Cómo es el plan que permitirá contar años de aportes por los hijos para poder jubilarse
Según el caso, se computarán uno, dos o tres años como contribuidos; el programa, anunciado tras un ajuste aplicado por el Gobierno sobre el gasto previsional, está dirigido a mujeres de 60 años y más; cuáles son las moratorias actualmente vigentes
A partir de agosto, las mujeres que tengan 60 años de edad o más y no puedan acceder a la jubilación por falta de aportes, ni siquiera adhiriendo a un plan de moratoria, tendrán la posibilidad de contar años de aportes por sus hijos para llegar, de esa manera, a cumplir con el requisito de tres décadas con contribuciones. Antes de la puesta en marcha del programa, anunciado el martes último por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, se emitirá un decreto de necesidad y urgencia, ya que las condiciones para percibir una prestación jubilatoria están fijadas por ley (pese a lo cual, se decidió no llevar el tema al Congreso). Según funcionarios del Gobierno, unas 155.000 mujeres podrían adherir en el corto plazo a este beneficio.
El programa, llamado “de reconocimiento de períodos de aportes por tareas de cuidado”, permitirá que se contabilice como aportado un año por cada hijo, como regla general, y dos años por cada hijo que haya sido adoptado siendo menor de edad, “porque se reconoce el especial compromiso que significa la adopción como forma de proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia”, según expresa un informe de la Anses. También se prevé otorgar un reconocimiento mayor en el caso de hijos con discapacidad o por los que se haya cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) al menos por 12 meses. En el primer caso se sumará un año adicional y, en el segundo, dos años adicionales al establecido en la regla general.
El plan fue lanzado por el Gobierno luego de un año y medio en el que la decisión política fue aplicar un ajuste fiscal que afectó a las jubilaciones y pensiones, con subas de haberes por debajo de la inflación (se dieron bonos compensatorios para una parte de los jubilados, en un reconocimiento de esa realidad), y con una muy fuerte reducción del número de nuevos jubilados. El promedio mensual de altas de jubilaciones entre enero de 2020 y marzo de 2021 (10.300 casos) fue menos de la mitad del número registrado en los 36 meses previos (20.700).
El escrito de la Anses afirma que “los datos estadísticos y administrativos evidencian que, a partir del nacimiento del primer hijo/a, y con más claridad a medida que se incorporan más nacimientos, es menor la densidad de aportes” de las mujeres, por lo que se busca reparar la situación y reconocer el tiempo dedicado a los hijos.
Actualmente, del total de jubilaciones de la Anses, el 65% requirió de una moratoria por aportes no hechos, según datos de la Secretaría de Seguridad Social correspondientes a marzo último. Entre las pensiones, la incidencia de estos planes es mucho menor, del 13%. En total, hay 3,26 millones de jubilaciones con moratoria y 1,76 millones, sin ella.
De las altas de jubilaciones otorgadas desde 2017, la tasa de las que son con moratoria se mantiene en un valor de entre el 50 y 60%, aproximadamente. En años anteriores llegó a ser más alta; en 2015, por ejemplo, llegó a 88%, por una flexibilización de las condiciones de los planes. El dato habla de los graves problemas de informalidad y fragilidad del mercado laboral, para los cuales no se discuten, desde la política, soluciones de fondo.
Las moratorias vigentes
¿Cuáles son los planes vigentes? Está, por un lado, la moratoria de la ley 24.476, por la que pueden declararse aportes hasta septiembre de 1993 y siempre que se haya tenido al menos 18 años al inicio del período informado. La limitación para ingresar va siendo mayor con el paso del tiempo. La ley 26.970, en tanto, les permite a las mujeres de 60 años o que cumplen esa edad hasta el 23 de julio de 2022, declarar deudas por períodos hasta diciembre de 2003; los varones acceden solo si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.
Ingresar a una moratoria implica declararle al fisco una deuda por aportes, para saldarla usando un plan especial, con cuotas que se descuentan de los haberes. El mecanismo implica un parche y no una solución de fondo, en una Argentina con una profunda y persistente problemática laboral. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cuarto trimestre de 2020 más de la mitad de los ocupados (asalariados e independientes) está en la informalidad. Además, muchas personas que cuentan con aportes están en sistemas subsidiados en materia previsional, como el del monotributo o el de servicio doméstico.
Con un amplio abanico de cuestiones a resolver para que el sistema sea sostenible, lo cierto es que ni cuando se lanzó la posibilidad de jubilarse por moratoria, hace más de una década y media, ni cuando el plan se amplió, hubo una evaluación del impacto que ello tendría en las cuentas fiscales, ni una previsión de medidas especiales para el financiamiento.
En 2016 fue creada por ley la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, con la que se buscó reemplazar las moratorias. Acceden a esa prestación las personas de 65 años y más que no tienen los aportes necesarios para la jubilación. Uno de los aspectos que se le cuestionan es que, según su diseño, le reconoce el mismo ingreso a quien no tuvo ningún aporte y a quien contribuyó, por ejemplo, durante 20 años. El régimen previsional general tampoco contempla beneficios proporcionales para los casos en los que hubo aportes, pero no en la cantidad que resulta exigida.