exportaciones de carne o intervencionistas como los ajustes de un dígito en servicios privados (telecomunicaciones, medicina prepaga) y controles cruzados en productos de consumo masivo. En este caso, pese a la desactivación en junio del régimen de precios máximos, Comercio Interior sigue controlándolos a través de la plataforma digital Precios Claros y obliga a las cadenas de supermercados a no aceptar listas con aumentos que no hayan sido autorizados. Con este esquema, a varias empresas les resulta complicado plante arqueen el primer semestre los costos de insumos acumularon subas promedio de 42% en plásticos y envases; 32% en envases de vidrio; 35% en cartón corrugado; 157% en grasas animales; 45% en pallets de madera y 63% en film para empaque.
También el BCRA enfrenta un escenario más complicado en el arranque del segundo semestre. Ante el próximo fin de la temporada alta de liquidación de la cosecha y la mayor demanda de divisas en los meses previos a las elecciones, favorecida por el excedente de pesos, su prioridad ahora es contener la brecha cambiaria y reducir el uso de reservas para intervenir en el mercado del dólar CCL y restringir la demanda con topes semanales. Pero esta intención de controlar simultáneamente precios y cantidades no evitó que el dólar blue trepara a $179 y agregara más distorsiones y desconfianza.
De ahí que el mercado no descarta que el BCRA deba desprenderse de reservas y a comienzos de 2022 sea inevitable acelerar la devaluación del peso para licuar el exceso de gasto y emisión. Que este ajuste cambiario sea ordenado o no, dependerá del acuerdo con el FMI, que el propio Martín Guzmán –en un reportaje en El Cronista– consideró que en caso de no lograrse crearía una situación “muy desestabilizante”.