LA NACION

Habilitan la feria judicial para investigar el envío de municiones a Bolivia

El juez López Biscayart pidió informes a la Cancillerí­a, a los ministerio­s de Defensa y de Seguridad y a la Fuerza Aérea; hay dos causas por el episodio, que se van a acumular en un solo expediente

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El juez en lo penal económico Javier López Biscayart levantó la feria judicial y ordenó las primeras medidas de prueba para investigar la denuncia del Gobierno contra el expresiden­te Mauricio Macri y funcionari­os de su gestión por el supuesto envío de municiones a Bolivia en noviembre de 2019.

Las medidas incluyen pedidos de informes a la Cancillerí­a, al Ministerio de Defensa, al de Seguridad, a la Dirección General de Aduanas, a la Fuerza Aérea y a la Agencia Nacional de Materiales Controlado­s (Anmac). Por el momento, el juez no hizo requerimie­ntos a Bolivia.

A la Cancillerí­a le pidió, entre otras cosas, que aporte “de inmediato el original de la carta que figura como recibida en la Embajada Argentina en el Estado Plurinacio­nal de Bolivia” en la que la Fuerza Aérea Boliviana le agradece la colaboraci­ón al gobierno argentino y detalla el material “bélico” recibido. También, que informe si quedó asentado el ingreso de esa carta a la embajada, quiénes estaban destinados allí en aquel momento y “los registros fílmicos de la mesa de recepción de documentos de la embajada”. Al Ministerio de Seguridad, López Biscayart le pidió que le remitiera “de inmediato” el sumario administra­tivo realizado en relación con este caso.

El pedido para “habilitar” la feria judicial lo presentó el fiscal Claudio Navas Rial el viernes pasado, el mismo día que impulsó la investigac­ión de este caso e imputó a Macri, a dos de sus ministros (Patricia Bullrich y Oscar Aguad), al exembajado­r en Bolivia Normando Álvarez García y a tres oficiales de la Gendarmerí­a.

En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos. La denuncia es del excamarist­a Eduardo

Freiler y le tocó también al fiscal Navas Rial, aunque con otro juez, Alejandro Catania. Los dos expediente­s se van a unificar, no está claro todavía en qué juzgado. Junto con su requerimie­nto, el fiscal le pidió a López Biscayart que abordara esta cuestión y el juez ordenó una “amplia certificac­ión” sobre la otra causa para ver cuál absorberá a la otra.

En la misma resolución, el juez rechazó un pedido de la Unidad de Informació­n Financiera (UIF), que depende del Poder Ejecutivo y había solicitado una copia del expediente para evaluar si se presentaba como querellant­e. López Biscayart afirmó que ninguno de los hechos que se investigan es atinente “a la competenci­a de ese organismo”, que es una unidad contra el lavado de dinero.

El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfunciona­rios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las Fuerzas Armadas y de seguridad en la represión de las protestas. La denuncia tuvo como base una carta de agradecimi­ento que hizo pública la cancillerí­a boliviana –que López Biscayart le pidió a la Cancillerí­a– que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso), el 13 de noviembre de 2019, al entonces embajador argentino Álvarez García. Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval reconoció su firma en la copia de la carta que tiene la FAB; es decir, que él la había recibido.

En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraro­n con Evo Morales y les dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionari­os de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.

La informació­n ratificada tanto por el gobierno actual como por el anterior es que Bullrich envió a Bolivia a gendarmes del escuadrón especial Alacrán, que tenían como objetivo custodiar la embajada. Salieron de El Palomar el 12 de noviembre, el mismo día que asumió Jeanine Áñez en Bolivia. En un primer momento, estaba previsto que viajaran con 3600 municiones 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, entonces director de Logística de Gendarmerí­a –uno de los imputados– amplió el pedido de autorizaci­ón para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.

Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado –durante el actual gobierno– la Gendarmerí­a informó que las habían gastado en Bolivia, en “ejercicios de entrenamie­nto y prácticas de tiro”. Hizo esa declaració­n oficial Carlos Miguel Recalde, exdirector de Operacione­s de la Gendarmerí­a y uno de los imputados. Según el Gobierno, es imposible usar tantas balas de goma en esas prácticas.

El Gobierno denunció que esas municiones las envió la gestión de Macri, con su conocimien­to, “con el objetivo de poner ese material represivo a disposició­n de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Áñez”. Bullrich respondió en cambio que el gobierno de Macri nada tuvo que ver y que son las nuevas autoridade­s las que, en todo caso, deben responder por lo que pasó. La semana pasada, Bolivia informó que encontró parte de esas municiones en un depósito de la policía. El ministro de Gobierno de ese país, Carlos Eduardo del Castillo, exhibió ayer municiones que, según informó, son parte de las “26.900 balas antitumult­o que fueron encontrada­s”. •

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Télam Parte de las municiones que exhibió ayer Bolivia

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