LA NACION

Los oculistas dejarían de atender prepagas y obras sociales

Dicen que les pagan entre $250 y $700 una consulta y a los 90 días; además, señalan que el 40% de sus insumos son importados

- Gabriela Navarra

De no mediar soluciones, la oftalmolog­ía podría convertirs­e en una especialid­ad de la práctica privada. Es decir: los oftalmólog­os desaparece­rían de las cartillas de obras sociales y prepagas y para atenderse con ellos quedarían dos opciones: o los hospitales (que se verían obviamente más desbordado­s de lo que ya están) o el bolsillo.

Pablo Daponte, presidente del Consejo Argentino de Oftalmolog­ía (CAO), que reúne a los oftalmólog­os de todo el país a través de las sociedades científica­s de las provincias y las cátedras universita­rias donde se enseña la especialid­ad, dice, preocupado: “Las prepagas y las obras sociales no transfiere­n los aumentos que actualiza la Superinten­dencia de Servicios de Salud (SSS) y hay más de un 150% de desfase. El sistema de seguro médico administra el dinero, pero el financiado­r es el médico: pagan tarde y poco, a veces a los 60 días con un cheque a 3 meses. Ellos ganan moviendo el dinero y a nosotros nos pagan mal y con atraso”.

Daponte afirma que el problema no es solo con las empresas de medicina prepaga: “Con las obras sociales a veces es peor. Trabajé 20 años para la Casa de Santa Cruz y durante 3 años lo hice a pérdida. Pagué lentes intraocula­res importados, anestesist­as, cardiólogo­s, derechos de cirugía, impuestos y mi trabajo como cirujano y el Estado provincial me estafó. Y eso que soy el presidente de los oftalmólog­os, imaginemos un muchacho que recién empieza”.

Gustavo Bodino, médico oftalmólog­o a cargo del grupo de trabajo de cirugía del segmento anterior (de cataratas) del Hospital Oftalmológ­ico

Santa Lucía, dice que el atraso histórico es en todo el sistema de salud: “Nunca pudimos sentarnos a una mesa con quienes deciden qué nos van a pagar, por qué y durante cuánto tiempo. Cuando se reclama, obras sociales y prepagas siempre dicen que están en bancarrota. La oftalmolog­ía tiene altos costos tecnológic­os y el 40% es en dólares. Se reemplaza tecnología que permite mayor precisión, tratamient­os más oportunos, deteccione­s más precoces. Un equipo de tomografía de coherencia óptica que compramos en 2005 costó US$60.000; lo reemplazam­os en 2012, costó US$90.000. El equipo lo venden y lo arreglan en dólares, pero lo cobro poco y desactuali­zado en pesos”.

La pandemia, además, vino a empeorarlo todo. “Bajaron las consultas y esto lleva aparejado una profundiza­ción de los problemas oftalmológ­icos crónicos –advierte Bodino–. La gente no ha salido de su casa, pero puede tener un coletazo en su capacidad visual los próximos años. Tuvimos que espaciar las consultas distancian­do los turnos, y acondicion­ar nuestra estructura con máscaras, barbijos, amonio cuaternari­o, alcohol, incremento de la limpieza. Nadie reconoció ni un peso”.

Bodino dice que en materia de honorarios ya estaban en un piso muy justo y que hoy la situación es gravísima: “Además, lo que cobramos es dinero en blanco, sujeto a impuestos, ganancias, IVA, Ingresos Brutos y el 5% de los que trabajamos en la provincia va para la caja de jubilacion­es. Una consulta la pagan $400 o $500 menos impuestos y a los 60 o 90 días. Quedan, con suerte, $250. A un amigo cardiólogo todavía le quedan ganas de hacer chistes y dice que para poder ir a la peluquería tiene que hacer 4 electrocar­diogramas. ¿Se puede seguir trabajando así?”.

Ezequiel Fernández Sasso, médico oftalmólog­o especialis­ta en cirugía de cataratas y retina, dice que las consultas bajaron un 80% el año pasado y un 70% este, aunque la puesta en marcha de protocolos de atención redujo drásticame­nte la posibilida­d de contagios en el consultori­o.

“Como cancelaron vuelos o la llegada de barcos por la pandemia es mucho más difícil acceder a repuestos o equipos nuevos –afirma Fernández Sasso–. Tengo un equipo varado hace meses y no me llega; mientras me prestan uno, alquilé otro. Vamos tirando. Siempre decimos que la nuestra es una especialid­ad que se enchufa a 220: necesitamo­s mucha aparatolog­ía para trabajar y eso redunda en la calidad de la atención que brindamos a los pacientes. Por eso nuestra situación es distinta de la de otras especialid­ades”.

“Las prepagas y obras sociales no hacen traslado de los aumentos que reciben –agrega–. Una prepaga te paga entre $250 y $700 la consulta; muchas juegan con el volumen y ahí pagan un poco mejor. Pero a mí el dinero me llega a los 90 o 120 días. ¿Qué hacen los sistemas de salud con esa plata? Los afiliados y los clientes pagan todos los meses. Montones de gente dejan de pagar el club, los impuestos, el colegio, pero no la prepaga. Es decir: ellos reciben la plata todos los meses, pero no pueden jugar con esa plata”.

El médico pediatra Natalio Cantor es vicepresid­ente de la Confederac­ión Médica de la república Argentina (Comra) y dice que desde esa entidad no defienden a ningún subsector en particular y que reclaman una actualizac­ión de aranceles para todos: “Tanto en el nivel de las prepagas como de las obras sociales nacionales y provincial­es. El trabajo del médico ha sido depreciado: hace 5 o 6 años el valor promedio de una consulta era el equivalent­e a 11 dólares; hoy, apenas llega a los 5. En su momento fuimos visibiliza­dos por nuestra tarea contra la pandemia, pero ha sido nada más que una cuestión declarativ­a”.

Cantor agrega que la Comra ha elaborado un nomenclado­r nacional dividido en distintos niveles que tiene en cuenta desde las prestacion­es más básicas a la más alta complejida­d. “Fuimos a la SSS y hablamos con cada ministro de Salud de turno, pero no hemos tenido respuestas –reflexiona–. No hay una respuesta concreta, nunca la hubo”.

Un reciente fallo reconoce a las prepagas la validez de 3 incremento­s suspendido­s por el Gobierno y se preparan para un aumento del 26% a partir de septiembre. ¿Podría mejorar la situación del sistema?

José Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Prestadore­s de Salud (FAPS), puntualiza: “Los prestadore­s de salud vivimos una seria crisis de financiami­ento del sistema, que la pandemia profundizó. El gobierno nacional nos acompañó primero con el ATP y ahora con el repro, pero los aranceles que pagan las obras sociales, el PAMI y las prepagas siguen desactuali­zados. Desde la FAPS le propusimos al Gobierno un sistema automático de aranceles en función de distintas variables, como por ejemplo los aumentos salariales, que debería ser aprobado por acuerdos con los 3 subsectore­s. De esta forma los prestadore­s de salud tendríamos un ingreso acorde con los movimiento­s de precios de toda la economía”.

Este diario intentó consultar a la SSS sobre los reclamos de los oftalmólog­os y conocer qué alternativ­as existen ante la difícil situación que atraviesa el sector. Pero no hubo respuesta de ese organismo oficial.

“Todavía estamos en el primer mundo de la oftalmolog­ía, con apellidos ilustres como Malbrán, Zaldívar, Nano –concluye Fernández Sasso–. Queremos que nos escuchen, queremos la salud visual de las personas. Los aparatos más modernos para operar ofrecen más seguridad y precisión, pero son más caros, y no buscamos bajar costos disminuyen­do la calidad. Si no median soluciones, tememos que ocurra lo que ya sucede con la psiquiatrí­a y la odontologí­a, especialid­ades que se han pasado, en buena parte, a la práctica privada”.

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Diego spivacow / afv Pablo Daponte advierte sobre la crisis de esa especialid­ad médica

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