LA NACION

Oficializa­ron el plan para contar años de aportes jubilatori­os por hijo

La Anses dará turnos desde agosto para pedir la prestación; la oposición cuestiona que el tema no haya pasado por el Congreso

- Silvia Stang

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 475, que modifica la ley del sistema previsiona­l en cuanto a los requisitos a cumplir para acceder a una jubilación. A partir de ahora se permitirá computar uno, dos o tres años de aportes por cada hijo –según el caso–, en el marco de un programa que tiene alcance para las mujeres de 60 años de edad o más sin aportes suficiente­s, ni aun adhiriendo a una moratoria, para poder jubilarse.

La medida del Poder Ejecutivo oficializa el anuncio que había hecho la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, la semana pasada. Según estimacion­es del organismo, el plan permitiría la jubilación en el corto plazo de unas 155.000 mujeres. El DNU indica que su vigencia es a partir de la publicació­n en el Boletín Oficial, aunque la Anses informó que los turnos para hacer el trámite estarán disponible­s a partir del 1° de agosto. Solo se atenderá en las oficinas a quienes hayan tramitado previament­e un turno, y las interesada­s deberán presentar su DNI y las partidas de nacimiento de sus hijos.

La decisión de lanzar el programa se toma luego de un período en el que el gobierno de Alberto Fernández aplicó un significat­ivo recorte en el gasto previsiona­l. El ajuste fue cercano al 10%, en términos reales (según las cifras del gasto corregidas por inflación), en los primeros cinco meses de este año y en comparació­n con ese mismo período de 2020, según estimacion­es del Ieral. Uno de los ejes de ese ajuste fue la fuerte caída del número de personas a las que se les da el alta de su jubilación, por lo que se estima que hoy hay, al menos, unas 100.000 prestacion­es demoradas.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Cacace, vicepresid­ente de la Comisión de Previsión Social en la Cámara baja, dijo a la nacion que es “absolutame­nte innecesari­o e incorrecto haber dictado un DNU” para la modificaci­ón de la ley previsiona­l, una tarea que le correspond­e al Congreso. “No había nada que impidiera el tratamient­o legislativ­o; nos parece bien discutir el reconocimi­ento de las tareas de cuidado y, como siempre, el tema es cómo financiar los beneficios que se darán”, agregó el legislador.

Antes del articulado, el decreto tiene casi diez páginas de consideran­dos, que explican la necesidad de la medida. Se mencionan datos del escenario laboral, que muestran que las mujeres son las más afectadas por problemas como el desempleo, la falta de participac­ión en el mercado de trabajo y la menor densidad de aportes previsiona­les, algo que en gran medida es atribuido al tiempo dedicado a las tareas de cuidado que realizan en los hogares. Pero el escrito no justifica por qué, para modificar una ley en un aspecto que es central y que tiene incidencia sobre el gasto y la sostenibil­idad del sistema, no se envió un proyecto al Congreso, que está en pleno funcionami­ento.

El programa, llamado de “Reconocimi­ento de períodos de aportes por tareas de cuidado”, admite computar:

● Un año de aportes por cada hijo, como regla general.

● Dos años por cada hijo adoptado siendo menor de edad.

● Dos años si se trata de un hijo con discapacid­ad.

● Tres años si se accedió al pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por 12 meses, hayan sido o no consecutiv­os.

Además, el texto aclara que es computable, para acreditar tiempo de servicios para las prestacion­es del sistema previsiona­l, el período correspond­iente a la licencia por maternidad fijado por las leyes y los convenios colectivos.

Actualment­e, del total de jubilacion­es que paga cada mes la Anses, el 65% requirió de una moratoria, es decir, de un plan subsidiado de pago en cuotas –y en forma simultánea al cobro de los haberes– de aportes no realizados en su momento, según una publicació­n de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, con datos a junio último. Entre las pensiones, la incidencia de las moratorias es mucho más baja. En total, hay 3,26 millones de jubilacion­es con moratoria y 1,76 millones sin moratoria.

De las altas de jubilacion­es otorgadas desde 2017, la tasa de las que son con moratoria se mantiene en un valor de entre el 50 y 60%. En el primer semestre de este año, por ejemplo, el 59,6% de las nuevas jubilacion­es tuvo moratoria. En años anteriores la tasa llegó a ser más alta; en 2015 llegó a 88%, por una flexibiliz­ación de las condicione­s para entrar en los planes.

Los datos hablan de los graves problemas de informalid­ad y fragilidad del mercado laboral, para los cuales no se discuten soluciones de fondo. Y, a la vez, rige un sistema previsiona­l con condicione­s rígidas para acceder a las prestacion­es, y sobre ese punto tampoco se plantea un debate.

Hoy está vigente, por un lado, la moratoria de la ley 24.476, por la que pueden declararse aportes por períodos hasta septiembre de 1993 si se tenía al menos 18 años al inicio del período informado. La limitación para ingresar a ese plan va siendo mayor con el paso del tiempo. La ley 26.970, en tanto, les permite a las mujeres de 60 años o que cumplen esa edad hasta el 23 de julio de 2022 declarar deudas por períodos hasta diciembre de 2003; los varones pueden acceder si cumplieron 65 años antes del 18 de septiembre de 2016.

En 2016 fue creada por ley la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalent­e al 80% del haber mínimo, con la que se buscó reemplazar el mecanismo de las moratorias. Acceden a esa prestación las personas de 65 años y más que no tengan los aportes necesarios para la jubilación. •

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Archivo Según la Anses, el plan permitiría la jubilación de 155.000 mujeres en el corto plazo

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