A un año de la toma, siguen los reclamos en Guernica
Los desalojados piden que se cumpla con la entrega de lotes y servicios
“¿Era usted la que estaba sacando fotos?”, le pregunta un adolescente montado a caballo a Vilma Enríquez, dueña de 30 de las 100 hectáreas ocupadas hace un año en la toma de Guernica. “Sí”, contesta ella sin titubear, y explica: “Me viven amenazando; son los únicos que quedaron”. El resto de las familias fueron desalojadas en octubre pasado. Algunas de ellas, unas 700, le reclaman al gobernador Axel Kicillof que “cumpla las promesas” que hizo su administración y les otorgue un terreno. Ayer llevaron ese clamor al Obelisco porteño.
El adolescente volvió cabalgando hasta una esquina del predio donde queda la última casilla de la toma para informarle a su abuelo, llamado “don Río”, según relató Enríquez. “No puedo creer que la Justicia no haga nada con esta gente”, exclama la mujer, que ya los denunció en dos ocasiones. La policía a veces se acerca al predio ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, pero eso no parece importarle a este hombre, acusado de agresiones por la vecina.
Las familias ayer que se manifestaron en el Obelisco se unieron a una marcha del Polo Obrero. “Hace dos meses que ni hablamos”, afirmó Gastón, delegado vecinal de Guernica, en referencia a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que están a cargo del plan de relocalización prometido por el ministro Andrés Larroque.
“No vimos ni un terreno”, afirmó el delegado, en medio de los bombos que retumbaban a lo largo de la Plaza de la República. Recordó que les habían prometido que a los seis meses del final de la toma tendrían un lote adjudicado. De las 180 familias que apuntala el Polo Obrero, solo 80 recibieron subsidios, afirmaron los manifestantes.
Rosa, una mujer de 54 años que estuvo en la toma junto a su hijo Marcos, de 20, dijo: “Escuché que en cuatro meses tenemos los terrenos”. Sin embargo, advirtió que los funcionarios los “quieren meter en cualquier lado” y completó: “Necesitamos algo más porque perdimos todo. No tengo nada y no tengo trabajo. ¿Cómo hago?”. Hoy, Rosa vive en la casa de su hermana y percibe el sueldo de una cooperativa.
La promesa del gobierno bonaerense era otorgar 3000 lotes con servicios, de los cuales “todavía no llegó ninguno”, denunciaron los manifestantes. Las negociaciones fueron caso por caso y los “vecinos” –que ya habían dividido el predio en cuatro barrios– avanzaron con acuerdos firmados entre noviembre de 2020 y abril de este año, cuando las mesas de diálogo se interrumpieron por la segunda ola de la pandemia.
Aquellas familias que ya tenían algún terreno recibirían materiales, otras un lote o una preadjudicación junto a $30.000 que la mayoría cobró a los 30 días. El plazo acordado era de 180 días y, ya vencido, aún no hay noticias de los terrenos prometidos tras el desalojo que se concretó en octubre del año pasado en un operativo que encabezó el ministro de Seguridad, Sergio Berni.
Hoy, alrededor de 700 familias permanecen organizadas en tres asambleas: una de ellas está apoyada por el Polo Obrero y otra, por el Partido de los Trabajadores Socialistas. La tercera se denomina Coordinación de Delegados y Organizaciones de la Recuperación de tierras de Guernica.
Ante una consulta de la nacion, fuentes del ministerio comandado por Larroque dijeron que esperan avanzar en los próximos 15 días con la primera etapa de la preadjudicación, tras un acuerdo con un desarrollador inmobiliario que cedería 50 hectáreas en el municipio de Presidente Perón. “En el transcurso de agosto van a empezar las obras. Esta proyectada la apertura de calles y la instalación de infraestructura de servicios”, afirmaron.
Muy lejos de ese horizonte, en el enorme predio de Guernica todavía quedan rastros de la toma: pozos, alambres, materiales y zapatillas tiradas, según pudo constatar
la nacion. Vilma Enríquez, que lo camina todas las mañanas desde hace 40 años, señala todos los árboles que cortaron y denuncia que le robaron cerca de 30 animales durante los más de tres meses que duró la ocupación. “Yo valorizo esto y lo cuido mucho porque siempre vivimos acá”, enfatiza.
Enríquez, de 58 años, relató que sufre amenazas constantes por parte del único hombre que permanece en el terreno. Dice que está armado y suele molestar a su hijo mientras trabaja. Hace ocho años, fue su marido, Alberto, quien le permitió usar el campo para sus caballos. Siempre vivió del otro lado del alambre, pero con la toma “aprovechó y comenzó a construir adentro”, afirma. “Se aprovechan porque saben que estoy sola. ¿Por qué no lo hicieron cuando mi marido estaba bien?”, masculla Enríquez. Hace dos años que su marido está enfermo y con la pandemia dejó de recorrer el predio.
La mujer afirma que tuvo que salir al cruce de un grupo de personas que mostraban el terreno, ya dividido con un agrimensor, para venderlo. Que su hijo fue herido en la toma. La enumeración de padecimientos no tiene fin. “Parece que vivimos en una guerra, hicieron mucho daño. Nunca tuvimos problema con nadie y nunca molestamos a nadie, es muy injusto”, se lamenta.
Pese a todo, Enríquez destaca la gestión de Larroque y dice que todavía recibe ayuda del ministerio. Cuenta que en el barrio están construyendo cerca de 60 casas. Frente a la suya, de hecho, están por terminar una: la ocupará una de las familias que participaron en la toma.